Educación dice que sí la ha acatado y prepara un informe para argumentarlo

La conselleria insiste en que las medidas para cumplir las suspensión se han adoptado «en tiempo y forma» y cumpliendo la ley

EFE/D. G. VALENCIA.

La providencia hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia hizo reaccionar a la Conselleria de Educación, que se apresuró en señalar que la Abogacía de la Generalitat está preparando un informe que detalla las medidas adoptadas de suspensión cautelar de la aplicación del decreto de plurilingüismo.

Este informe, indicaron, será remitido a la sección cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, que ha dado un plazo de cinco días a la Conselleria para que precise qué medidas ha adoptado para cumplir la suspensión cautelar, «en tiempo y forma», según las mismas fuentes.

La conselleria reiteró que el cumplimiento de las medidas cautelares se está llevando a cabo «desde el momento en que se hicieron efectivas por el TSJ», y que todas las actuaciones de la Generalitat desde ese momento «han cumplido con la justicia».

Así, señalaron que el decreto de currículum de Primaria «no contempla referencias» al decreto de plurilingüismo, y la distribución del profesorado destinado al Plan de Actuación para la Mejora (PAM) no tiene entre los requisitos el nivel de plurilingüismo del centro.

Además, indicaron que lo mismo ha pasado en la selección del profesorado para las estancias en Reino Unido e Irlanda de este verano, y que la normativa del decreto de plurilingüismo no se está desarrollando en órdenes, de manera que por ejemplo no se está determinando el desarrollo de las certificaciones.

Finalmente, la conselleria añadió que en las instrucciones de inicio de curso de Infantil y Primaria que se publicaron ayer en el Diari Oficial de la Comunitat no hay «ninguna referencia» al decreto de plurilingüismo.

Sin embargo, las entidades contrarias a este decreto argumentan que, precisamente en estas instrucciones, los centros educativos aplicarán los proyectos lingüísticos que tienen autorizados por la Conselleria de Educación y, precisamente, esos proyectos se aprobaron en su mayoría antes de la paralización del decreto, de ahí que sospechen que, en ellos, no se esté aplicando la suspensión dictaminada por los jueces.

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