La falta de inhibidores en la cárcel de Picassent permite a los presos cometer delitos por teléfono

Funcionarios denuncian que la inoperatividad del sistema ha permitido que un maltratador con orden de alejamiento llame a su víctima con un móvil

Arturo Checa
ARTURO CHECAValencia

Un hombre condenado por maltrato y con orden de alejamiento de la víctima coge su móvil y llama a la perjudicada, infringiendo la orden judicial y cometiendo un delito. Un acusado de narcotráfico agarra el teléfono y ordena sus últimos trapicheos. Un miembro de una red internacional de delincuentes hace una llamada para contactar con alguno de sus secuaces. Son algunos instantes que pueden ocurrir en la vida de un maleante. Hechos normales dentro de su vida al margen de la ley. Lo que los convierte en relevantes y fuera de lo normal es que hechos como estos sucedan entre los muros de una prisión. Y eso es lo que suele ocurrir dentro de la cárcel de Picassent.

Tal y como denuncian funcionarios del establecimiento penitenciario, la inoperatividad de los inhibidores que deberían anular la funcionalidad de los móviles (tecnología prohibida entre rejas) permite que los reclusos se puedan comunicar con total libertad en la cárcel. Las situaciones con las que arranca esta información se han producido en la prisión de Valencia, incluido el quebrantamiento de la orden de alejamiento por parte del interno que llamó a su víctima con un móvil que utilizaba entre rejas.

«La responsabilidad es de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, pues se ha interrumpido la señal de los inhibidores para no causar problemas de comunicación en la cercana autovía antes que mantener la seguridad en prisión», denuncia Jorge Vilas, presidente autonómico de la sección de Instituciones Penitenciarias del sindicato CSI-F. Desde el Ministerio del Interior no quisieron hacer ningún comentario sobre el mal funcionamiento de los inhibidores. Simplemente se limitaron a recordar que «el uso de teléfonos móviles dentro de los centros penitenciarios está estrictamente prohibido, tanto para internos como para funcionarios».

No es la primera vez que el sistema de inhibidores de Picassent supone un quebradero de cabeza para la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El sistema de corte de las comunicaciones por móvil se puso en marcha en 2004, pero tres años después los sindicatos ya advirtieron de que la tecnología de seguridad se desconectaba en muchas ocasiones.

En su día ya se indicó que la decisión de interrumpir la puesta en marcha de los inhibidores estaba motivada, entre otras cosas, por las quejas de interferencia de las comunicaciones recibidas desde el exterior de la prisión, en concreto de usuarios de un campo de golf situado junto a la cárcel, de agricultores de la zona y de conductores que circulan por la A-7 a su paso por el establecimiento penitenciario.

Ya en 2007, desde Instituciones Penitenciarias indicaron que se iba a proceder a sustituir este sistema para «limitar el paraguas» de los inhibidores y que la anulación de cobertura de los móviles se reducirá únicamente a las instalaciones de la prisión. Pero a la vista está que la remodelación y cambios no han funcionado.

La única solución al problema de seguridad se encuentra de este modo en el aumento de los registros y confiscaciones de móviles en el interior de las celdas de los internos. El problema, la falta de personal para hacerlo y el ambiente de hostilidad que estas inspecciones generan en los reclusos. «La escasez de personal y de medios sólo se suple con la profesionalidad y dedicación de los funcionarios de prisiones», subraya Vilas. Desde CSI-F sitúan en casi un centenar las vacantes de funcionarios en dos áreas tan delicadas de Picassent como vigilancia (Cumplimiento y Preventivos) y la enfermería.

Otra necesidad es la creación de centros de internamiento para delincuentes con adicciones o delitos leves. «La cárcel acaba agravando las adicciones o juntando a gente que ha cometido algún error o delito menor con delincuentes profesionales, y se convierten en carne de cañón», advierte por último el funcionario del sindicato CSI-F.

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