El Hospital General de Valencia cerró 2016 con facturas en los cajones por 19 millones

La consellera de Sanidad y presidenta del consejo de gobierno del consorcio, Carmen Montón. / J. Signes
La consellera de Sanidad y presidenta del consejo de gobierno del consorcio, Carmen Montón. / J. Signes

La cuenta general revela que una tercera parte del presupuesto destinado para el plan de choque se quedó pendiente de ejecutar

F. M. Valencia

La gestión del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia amenaza con convertirse en uno de los más serios dolores de cabeza para la onsellera de Sanidad, que además es quien preside su consejo de Gobierno. El informe de la Intervención de la Generalitat sobre la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016 recoge que el citado órgano cerró ese ejercicio con un total de 19 millones de euros en la cuenta 409, la denominación contable que recibe las populares 'facturas en los cajones', es decir, gastos realizados pero sin cobertura presupuestaria.

El dato de la cuenta 409 figura, de hecho, en el documento de 'cuentas anuales' que facilita el propio Consorcio. Los 19 millones de 'acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' provienen principalmente del suministro de productos farmacéuticos (5,4 millones), del de material sanitario consumo y reposición (3,6 millones), del suministro material sanitario, endoprótesis (2,8 millones) y de los conciertos con servicios hemodiálisis (1,5 millones).

El mismo informe anota, unas páginas más adelante, lo que debería de hacer referencia a la buena marcha del plan de choque contra las listas de espera. En el ejercicio de 2016, se detalla, la conselleria de Sanidad destinó 1.777.113 euros al Consorcio Hospital General. Sin embargo, las cuentas del citado organismo revelan que prácticamente una tercera parte de esa cantidad, 580.576 euros, se quedaron sin ejecutar.

La llegada del tripartito del Botánico a las principales instituciones valencianas -así lo recoge el pacto firmado con este nombre- iba a traer, se dijo en su día, una decidida apuesta por los principios de igualdad y concurrencia, desterrando ese tipo de prácticas basadas en la adjudicación directa, tan criticadas por la oposición durante la pasada legislatura. Tal y como ya informó este diario hace unas semanas, el informe de la Intervención detecta hasta catorce contrataciones realizadas por el Consorcio del Hospital General que «vulneran los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad, establecidos en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público».

Ese recurso a la adjudicación directa fue el mayoritario en la adjudicación de contratos de obras. De los 801.327 euros gastados, 479.493 lo fueron por adjudicación directa, es decir, sin concurso.

En cuanto a los pagos, de los 159 millones de euros abonados por el consorcio, un total de 125 se llevaron a cabo incumpliendo el plazo máximo legal, por lo que generaron intereses.

Tarjeta roja por las flores

El informe de auditoría operativa, hecho público también por la Intervención de la Generalitat, detalla en uno de sus apartados que la revisión de las distintas partidas de gasto y la tramitación de expedientes ha sido correcta y respetuosa con la legalidad «con excepción de la compra del ornamento floral». Y añade: «Entendemos que, en este caso, no queda suficientemente justificada la necesidad del gasto y su adecuación a los fines sociales de la entidad».

El contrapunto de esa pretendida transparencia anunciada desde el Botánico sería, obviamente, la ocultación de información. Y algo de eso detecta el informe de cumplimiento del citado Consorcio, hasta el punto de llegar a señalar que «no se ha podido verificar si el personal directivo ha aceptado o no regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas», en contra de lo que sostiene el Código de Buen Gobierno aprobado por el Ejecutivo valenciano.

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