La gestión de los centros de menores se atasca en la Comunitat

Mónica Oltra, en una imagen de archivo. / Jesús Signes
Mónica Oltra, en una imagen de archivo. / Jesús Signes

Una decena de concursos sigue pendiente desde el año pasado y las residencias previstas en tres municipios están en el aire por la oposición de ayuntamientos o vecinos

D. G. VALENCIA.

A mediados de mayo del pasado año, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, comparecía ante los medios de comunicación para denunciar una serie de irregularidades detectadas en los centros de acogida de menores -como máximos exponentes, la presunta mala atención ofrecida en las instalaciones de Segorbe o la precariedad de las de Monteolivete-, para, en ese momento, enlazarlo con el anuncio de un nuevo modelo de atención a la infancia y a la adolescencia, prácticamente una revolución de los servicios prestados a los menores tutelados por la Administración autonómica.

Sin embargo, diez meses después, la puesta en marcha del nuevo modelo se está enfrentando a una serie de barreras que están ralentizando su activación definitiva. Concursos sin resolver, servicios de mediadores interculturales pendientes de adjudicar, plazas en residencias sin contratar o municipios en pie de guerra contra estas residencias son algunos de los impedimentos que mantienen atascada la gestión de la infancia y la adolescencia en la Comunitat.

En concreto, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas todavía no ha adjudicado una quincena de contratos relacionados con los menores, según figuraba el jueves en la plataforma de contratación del Estado, puesto que ayer estaba temporalmente inhabilitada. De ellos, una decena acumulan un retraso superior a los tres meses que, como máximo recomendado, establece la ley de contratos para resolver los concursos.

Los proyectos que superan los tres meses de retraso ascienden a un importe de más de 70 millones de euros

Especialmente llamativos, por la demora que arrastran -al menos hasta el jueves-, son el concurso del servicio de gestión del centro de reeducación de menores Mariano Ribera de Burjassot, el de Pi Gros de Castellón y el del servicio de tareas organizativas, asistencia y seguimiento educativo del centro de acogida de menores Plana Alta de Castellón, que siguen en evaluación pese a que las ofertas se presentaron en junio de 2017.

También es significativo que no se haya adjudicado todavía el concurso por el que se tienen que poner a disposición de la conselleria 602 plazas de atención residencial en centros de acogida de la Comunitat para niños tutelados por la Generalitat (por un montante de casi 37 millones de euros), así como el servicio de mediadores interculturales para la atención de menores extranjeros no acompañados en el centro de recepción de Alicante. Ambos recibieron las ofertas en julio del pasado ejercicio y siguen sin concretarse. Los de Picassent, Mislata II, Elche o Alicante también siguen pendientes desde entre septiembre y octubre. Asimismo, el servicio de atención psicológica a niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales y/o explotación sexual, con un montante de más de medio millón de euros continúa en evaluación desde que el 14 de noviembre se presentaran las ofertas. En total, concurso pendientes por más de 70 millones de euros.

La conselleria tiene dificultades para abrir centros de menores en l'Eliana, Llíria y Paterna

A esta situación se suman los problemas que el departamento que dirige Mónica Oltra está encontrando para abrir nuevos centros de acogida o recepción en otras localidades valencianas y que ya está investigando el Síndic de Greuges. En concreto, en un primer momento, la conselleria planteó trasladar el centro de recepción de Monteolivete (clausurado a instancias de la Fiscalía) a l'Eliana, propuesta que no prosperó ya que el Ayuntamiento condicionó la licencia a contar con el visto bueno de los vecinos, algo que finalmente no sucedió y que provocó un cruce de acusaciones entre la Administración autonómica y la local. Tras ello, la conselleria optó por reubicar a los menores del centro de Buñol e instalar allí las instalaciones de recepción. Sin embargo, ésta es una ubicación provisional, puesto que la intención de la Generalitat es trasladarlo a Llíria, localidad donde se suceden las protestas vecinales contra la residencia. En paralelo, la conselleria también proyectó la apertura de un nuevo centro en Paterna, lo que ha originó el rechazo del Ayuntamiento y algunos vecinos y una cascada de acusaciones entre el consistorio y la conselleria.

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