Más de 6.000 familias están en lista de espera para un piso social

Barrio de La Coma de Paterna, en una imagen de archivo. / Irene Marsilla
Barrio de La Coma de Paterna, en una imagen de archivo. / Irene Marsilla

La conselleria cuenta con unas 600 viviendas vacías pendientes de demoler o reformar y otras 300 ocupadas de forma ilegal

Daniel Guindo
DANIEL GUINDOValencia

El parque público de viviendas sociales de la Generalitat se compone en la actualidad de 13.002 viviendas, la gran mayoría ya ocupadas y otras en unas condiciones que obligan a su demolición o reforma para ser habitadas. Frente a ello, más de 6.000 familias valencianas están inscritas en el registro de la Dirección General de Vivienda como demandantes de estos inmuebles destinados a acoger a personas sin apenas recursos, algunos de ellos, como advirtió el pasado año el Síndic de Greuges, en lista de espera desde hace cuatro años. En esta situación se encuentra, entre muchos otros, Virginia, su marido y sus tres hijos, que viven desde hace un par de meses en casa de su cuñada, después de que se terminada su contrato de alquiler y el propietario no haya querido ampliárselo. «Nos hemos tenido que trasladar de Tavernes Blanques a Nazaret y cambiar de colegio a los niños porque, después de dos años de espera, todavía no nos han proporcionado un piso social y no encontramos un alquiler que podamos asumir. ¿Hasta cuándo tengo que esperar?», se preguntó Virginia.

«El Síndic ya advirtió de que las esperas de los solicitantes llegaban a los cuatro años»

Sin embargo, las solicitudes para obtener uno de estos inmuebles, bien con un alquiler bajo o en régimen de venta con el pago aplazado, «son analizadas según las circunstancias personales, familiares, económicas y sociales, que son las que determinan la mayor o menor emergencia habitacional de los solicitantes», según explicaron desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Este proceso, sumado «al escaso tiempo de un año que lleva en funcionamiento el Registro y la Xarxa Infohabitatge impide establecer plazos medios de solución de las solicitudes que puedan aplicarse con generalidad»; por lo que «una vez analizadas todas y cada una de las solicitudes se podrán establecer plazos medios e ir reduciéndolos paulatinamente hasta alcanzar el objetivo de una solución inmediata», agregaron. Además de poner al día el actual registro, el Consell se enfrenta a otra delicada situación: los inmuebles que han sido ocupados sin autorización por familias sin recursos. Ante esta realidad, el departamento determinó no permitir nuevas ocupaciones ilegales en viviendas sociales y actuar frente a las ocupaciones posteriores a julio de 2015. «Los motivos son claros vulneran los derechos de las familias más necesitadas que cumplen con la ley e imposibilita la reparación de las viviendas», resumieron.

Las cifras

13.002
viviendas sociales componen el parque público de la Generalitat. De ellas, 12.379 están ocupadas y 623 vacías.
797
inmuebles están en fase de legalización, es decir, se encuentran ocupados por familias sin autorización, pero el Consell estudia cada caso para su regularización.
301
pisos han sido ocupados ilegalmente y están en fase de recuperación. De ellos, en 47 está pendiente el auto de estrada judicial.
138

viviendas se encuentran en tan mal estado que es necesaria su demolición. Otras 287 ya tienen el contrato adjudicado para su reforma y 198 más están pendientes de reparar.

Sin embargo, añadieron, «tampoco se podía seguir ignorando la situación de familias que en legislaturas anteriores convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar ante la pasividad del Gobierno autonómico, que ni recuperó la posesión del inmueble ni regularizó estas ocupaciones». De ahí que la conselleria haya optado por la creación de una resolución que regulariza la situación de estas familias si, una vez estudiado su caso, cumplen las condiciones para ser adjudicatarios de una vivienda social y una serie de criterios como demostrar que se han integrado en la comunidad vecinal. Así las cosas, cerca de 800 de las viviendas ocupadas se encuentran en fase de regularización de sus actuales ocupantes y otras 300 pendientes de recuperación (cerca de medio centenar de ellas, a la espera de auto de entrada judicial).

«El Consell estudia cada petición para acelerar la entrega de inmuebles a los casos más urgentes»

Por último, otro escollo al que se enfrenta el Gobierno autonómico, además de una cantidad limitada de inmuebles, es el estado que presentan algunos de ellos, especialmente después de haber sido ocupados. En concreto, casi 300 ya tienen adjudicado el contrato de reparación, cerca de dos centenares están pendientes de reforma y otras 138 tendrán que ser demolidas debido a su precario estado.

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