Fomento asegura que paralizar la V-21 retrasaría el proyecto diez años

La V-21, a su paso por Port Saplaya y el acceso a Alboraya. / damián torres
La V-21, a su paso por Port Saplaya y el acceso a Alboraya. / damián torres

El ministerio advierte de que la inversión de 30 millones se destinaría a otra comunidad en contra de la propuesta hecha por el Consistorio

ISABEL DOMINGO VALENCIA.

«Si la obra no se llevara a cabo, la inversión de 28,99 millones se destinaría a otras actuaciones en desarrollo en cualquier punto de España por parte del Ministerio de Fomento». Es la contestación que ayer dio el departamento de Íñigo de la Serna a la petición del Ayuntamiento de Valencia -aprobada por el tripartito en el pleno municipal del jueves- de paralizar el proyecto de ampliación de la V-21 en el tramo que discurre entre Port Saplaya y la entrada a Valencia.

Con esta respuesta el ministerio dejó claro que la inversión de 28,99 millones asignada a la infraestructura valenciana no se destinaría a otro proyecto en la ciudad, sino que se iría a otra autonomía en contra de la propuesta planteada por la moción del gobierno municipal, que planteaba que el dinero se dedicara a la ejecución de proyectos «más acordes con el modelo de movilidad sostenible que impulsa el gobierno de la Nau».

La ejecución de la nueva infraestructura, consistente en ampliar la calzada de la V-21 a un tercer carril por sentido, se encuentra actualmente en fase de licitación y de apertura de las ofertas económicas, por lo que podría adjudicarse antes de que concluya el año. De ahí que el ministerio también apuntara a que la suspensión del concurso podría retrasar el inicio de las obras diez años, dado que está en la fase final del proceso administrativo.

Precisamente ese periodo (una década) es el que ha tardado en recibir el visto bueno el tramo pendiente del tercer carril de la V-21, ya que en 2014 se concluyeron las obras entre Puçol y el barranco del Carraixet (Alboraya) y fue en 2007 cuando el ministerio encargó la redacción de los proyectos.

En su respuesta al Consistorio, Fomento también advierte del colapso de la vía por el incremento de los tráficos. En este sentido, según las proyecciones realizadas en la propuesta de construcción, la V-21 tendría una intensidad media diaria (IMD) de 82.600 vehículos dentro de diez años, «lo cual colapsaría esta vía de acceso a Valencia». Actualmente, la estación de aforo de Fomento, situada en Meliana, registra una IMD de 72.000 vehículos mientras que en el acceso por la avenida de Cataluña son 85.800.

Cambios de opinión

Junto a la pérdida de la inversión, el retraso de las obras y el colapso del tráfico, el departamento de De la Serna también mostró «su sorpresa» por la decisión del gobierno de Ribó ya que «las mismas formaciones aprobaron en 2015 una moción de apoyo a este proyecto», en referencia a una moción respaldada por unanimidad sobre la demanda de inversiones al Gobierno Central. El ministerio también recordó las enmiendas de Compromís en el Congreso y el Senado a los Presupuestos del Estado para 2017.

«Pedir que se paralicen las obras justo cuando van a empezar y después de haber tenido diez años para realizar alegaciones es incomprensible y va en contra de lo que las formaciones que aprobaron la moción han transmitido a la sociedad valenciana en los últimos años, reclamando mejores accesos para la ciudad y una mejora de la seguridad vial», señalaron desde Fomento.

No fueron los únicos argumentos esgrimidos por el ministerio para rechazar la propuesta de suspensión del tripartito. Así, desmintieron que la opción que se encuentra ahora en licitación sea la alternativa más cara «en realidad, de las siete, tiene el coste intermedio».

Respecto a la afección de la huerta, el ministerio resaltó que «el momento para hacer alegaciones a un proyecto es cuando se encuentra en trámite de consultas». En este caso, el proyecto de la V-21 entre el Carraixet y Valencia salió a información pública en 2014 mientras que la declaración de impacto ambiental favorable se obtuvo en 2015.

Sin alegaciones en contra

«Ninguna de las alegaciones recibidas se opuso a la construcción de esta infraestructura y todas sus apreciaciones se tuvieron en cuenta en la redacción del proyecto», indicó en su contestación al Consistorio. Además, Fomento remarcó que el plan de participación pública del estudio de integración paisajística, incluido en el estudio de impacto ambiental y que tenía en cuenta el plan de l'Horta, no obtuvo respuestas «para poder hacer siquiera un análisis de resultados». En este sentido, la Generalitat, a través de la dirección general de Evaluación Ambiental y Territorial, dio el visto bueno a dicho estudio.

Tras conocer la postura de Fomento, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, insistió en que en ningún momento se ha rechazado la inversión, sino que se emplaza «a minimizar el impacto que tenga sobre la huerta cualquier infraestructura que se tenga que ejecutar» e insistió en que el modificado del proyecto para cambiar el destino de la inversión no implicaría rehacer el proyecto o perder el dinero.

Ribó instó a un «diálogo entre las administraciones, más allá de declaraciones gruesas que parecen más un chantaje: o se hace un proyecto de infraestructuras destruyendo todo a su paso, o no se hace nada».

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