La fianza que exige el TSJ lastra la recuperación de aulas de Bachillerato

El conseller de Educación, Vicent Marzà, antes de una comparecencia en Les Corts. /Irene Marsilla
El conseller de Educación, Vicent Marzà, antes de una comparecencia en Les Corts. / Irene Marsilla

Dos de los cinco centros concertados que consiguieron la medida cautelar renuncian por el elevado coste

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

Las elevadas fianzas que exige el TSJ están lastrando la recuperación de los conciertos de Bachillerato que recortó la Conselleria de Educación el pasado mayo, hasta el punto de que sólo uno de los cinco colegios que consiguieron la medida cautelar ha trasladado a los padres su intención de depositar el importe para disponer del aula suprimida a partir de septiembre. Otros dos ya han comunicado a las familias que no la presentarán, y por tanto, no podrán beneficiarse de la medida judicial, mientras que el resto no han tomado una decisión o no se ha trasladado a los padres, según la información recopilada por LAS PROVINCIAS.

En julio se produjo un goteo de resoluciones judiciales en relación a la petición de suspender provisionalmente la eliminación de aulas en la etapa hasta que se resolviera el recurso contencioso impulsado por las titularidades de los centros. El TSJCV aceptó las solicitadas por la Purísima Franciscanas de Valencia y Domus de Godella, a los que se les suprimió sus dos líneas de Bachillerato, y días más tarde las del Pilar, la Salle de Alcoy y la Purísima de Alzira, que perdieron una línea cada uno. También recuperó un aula, en este caso de Infantil, el Saint Patrick de Bétera. En Bachillerato el recorte afecta a unidades de 1º, que dejan de tener alumnado 'concertado', aunque se mantienen los fondos públicos para 2º, si bien los perderán el próximo curso.

El tribunal basaba su resolución en que de no paralizarse la supresión podría dejar sin efectos prácticos la futura sentencia, en el sentido de que los padres -y los centros- ya habrían resultado perjudicados al haber perdido el concierto mientras se prolongaba el proceso. Es decir, un fallo favorable a sus intereses no tendría consecuencia alguna al haber sufrido ya el perjuicio. También se alegaba que no tiene por qué prevalecer el interés general de la administración sobre el de la ciudadanía.

Al menos 16 escuelas han recurrido en los tribunales el recorte de aulas de Bachillerato

Sin embargo, condicionó la cautelar a que los centros depositaran una fianza equivalente al importe del concierto del que se iban a beneficiar provisionalmente mientras durara el proceso -estimó dos años-. La cantidad, según el cálculo de la conselleria, superaba el medio millón en cada uno de los colegios que perdieron las dos líneas. Es una garantía en caso de fallo favorable a la administración, pues la cautelar obligaba a pagar los conciertos que retiró durante el litigio.

Una de las escuelas que ya ha comunicado a sus familias que no va a depositar la cuantía es el Domus de Godella, que se encuentra en la situación anterior. En una circular se explica que la decisión «atiende a las dificultades e incertidumbres legales y económicas que supondría para el colegio acogerse a estas medidas en los términos que plantea el tribunal, al no tener certidumbre sobre el tiempo real que va a suponer el contencioso y sus pertinentes recursos, y por tanto la cuantía final en el caso de sentencia negativa».

EN DATOS

En términos similares se pronunciaron desde la Salle de Alcoy, donde fuentes de las comunidad educativa señalaron que se trata de una cantidad demasiado elevada para ser asumida por la titularidad.

En cualquier caso los dos centros continúan con el recurso ordinario para recuperar el concierto independientemente de la renuncia a la cautelar. «El colegio litigará hasta las últimas consecuencias para restituir a los padres de los alumnos que cursen Bachillerato en el centro el perjuicio económico que la privatización les ocasiona», añade Domus en su carta dirigida a las familias.

Por su parte, fuentes de la Purísima de Valencia, que ya anunció que sondearía todas las alternativas posibles para afrontar la fianza, explicaron que todavía no se ha tomado una decisión firme y que previsiblemente se conocerá a principios de septiembre. Lo mismo sucede en el centro de Alzira, donde las últimas noticias trasladadas a los padres se refieren a que se ha solicitado al TSJ que se conceda un periodo de matriculación extraordinario. Al fin y al cabo todos los centros han perdido alumnos tras el recorte, en muchos casos ya matriculados en cursos anteriores.

Por otro lado, de los 21 centros concertados a los que se les recortaron unidades de Bachillerato, al menos 16 han optado por la vía de lo contencioso, si bien no todos solicitaron medidas cautelares. La batalla judicial afecta además a la normativa marco que regula el sistema de conciertos en la Comunitat, modificado este mismo año y que también ha sido recurrida por diferentes entidades y partidos políticos.

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