El Gobierno cuestiona la constitucionalidad del reparto de medicinas a residencias

Una farmacéutica organiza medicamentos en su establecimiento. / LP
Una farmacéutica organiza medicamentos en su establecimiento. / LP

El Colegio de Farmacéuticos afirma que la Administración central considera que el cambio en la ley atenta «contra la distribución de competencias»

L. G. VALENCIA.

El plan de reparto de medicinas a residencias impulsado por la Conselleria de Sanidad y cuestionado por el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, se ha encontrado con un escollo en el camino. La Administración del Estado ha apreciado vicios de inconstitucionalidad en la modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat llevada a cabo por la Generalitat en la Ley de Presupuestos para 2018, tal como ayer informó el Colegio de Farmacéuticos. El plan previsto, Resi-EQUIfar, contempla la centralización de la preparación de los fármacos y su distribución a las residencias

La objeción observada, siempre según el comunicado de la institución colegial, se fundamenta en la exclusión de las oficinas de farmacia de la prestación farmacéutica en las residencias sociosanitarias decretada por la Generalitat y la obligación de todas las residencias, públicas y privadas, a integrarse en un sistema de gestión pública directa. La situación que describen consideran que «atenta contra la normativa básica estatal y con ello, contra el sistema constitucional de distribución de competencias».

El Colegio de Farmacéuticos añadió que como consecuencia de todo ello «el Estado ha registrado ya ante el Tribunal Constitucional el requerimiento enviado a la Generalitat para convocar la comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones e iniciar negociaciones tendentes a la búsqueda de un acuerdo que permita resolver las discrepancias existentes».

A juicio de los farmacéuticos valencianos el acuerdo pasa porque la Generalitat asuma el compromiso de modificar el texto legal aprobado a fin de «ajustar su contenido a la Constitución y la normativa básica estatal».

Recurso

En el caso de no alcanzar acuerdo, el Colegio de Farmacéuticos aseguró que «el Gobierno interpondrá, previo dictamen del Consejo de Estado, el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, que acarreará la suspensión automática de la norma impugnada».

La institución que representa a los farmacéuticos valencianos manifestó que «confía en la responsabilidad institucional de la Administración autonómica y en su voluntad de negociar lealmente con el Estado en aras a alcanzar una solución que garantice la creación de una base legal sólida que permita construir el más eficiente modelo de prestación farmacéutica socio sanitario para nuestra Comunidad». Consideran que es el momento «de que la Conselleria de Sanidad, rectifique y, cuente con la farmacia comunitaria para poner en marcha un modelo de calidad para al residente. Queremos un modelo que una a la farmacia hospitalaria, la de atención primaria y la comunitaria con el resto de profesionales sanitarios para combatir de forma conjunta la cronicidad».

En cuanto a la observación de la Administración del Estado de la que ayer informó el Colegio de Farmacéuticos, desde la Conselleria de Sanidad señalaron que no tenían conocimiento de ello, «pero si se convoca a la conselleria a una comisión bilateral, se acudirá». Además, apuntaron que la «disposición al diálogo siempre ha sido total».

En referencia a la norma recalcaron que «cuenta con todos los informes favorables» y se refirieron también al modelo actual que rige en el ámbito de la relación de las farmacias y las residencias señalando que «genera una inequidad manifiesta -copagos, diferente atención farmacéutica y diferente prestación- entre residentes de centros públicos y privados».

Ya el pasado octubre el presidente del colegio, Jaime Giner, aseguró que disponían de «dos informes jurídicos que aprecian visos de inconstitucionalidad», en tanto que se quiere acabar con la «vinculación de las farmacias a un centro sociosanitario privado». Entonces la entidad profesional no descartaba emprender acciones. Giner cuestionaba el proceso impulsado por Sanidad por «incluir cambios legislativos a través de la Ley de Presupuestos».

En febrero el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales suspendió de manera cautelar la licitación del plan, el servicio de preparación de unidosis y su distribucióm a los centros sociosanitarios. Pero finalmente, cuando el tribunal se pronunció sobre el fondo del asunto, desestimó las aspiraciones de los farmacéuticos que recurrieron el plan de reparto de fármacos.

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