La Font propone dos solares al Consell para instalar barracones y reubicar a 300 estudiantes

Ó. DE LA DUEÑA

gandia. El gobierno de La Font ha propuesto a la Conselleria de Educación dos grandes parcelas en el municipio con el fin de ubicar en alguna de ellas aulas prefabricadas y poder reagrupar así a los casi 300 alumnos del Francesc Carròs.

Los estudiantes llevan unos cinco meses realojados en varias instalaciones municipales tras la clausura del único colegio de la localidad, donde aparecieron grietas y humedades.

Esto obligó al organismo que dirige Vicent Marzà a cerrar el recinto educativo tras meses de protestas de toda la comunidad educativa (padres, alumnos y profesores). La salida de los jóvenes de Infantil y Primaria obligó al Ayuntamiento a habilitar locales alternativos para que los estudiantes recibieran clase.

Desde noviembre la docencia se imparte en el Patronato, la Escoleta y el Edificio Polivalente. En todos estos espacios hubo que hacer reformas de urgencia con el fin de adaptarlos a la normativa y que cumplieran con las normas de seguridad. Pero esta solución fue sólo provisional y desde el ejecutivo han demandado ya a Educación que instale barracones con el fin de crear un colegio en alguna parcela municipal y reunir todos los alumnos de La Font.

Además, en este centro desmontable los estudiantes tendrían más salas que en el viejo Francesc Carròs. En el colegio ahora clausurado los jóvenes carecían de laboratorios, comedor o gimnasio, algunas salas no existían, ante la vejez del centro, mientras que otras fueron clausuradas tras producirse desprendimientos o por insalubridad. Ante esta situación, el ejecutivo local ha preparado dos parcelas, un gran solar de 4.500 metros en la calle Arrullador y el Parc Tirant i Carmesina, en ambos se podrían ubicar los más de 20 barracones previstos.

El alcalde, Pablo Puig, indicó que tras exponer las dos ofertas a Educación está a las espera de la visita de técnicos para que decidan qué terrenos son los más adecuados. En el caso del primero, es de propiedad privada, por lo que el gobierno debería acondicionar el firme y llegar a un acuerdo con los dueños.

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