El Gobierno frena el aumento de sueldo al personal de las universidades

Universitarios valencianos, durante un examen. / jesús montañana
Universitarios valencianos, durante un examen. / jesús montañana

El Ejecutivo considera que la partida de 18 millones incluida en los presupuestos de la Generalitat invade competencias del Estado

J. S. VALENCIA.

Nuevo encontronazo entre el Gobierno y el Consell de Ximo Puig. Hace apenas una semana se anunciaba la convocatoria de una comisión bilateral para estudiar la posible usurpación de competencias estatales por parte de las autoridades valencianas en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat. Ayer, el Ejecutivo de Rajoy avisaba a la Generalitat de que los presupuestos autonómicos de 2018 podían no ajustarse a la legalidad. En esta ocasión, la discrepancia se encuentra en una partida de 18 millones de euros destinada a sufragar una mejora salarial del personal de las universidades públicas valencianas.

La disposición adicional vigésimo sexta de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana reserva 18 millones para cubrir los gastos de la carrera profesional horizontal del personal funcionario de carrera y laboral fijo de la administración y servicios de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

Desde el Gobierno central, según un documento al que tuvo acceso la agencia Europa Press, se han planteado «discrepancias» relacionadas con este medida. En concreto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública califica de «controvertida» la disposición adicional de los presupuestos valencianos y para ello argumenta que la Generalitat se está arrogando competencias estatales.

Marzà critica que el Estado quiere impedir que se mejoren las condiciones de las plantillas universitarias

El escrito apunta que los presupuestos de la Generalitat para 2018 incluyen la implantación progresiva del complemento de carrera profesional. Considera que la medida podría estar respaldada por la disposición adicional vigésimo novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 si se tratara de recuperar recortes de sueldos realizados en años anteriores en cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria.

Pero el informe del Estado destaca que si se trata de reconocer nuevos grados de la carrera profesional, podría haber una suplantación de competencias. Argumenta que al no haberse aprobado unos nuevos presupuestos para 2018, los salarios del sector público se rigen por las cuentas de 2017. Con ellas en la mano, no es posible «ningún incremento de la masa salarial no amparado en los Presupuestos Generales del Estado de 2017». Es decir, la Generalitat tiene que esperar a que España tenga unos nuevos presupuestos en los que se recoja la posibilidad de incrementar los sueldos de los funcionarios.

Ante ello, el Gobierno pide la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, el paso previo a que el Ejecutivo presente un recurso de inconstitucionalidad.

Sorpresa de la Generalitat

La Generalitat mostró ayer su «sorpresa», ya que «el Gobierno no hizo ninguna observación a esta medida que ya se tomó en 2017». La Conselleria de Educación destinó entonces ocho millones de euros a la mejora de las condiciones laborales del personal universitario.

Desde la Conselleria de Educación recordaron que las competencias en materia educativa son de la Generalitat y por ello son los que toman las decisiones sobre las universidades públicas valencianas. Señalaron que estos 18 millones son fruto del diálogo del Consell con la comunidad universitaria.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, en este sentido, publicó ayer en su cuenta de Twitter un mensaje en el que criticó que «el Gobierno de Madrid quiere impedir que mejoremos las condiciones laborales del personal de las universidades públicas valencianas.

Desde Educación señalan que hoy está prevista la reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de las universidades públicas valencianas, que será informada del requerimiento del Ejecutivo estatal. Fuentes de la administración autonómica resaltaron que este órgano se creó en 2016, ya que la valenciana era la única comunidad que no tenía un órgano de estas características por el hecho de que el anterior Gobierno se había negado a crearlo. Esta formado por representantes autonómicos, de las universidades y sindicatos.

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