Guerra al apartamento clandestino en la Comunitat Valenciana

Un grupo de jóvenes visitantes, con sus maletas, toman bocadillos en el centro de Valencia./Damián Torres
Un grupo de jóvenes visitantes, con sus maletas, toman bocadillos en el centro de Valencia. / Damián Torres

Hacienda vigila a unos 2.600 propietarios de alojamientos para evitar fraudes mientras Turismo inspecciona más de 5.000 inmuebles en sólo un mes

DANIEL GUINDO y JUAN ANTONIO MARRAHÍValencia

De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria usted ha realizado anuncios de alquiler de inmuebles en medios publicitarios, incluido internet. Le recordamos que, en caso de haber percibido rentas por alquiler, deben incluirse en la declaración». Advertencias como estas fueron enviadas el año pasado por Hacienda a 2.600 propietarios de la Comunitat Valenciana para evitar fraudes y el desarrollo de una economía sumergida vinculada al alquiler de pisos o chalés por días que se anuncian en importantes portales de internet. En España son unos 21.500 los contribuyentes identificados y, por tanto, en el punto de mira de las autoridades fiscales estatales por esta actividad entre particulares relacionada con el turismo y que no siempre repercute en las arcas públicas.

Estas advertencias se enmarcan en la guerra declarada a los alojamientos turísticos clandestinos en la Comunitat, batalla que está liderando especialmente la Agencia Valenciana de Turismo que, sólo durante el pasado mes de julio, llevó a cabo más de 5.200 inspecciones para lograr que afloren los apartamentos no reglados.

«Llevo seis años alquilando alojamientos sin ningún problema con los vecinos»

Fernando Corral es el propietario de cinco inmuebles en un edificio de la calle Dénia del valenciano barrio de Ruzafa. «Llevo seis años alquilando estos apartamentos y con los vecinos no he tenido ni un problema y, si ha habido alguna queja puntual, se ha corregido al día siguiente», describe. Además, para compensar el tráfico de gente (normalmente se alquilan a turistas durante cortos espacios de tiempo) «periódicamente pinto la escalera y el patio». De esta forma, tratando que los residentes del resto de inmueble no sufran molestias por parte de los inquilinos y compensando el trasiego de usuarios, este propietario desarrolla esta actividad turística.

Además, según añade, este tipo de alquiler turístico «se puede hacer de dos maneras, de forma legalizada, registrada y regulada, como lo hago yo, o en plan pirata». La primera, argumenta, hace que se ofrezcan una estándares de calidad y se haga frente a todas las obligaciones tributarias, mientras que la segunda no garantiza un servicio adecuado al inquilino.

En esta línea se muestra también José Benavent, presidente de la Asociación Empresarial de Apartamentos Turísticos de la Comunitat (Apartval). «Los alojamientos inscritos en el registro presentan un estándar mínimo de calidad y una serie de dotaciones, como libro de reclamaciones, que los apartamentos no reglados pueden perfectamente no cumplir». Asimismo, resalta que el turista de este tipo de oferta de alojamiento regularizada es de un nivel medio/alto que compra en el barrio y come en restaurantes, «por lo que hace mucho bien a estas zonas».

Por contra, la oferta no reglada, además de significar una competencia desleal para el sector empresarial, «la persona que lo comercializa perfectamente puede no declararlo y no pagar las correspondientes tasas e impuestos, por lo que existe la posibilidad de que pueda defraudar».

Benavent reconoce que en los dos o tres últimos años ha habido una «explosión» tanto de apartamentos reglados como clandestinos y se ha generado una «burbuja» en algunas zonas de la ciudad, como El Carmen o Ruzafa, que concentran la mayor oferta de alojamientos sin regularizar.

