Las facturas de las universidades empiezan a llegar al PP un año después

Los rectores de las universidades públicas. / irene marsilla
Los rectores de las universidades públicas. / irene marsilla

Sólo la Jaume I de Castellón ha trasladado toda la documentación de las cajas fijas en cumplimiento de la sentencia que condenó al Consell

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

Las facturas de las cajas fijas de las universidades públicas de la Comunitat ya han empezado a llegar al Partido Popular, lo que supone acatar la sentencia del TSJCV que obligaba al Consell a facilitar toda la información solicitada por el diputado Rubén Ibáñez en relación a este sistema contable, exactamente la referida a los años comprendidos entre 2006 y 2014.

El cumplimiento del fallo se está haciendo efectivo más de un año después de dictarse -once meses si se cuenta desde que fue firme-, una demora que los populares atribuyen a la opacidad de la Conselleria de Educación y que la administración y los centros afectados vinculan con la elevada carga de trabajo que supone la digitalización de centenares de miles de documentos.

Fuentes del grupo parlamentario explicaron ayer que a finales de año recibieron, a través del tribunal, la documentación relativa a la Jaume I de Castellón, algo más de 500 folios que ya han empezado a estudiar. Por su parte, desde la Conselleria de Educación añadieron que ayer mismo se enviaron a la sección quinta de la sala de lo contencioso y a la dirección general de Relaciones con Les Corts los datos referentes al ejercicio 2006 de la Universidad de Alicante. Es de momento la única información que se ha remitido al departamento, que reiteró su voluntad de garantizar la transparencia y cumplir el mandato judicial.

Educación también ha enviado al TSJCV los datos de un año de la Universidad de Alicante

A día de hoy faltan por enviarse las facturas y la documentación de tramitación de las mismas de los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2014 del centro alicantino y todo el material sobre los movimientos realizados entre 2006 y 2014 en las cajas fijas de la Universitat de València, la Politècnica y la Miguel Hernández. Es decir, la gran mayoría.

Esta herramienta contable es perfectamente legal y tiene controles de supervisión, sin olvidar que se exige la justificación del dinero que se adelanta al solicitante. El interés del PP pasa por verificar que las cuantías manejadas por los centros públicos han tenido un uso correcto. No se puede obviar que la casuística es muy variada, pues se trata de gastos de difícil previsión, desde dietas y desplazamientos para asistir a congresos o impartir charlas hasta los relacionados con servicios menores, incluyendo facturas de restauración e incluso obsequios.

La información se enviará en bloques durante meses

La Conselleria de Educación ha informado al tribunal de que la sentencia se ejecutará progresivamente, de manera que a medida que vaya recibiendo la información detallada de las facturas por parte de los centros la irá trasladando. Así se desprende de los escritos remitidos por la dirección general de Universidades tras los dos requerimientos del TSJCV para que cumpliera con la sentencia, enviados en julio y octubre de 2017.

También queda claro que el proceso se prolongará durante varios meses. Los rectores de las cinco universidades han llegado a estimar que durará entre tres y cinco, si bien la Miguel Hernández llegó a advertir, tras pedir una estimación a una empresa especializada, de que podría durar nueve, además de suponer un coste de 40.000 euros derivado de utilizar a dos personas a tiempo completo para localizar la documentación, extraerla, digitalizarla y volverla a archivar. Cabe recordar que son centenares de miles de documentos.

En la primera respuesta de la conselleria a los requerimientos, del 9 de noviembre, se daba cuenta de las actuaciones realizadas en cumplimiento del fallo, aunque se señalaba que la información relativa a los detalles de las facturas no había sido enviada a la administración «pese a las reiteradas peticiones realizadas a las universidades». En la segunda respuesta, del 23 de noviembre, se adjuntaba la documentación completa de la Jaume I y escritos del resto explicando que no habían podido facilitarla por la carga de trabajo que suponía. Además se reiteró la disposición de los centros a facilitar al PP el acceso a cualquier factura en los archivos de las propias universidades.

Fuentes de la Jaume I explicaron que en realidad no funcionan con un sistema de cajas fijas sino de «pago en firme», situación que se acreditó con un informe de auditoría remitido en su día. Por ello, la documentación y las facturas enviadas a finales de 2017 para cumplir la sentencia se refieren a movimientos que pueden ser asimilables al método contable en cuestión, y se refieren únicamente a tres servicios. Por comparar, las otras universidades tienen decenas de cajas fijas repartidas por los centros.

El conflicto entre el Consell y el principal partido de la oposición comenzó en octubre de 2015, cuando Ibáñez solicitó la información detallada de las facturas a través de Les Corts, que le fue negada tras alegar Educación que no la tenía. El diputado recurrió ante el TSJCV, que le dio la razón el 31 de octubre de 2016. El PP pidió la ejecución de la sentencia tras recibir los listados de los movimientos contables, aunque sin la relación detallada de las facturas de cada uno de los mismos.

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