La Fiscalía archiva el caso del funcionario valenciano que no acudió a trabajar en 10 años

La Fiscalía archiva el caso del funcionario valenciano que no acudió a trabajar en 10 años

Carles Recio estuvo encargado de la jefatura del archivo provincial de la Diputación de Valencia

A. G. R.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado las diligencias de investigación penal abiertas al exfuncionario encargado de la jefatura del archivo provincial de la Diputación de Valencia, Carles Recio, quien fue acusado por la propia Corporación provincial de absentismo laboral durante diez años, al no observar delito. El ministerio público sostiene que el empleado ha aportado diferente documentación que prueba su actividad, aunque es cierto que no tuvo despacho, según el informe de la acusación pública.

Carlos Recio era técnico superior de servicios culturales de la Diputación de Valencia. Accedió a su puesto por oposición. El listado de responsabilidades de entonces era amplio. Desde redactar los discursos del presidente a la edición de libros o incluso las relaciones con las asociaciones culturales. En 2006 se le nombró por decreto jefe de la Unidad de Archivo. No se le subió el sueldo porque él ya era funcionario de la categoría A. Sus cometidos cambiaron. La directora del Archivo, Amparo Gil, explicó en fiscalía que desde que llegó Recio informó a sus superiores de que este no tenía un lugar físico para el desarrollo de su actividad.

El trabajador, por su parte, presentó numerosos escritos en los que denunciaba la anómala situación que vivía en el Archivo e incluso la opinión contraria de la responsable a su incorporación. En cualquier caso, según detalla la fiscalía, Recio acudía cada día a fichar al Archivo y luego trabajaba en un despacho que encontró en dependencias provinciales. «Desde allí realizó las funciones que le habían sido asignadas». El funcionario declaró por estos hechos ante la fiscal instructora. Presentó escritos del expresidente de la Diputación de Valencia Fernando Giner y del jefe de personal que acreditaban su labor. Estos papeles acreditarían que tuvo «predisposición y trabajo activo al servicio de la administración».

La fiscalía da por probado que el empleado carecía de despacho y de mesa en las dependencias del Archivo. Sin embargo, «existen elementos probatorios que indican que alguna actividad desarrollaba». Recuerda que cuando la directora de esas dependencias, Amparo García, fue sustituida por María José Gil tampoco esta solucionó el problema de espacio que arrastraba Recio. La fiscal encargada de las pesquisas concluye que no pudo cometerse un delito de malversación porque el investigado es funcionario y tiene derecho a recibir un sueldo público. Un cambio en su trabajo no implica un «perjuicio» a las arcas públicas. Tampoco se da el otro requisito del tipo, es decir, que existiera un ánimo de lucro. «No hubo sustracción alguna de caudales públicos».

Tampoco se pueden encuadrar los hechos en un supuesto delito de prevaricación, otra de las posibilidades que planteaba el expediente. A Recio se le designó por Decreto. El expresidente de la Diputación Fernando Giner (PP) le nombró amparado en las atribuciones que tenía como máximo responsable.

Además, el informe subraya que en cualquier caso ese ilícito estaría prescrito. Finalmente recuerda la fiscal una máxima en este tipo de asuntos, el principio de mínima intervención del Derecho Penal y que este tipo de situaciones no deben abordarse desde la esfera penal sino en el ámbito administrativo. La corporación provincial trasladó al ministerio público el expediente disciplinario el pasado 11 de diciembre para que la Fiscalía aclarase «si el puesto creado en 2006 -bajo la presidencia de Fernando Giner (PP)- para Recio era necesario y si los entonces responsables de la Diputación eran conscientes de que no iba a trabajar».

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