La Fiscalía de Menores pide que el acoso escolar también pueda considerarse delito

Fotograma de una película sobre el acoso escolar. / Ezra Jeffrey

La libertad vigilada o el internamiento en centros específicos son algunas de las medidas más habituales cuando se condena a un agresor

J.B/EFE

valencia. La Fiscalía de Menores de Valencia se muestra a favor de recoger el acoso escolar en la legislación penal tras el aumento de la violencia entre menores detectada en los últimos años y teniendo en cuenta que esta lacra social no fue incluida en la reforma del Código Penal acometida en 2015.

Así se expresó ayer la coordinadora general de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Valencia, Consuelo Benavente, durante las jornadas 'Convivencia escolar y ciudadanía activa en la era digital', organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Ministerio de Educación.

Como recogió la agencia Efe, durante su ponencia -'La respuesta del Derecho y la Justicia a la violencia escolar'-, la fiscal valenciana precisó que «no todo es acoso» y que al no haber una figura clara sobre el mismo «es normal que la gente hable de él de forma genérica». Para Benavente es fundamental distinguirlo de los incidentes aislados, pues para que exista el primero debe haber una relación de desequilibrio de poder en un ambiente que genere miedo y presión. «Ante cualquier situación de violencia la tolerancia debe ser cero, pero debemos dilucidar qué es acoso y qué no», dijo.

En la Comunitat los episodios de violencia escolar se han incrementado en los últimos cursos, según la información que se extrae del Registro Central de Incidencias, una herramienta de la conselleria a la que los centros deben recurrir, de manera obligatoria, en caso de detectar un episodio de este tipo. Incluye diferentes casuísticas, que pueden ser acumulables: desde violencia física o verbal hasta destrozos en las instalaciones.

El informe sobre el estado del sistema educativo valenciano que elabora el Consell Escolar de la Comunitat establece que los episodios de violencia física y verbal pasaron del 44% y el 52% respectivamente en el curso 2013-2014 al 55% y 62% en el 2014-2015. En los ejercicios más recientes la conselleria también ha acreditado un aumento de los casos específicos de acoso. Eso sí, no se vincula tanto a un incremento de la conflictividad como a la mejora de las herramientas de detección y a la mayor concienciación de equipos directivos, docentes y familias.

También han sido varias las medidas impulsadas para prevenir esta lacra, como la creación de un coordinador de Convivencia e Igualdad en cada colegio, al que se le libera de parte de su tarea docente para impulsar planes que mejoren las relaciones entre alumnos, sin olvidar el refuerzo de las unidades específicas de atención -una por provincia-, que actúan cuando la situación desborda las capacidades del colegio. En este sentido, Benavente dijo que la fiscalía tiene carácter subsidiario en el conflicto y que la verdadera prevención nace de «una buena comunicación ente centros y familias».

Respecto a las medidas legales más habituales en caso de juicio, se refirió a la libertad vigilada, el internamiento en un centro de menores, las prestaciones en beneficio de la comunidad o las tareas socio-educativas. Por último, precisó que es común que acosadores y acosados tengan «una gran mochila de problemas a sus espaldas».

Por su parte, el exdefensor del menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra Portillo, pronunció la conferencia 'Amistades peligrosas: en el cara a cara y en la red', y destacó la importancia de concienciar a los menores sobre la igualdad para evitar casos de ciberacoso y, especialmente, entre parejas adolescentes. Además, animó a que «los padres informen a sus hijos de que les van a vigilar, haciéndoles entender que su móvil u ordenador es un objeto del que pueden hacer uso pero no que es de su propiedad», dijo.

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