Una cruzada que adquiere especial relevancia esta semana en la que el Ayuntamiento de Valencia se ha propuesto limitar los apartamentos turísticos en la capital, tras detectar 2.429 ilegales, por lo que se pretende negociar con las plataformas de internet un límite máximo de días en los que se puedan ofertar e, incluso, generar una tasa. El objetivo es evitar la masificación, dar protección al residente (ante los problemas de ruidos y molestias que genera en ocasiones ese perfil de visitante), luchar contra la economía sumergida y proteger a las empresas que ofertan alojamiento de forma legal, como resumió la concejal de Turismo, Sandra Gómez. Paralelamente, han comenzado a surgir grupos radicales antiturísticos vinculados con el independentismo que organizan altercados (en Barcelona, Palma de Mallorca o San Sebastián) que amenazan con extenderse a Valencia (ya ocuparon un apartamento en el centro), situación a la que Gómez replicó rápidamente: «aquí no sois bienvenidos».

Frente a estos nuevos movimientos, tanto para erradicar la clandestinidad como para evitar episodios de turismofobia, las administraciones están tomando cartas en el asunto. Por una parte, hace ya varios años, la Agencia Tributaria planteaba la actividad de control de los alquileres opacos desde una doble vertiente. Los inspectores acudían a determinados inmuebles para preguntar a la persona que abría la puerta, al portero o a los vecinos. La información recabada se contrastaba con los datos declarados por el contribuyente y por terceros en relación con ese propietario en cuestión.

La Agencia Valenciana de Turismo consigue que afloren 1.675 pisos clandestinos en un mes

En una fase más reciente, la vigilancia se complementó «con más y mejor información recibida de terceros, por ejemplo el recibo de la luz». A ello se sumó un incipiente análisis, todavía manual, de las ofertas en internet de alquileres a través de plataformas de intermediación, inmobiliarias o anuncios. «Los funcionarios hacían una labor caso a caso, pero no existía sistematización de la información para un tratamiento más global y extensivo», describen fuentes de Hacienda.

En los últimos años, en el marco de un plan especial de control del comercio electrónico, a estos procedimientos se suman herramientas informáticas desarrolladas por la propia agencia que permiten ordenar y sistematizar la información en internet. El inspector tiene una visión más completa y perfeccionada. De ahí se derivan las comprobaciones sobre alquileres ofertados por internet que se realizan sobre ejercicios fiscales pasados y también en los datos fiscales remitidos a los contribuyentes en las campañas de la Renta.

«El objeto es informar de que tenemos conocimiento de que se pueden dar las circunstancias para que, en relación con el año anterior, el contribuyente declare determinados rendimientos por alquileres», añaden las mismas fuentes. «Estos avisos no condicionan las comprobaciones que se puedan estar realizando sobre ese mismo contribuyente u otros en relación con años anteriores que, obviamente, ya no están en periodo voluntario de pago».

Las policías locales de varios municipios colaborarán para ampliar las inspecciones

Por su parte, la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) lleva también varios años realizando inspecciones para que afloren los alojamientos clandestinos, es decir, los inmuebles en alquiler enfocados a los turistas que no están debidamente reglados ni inscritos en el correspondiente registro. Estas inspecciones, que desarrollan técnicos del los servicios territoriales de Turismo adscritos a la agencia y acompañados por la policía autonómica nacional, se vienen intensificando y han experimentado su punto álgido este pasado mes de julio, con 5.250. Estas actuaciones han propiciado que hayan aflorado sólo este mes 1.675 alojamientos no reglados. En total, este año son casi 10.000 los apartamentos clandestinos que han salido a la luz y se han legalizado y, desde 2014, la cifra se eleva a más de 30.000. La tipología de las actuaciones en julio ha ido desde inspecciones presenciales a búsquedas en portales y webs de inmobiliarias que ofertan alquiler de viviendas turísticas, así como la comprobación de las reclamaciones de usuarios, indicaron desde la AVT. Ante estos resultados, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, remarcó que «la lucha contra el intrusismo y la oferta no reglada es una de nuestras prioridades fundamentales, por ello en 2017 y en especial durante este verano, estamos impulsando el trabajo para supervisar, controlar y verificar el cumplimiento de la normativa turística y el correcto funcionamiento de las actividades y servicios en esta materia conforme a la normativa turística».

