El informe alerta de la invasión de competencias municipales

Rechaza que la Generalitat pueda establecer el silencio administrativo positivo en el otorgamiento de licencias

J. S. VALENCIA.

El anteproyecto de reforma de la Lotup regula la posibilidad de forzar a un promotor a que inicie la edificación de un solar o una vivienda. Recoge que si el ayuntamiento «no incoa el expediente de declaración de incumplimiento del deber de edificar o rehabilitar» o lo paraliza, el particular que ha pedido el inicio del trámite podrá solicitar a la administración autonómica que lo haga en su lugar.

El Jurídic recuerda, en este sentido, una sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la asunción de competencias locales por parte de la administración autonómica. El dictamen del CJC considera que en este caso no queda «debidamente justificada» la apropiación de la jurisdicción municipal. Ante ello, insta a la Generalitat a modificar la redacción del anteproyecto de la ley de ordenación territorial en este punto.

El informe del Consell Jurídic Consultiu cuestiona la implantación que hace la Generalitat del silencio administrativo positivo para el otorgamiento de licencias para, entre otros aspectos, «la ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo». Así, establece que «atendido a que dichas obras de nueva planta pueden afectar al subsuelo, no cabe establecer el silencio positivo».

Además, el Consell Jurídic Consultiu advierte de que la actual redacción del anteproyecto está modificando otras leyes. Se refiere a la disposición adicional octava que reforma el artículo 68 de la ley 8/2004 de la Vivienda. El dictamen apunta que «tal modificación, aparte de escaparse del fin de la norma proyectada -que es únicamente la modificación de la Ley 5/2014- debería estar incluida en la parte final de la parte dispositiva, y no en el Anexo». Puntualiza también que en el caso del que se trata no concurren ninguna de las circunstancias que establecen esta posibilidad.

Otros aspectos que pueden cuestionar la legalidad, según el informe del CJC, se refieren a la eliminación de trámites de información pública en cuanto pueden vulnerar derechos: «la legislación (...) tiene que garantizar, por imperativo legal, la participación de todos los ciudadanos». También especifica que se debe puntualizar que las cesiones de suelo deben ir al «patrimonio público del suelo» de la Generalitat.

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