El Gobierno desentierra los trasvases y la desalación contra la falta de agua

Imagen de archivo del pantano de Buendía. / santiago torralba
Imagen de archivo del pantano de Buendía. / santiago torralba

Un informe marca los criterios mínimos, entre los que se encuentran fijar un impuesto hídrico y modernizar los regadíos para lograr un acuerdo nacional

JUAN SANCHIS VALENCIA.

El Gobierno ha desvelado sus cartas para alcanzar un pacto nacional del agua. Un informe interno del Ministerio de Medio Ambiente recoge las medidas que considera básicas para lograr este acuerdo. El documento, que ha sido remitido al PSOE, destaca que las propuestas que incluye se han definido después de la celebración de 120 reuniones con asociaciones profesionales, usuarios, organizaciones ambientales y comunidades autónomas.

Una de las principales medidas que el Gobierno propone para hacer frente al déficit hídrico son los trasvases, aunque el documento elude utilizar este término y se refiere a ellos como «transferencias».

El Gobierno propone, en cuanto a los trasvases que se encuentran actualmente en marcha, aumentar la transparencia en su funcionamiento. Para ello plantea que se cree una comisión de gestión que sea la encargada de velar por estas transferencias. Además, aboga por «la definición de una regulación específica» de cada una de ellas, tal y como las que ya existen en el caso del trasvase Tajo-Segura o del Negratín-Almanzora.

El ministerio propone hacer nuevas transferencias sólo si hay consenso

Desde el Ministerio de Medio Ambiente destacan, por otro lado, que en España existen una serie de trasvases «que es necesario ordenar» y regular definitivamente, como el Bitrasvase del Ebro (en Cantabria) o la transferencia del Guadiana a las cuencas internas del Tinto-Odiel-Piedras ('trasvase de los 4,99 hectómetros' cúbicos).

El Ministerio también mantiene la necesidad de contar con un «catálogo de transferencias de agua actualmente existentes en España» con el objeto de disponer de las condiciones de funcionamiento de cada una de ellas.

Cuestión diferente es la puesta en marcha de nuevos trasvases. El Ministerio subordina cualquier iniciativa a que haya un consenso «suficiente para una respuesta de largo plazo». En ese caso, se propone que se estudie la viabilidad técnica, ambiental y económica y que se redacte una regulación específica. El documento advierte de que siempre se garantizaría «la preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso».

Tras las vacilaciones mostradas por el PP sobre la desalación desde hace años, Medio Ambiente apuesta por potenciar este procedimiento que pasa no sólo por promover nuevas plantas sino también por impulsar «mejoras en materia de eficiencia energética en las instalaciones».

Otras apuestas del Ministerio son el incremento del uso de agua reutilizada, la modernización de los regadíos o el mantenimiento de las redes de abastecimiento.

Una propuesta novedosa incluida en el informe es la creación de un impuesto ambiental que «incluya los costes ambientales y del recurso», tal y como exige la Directiva Marco del Agua. Propone también la eliminación de las extracciones ilegales y la extensión de los contadores de agua en la agricultura para controlar exactamente el consumo, además de la instalación de contadores inteligentes de uso doméstico.

Medio Ambiente establece la conveniencia de realizar una auditoría continua «para verificar el cumplimiento efectivo» de las obligaciones con la Unión Europea.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, mostró sus reticencias sobre la propuesta porque sigue «muy enfocado» a una política de infraestructuras y «sobre todo de trasvases». Abogó, en este sentido, por la desalación y optimización de los recursos. Mientras, la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, apoyó el informe y recordó que su partido siempre ha estado a favor de los trasvases.

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