Funcionarios de Justicia denuncian que condenados sustituyen a empleados públicos

Irene Marsilla

Aseguran que las tareas implican el acceso a los datos protegidos

EUROPA PRESSValencia

La Junta de Personal de funcionarios de la administración de Justicia ha denunciado este lunes que personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad están ocupando plazas y realizando labores encomendadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial exclusivamente a personal funcionario, al tiempo que se está produciendo una amortización en la plantilla. Este órgano ha pedido el "cese inmediato" de la situación y ha decidido poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía "para una posible depuración de responsabilidades".

Según ha denunciado este órgano en un comunicado, las tareas que les encomiendan implican la "manipulación directa" de las causas judiciales que se custodian en los archivos y acceso a los datos protegidos por ley que constan en ellas, incluidas, las identidades de testigos protegidos, incluso, en causas propias ya archivadas.

Además, añade que, al "deambular libremente" por los juzgados de la Ciudad de la Justicia "podrían tener acceso a las macrocausas y causas secretas que se siguen en diferentes juzgados de València". A su juicio, con ello "se está incumpliendo la finalidad de estas penas de trabajos en beneficio de la comunidad, ya que son una actividad complementaria no remunerada".

En este sentido, apuntan a que deben reunir unos requisitos como que no pueden sustituir puestos de trabajo, ni competir en el mercado laboral; deben tener "utilidad pública y cumplir una finalidad restitutiva, ejemplarizante e integradora"; podrán consistir en labores "de reparación" de los daños causados o de apoyo y asistencia a la víctima, o de participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual o similar.

La Junta de Personal ha puesto estos hechos en conocimiento de la Dirección General de Justicia, que asegura que les ha contestado que carece de competencia y les ha remitido a la administración penitenciaria y al Juez de Vigilancia Penitenciaria "como responsables de valorar la legalidad y condiciones en las que se ejecutan estas penas".

Por ello, este órgano ha decidido exigir a la administración, al director del servicio, a Servicios Penitenciarios y al Juez de Vigilancia Penitenciaria el "cese inmediato" del cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad "en dependencias y servicios judiciales, por no ser sedes apropiadas para este fin por los motivos expuestos".

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