Asimismo, Colomer recordó que la agencia ha iniciado acuerdos de colaboración con algunos municipios valencianos para sumar a la Policía Local a estas actuaciones contra el intrusismo. En concreto, la ciudad de Gandia ha sido la primera en firmar un protocolo de actuación conjunta, pero está previsto que este acuerdo piloto se alcance también con otros municipios como Castellón, Valencia, Alicante, Peñíscola o Alfás del Pi. También apuntó que la AVT trabaja en la puesta en marcha inmediata de una aplicación web que permitirá realizar el registro de viviendas turísticas a través de cualquier dispositivo móvil, de forma que no sea necesario que los propietarios se desplacen hasta los servicios territoriales para dar de alta un inmueble.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat (CET-CV) y de la Federación Hotelera, Luis Martí, puso el acento en que las críticas y las quejas vecinales se centran en las viviendas de uso turístico no reglado. «Los apartamentos, siempre que cumplan con la legalidad, bienvenido sean», precisó.

En esta línea, explicó que las viviendas que no cumplen la normativa turística probablemente tampoco respeten a rajatabla los aspectos de seguridad, sanidad, y fiscalidad, por lo que «no pagan impuestos y generan empleo sumergido», además de «una bolsa de fraude y competencia desleal que provoca una bajada de precios».

Asimismo, calcula que en la Comunitat, el 25% de la oferta de alojamiento turístico existente es no reglada, por lo que reclama, especialmente a la Administración Central, que además de las acciones de la Agencia Tributaria, realice reformas legislativas en el ámbito de los arrendamientos urbanos para poner coto a estas prácticas, porque «la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia sí están impulsando acciones».

La pareja, harta de no poder hacer vida normal, se traslada.
La pareja, harta de no poder hacer vida normal, se traslada. / J.M.

«Hemos llegado a ver prostitutas en los apartamentos de turistas»

Clara Pérez y Carlos Hernández, una pareja de alquilados en la calle de Sénia, número 5, se traslada después de cuatro años, debido a la imposibilidad de seguir viviendo en una zona plagada de turistas que generalmente practican el turismo sexual y de alcohol. Respecto a esta situación, Carlos comenta que «ha llegado a un punto en el que por nuestra salud, para evitar el estrés y tener que venir a casa todos los días de mala leche, mejor nos vamos».

Ante la cada vez mayor influencia de turistas jóvenes alojados en apartamentos céntricos de la ciudad, Carlos alega que «no podemos seguir viviendo aquí, fiesta tras fiesta», con «jóvenes extranjeros que no tienen respeto por la ciudad ni por los vecinos», añade Clara.

Música alta, fiestas y botellones son algunos de los altercados a los que tienen que hacer frente cada verano, a altas horas de la madrugada, sin poder dormir, Carlos y Clara. Según la joven pareja, que esta semana empaquetaba sus pertenencias para trasladarse de nuevo con sus padres, a la espera de un nuevo alojamiento alejado del barrio, «los dueños de los pisos arrendados no tienen en cuenta a las personas que viven en la zona», pared con pared, que pueden verse afectados por el ritmo de vida de los turistas que llegan a la ciudad.

Esta coyuntura se remite como apuntan los protagonistas hace cuatro años. En 2015, LAS PROVINCIAS ya anunció cómo un turista se quedó durmiendo desnudo en el tejado de una de las estancias de la planta baja del inmueble, ante la sorpresa de los vecinos que vieron de buena mañana el dantesco panorama. Frente a ello, Carlos y Clara consideran que las advertencias de la Policía son «insuficientes», ya que una vez se marchan, los turistas alquilados «continúan con la fiesta». La multitud de demandas es infinita, como asegura la pareja, aunque la gran mayoría no prospera.

«Alquilan los pisos a 24 euros la noche. Por lo que entre cuatro chavales que les ha costado diez duros venir a Valencia, y se lo gastan todo lo que les sobra en alcohol, te puedes imaginar el tipo de turismo por el que está apostando la ciudad», explicaba Carlos con indignación.

Con vistas al futuro, la joven pareja asegura que si continua esta tendencia, «el barrio terminará desapareciendo y se convertirá en un parque temático». Esto también se observa en los alrededores de la zona, como los bares, que enfocan sus precios en los turistas y por tanto, encarecen negativamente el precio de los productos para los vecinos. «Hemos llegado a presenciar un prostíbulo enfrente de casa».

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