La huelga de profesores asociados deja a 12.000 alumnos sin clase

Profesores asociados y alumnos se concentran en el campus de Tarongers durante la primera jornada de huelga. / irene marsilla
Profesores asociados y alumnos se concentran en el campus de Tarongers durante la primera jornada de huelga. / irene marsilla

Marzà culpa al Gobierno de la «precarización» de los docentes y asegura que trabaja en una solución «conjunta» con las universidades

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

El primer día de huelga de profesorado asociado de la Universitat de València dejó a unos 12.000 estudiantes sin clase. Así se desprende del balance realizado ayer por la asamblea que ha impulsado el paro, que precisó que el mayor impacto se dio por la tarde, cuando suele concentrarse buena parte de la docencia del colectivo. Añadieron también que en el campus de Ontinyent el seguimiento fue prácticamente del 100% por la elevada presencia de asociados. Desde la Universitat no se facilitaron datos oficiales. Hoy, que se celebra Consejo de Gobierno, se conocerá su pronunciamiento sobre la convocatoria.

Durante la mañana se organizaron dos concentraciones en la ciudad. La primera tuvo lugar en la Universitat Politècnica en solidaridad con sus compañeros y la segunda en el campus de Tarongers de la Universitat de València, que contó también con el apoyo del alumnado.

Según la Asamblea de PDI Asociado, llegan a ser el 31% de la plantilla y asumen hasta el 75% de la docencia en algunos grados. La huelga lleva como lema principal 'A igual trabajo igual salario', y denuncian que en los últimos años la Universitat ha recurrido a esta figura docente, reservada para expertos de un sector laboral, como «mano de obra barata», pues aseguran que cada hora de clase le sale a la institución a unos cinco euros, la mitad que la de un titular. La entidad considera que se ha abusado del colectivo para contrarrestar las limitaciones de contratación de personal impuestas por la administración, y critica que llevan tres años pidiendo una solución para mejorar su situación que ni el rectorado ni la Conselleria de Educación han querido abordar.

La convocatoria es revisable. Como dijo ayer Vicent Monroig, miembro de la asamblea, esperan «una llamada que muestre disponibilidad a negociar». «Nos hemos reunido con dos candidaturas y el jueves lo haremos con la otra, y aunque haya voces que digan que es mejor esperar a abril (una vez nombrado el nuevo rector) no creemos que ahora exista vacío de poder», dijo, en referencia a la postura de Mavi Mestre, que prometió trabajar «desde el primer día» por la búsqueda de una salida en caso de ser elegida rectora aunque cuestionó la oportunidad de la huelga por la situación de «interinidad» del equipo de dirección y por la afección al alumnado.

Monroig también destacó que la conselleria «tiene mucho que decir». A su juicio, es necesario que se impulse alguna figura específica homologable a los interinos o de contratado ayudante «que permita a los asociados iniciar una carrera docente». Además, más allá de la mejora salarial que evite la precariedad, puso énfasis en las «medidas sociales» que reivindican, como evitar contratos renovables año a año, facilidades para la investigación o la acreditación para promocionar o reducciones de docencia en las mismas condiciones que otros profesores. Para la asamblea, el rectorado tiene margen para abordarlas.

La convocatoria

En cuanto a la duración, más allá de los pasos de las partes, los servicios mínimos previstos se prolongan hasta el 13 de febrero. Eso sí, la convocatoria, que se concretó tras una votación en la que participó algo más del 10% de los 1.300 asociados, deja claro que el paro es indefinido.

En el debate también terció el conseller de Educación, Vicent Marzà, quien instó al Gobierno a «acabar con las tasas de reposición» que están provocando el «atasco» de las universidades, ya que «no dejan que tengan su crecimiento normal ni puedan atender a situaciones laborales dignas para el profesorado».

Marzà se pronunció en estos términos tras ser preguntado por la huelga. Dijo que la Generalitat quiere que las condiciones de los docentes sean buenas y afirmó que se trabaja conjuntamente con las instituciones «para mejorar los espacios de contratación a nivel autonómico» y para que el conjunto del profesorado «pueda tener unas mejores condiciones». «Estamos intentando llegar a un punto común entre todos y hacer posible que las barreras que nos marca el Gobierno desaparezcan», añadió, pues son «totalmente» injustas y «precarizan un trabajo que no debería ser precario».

Más

Fotos

Vídeos