Dudas sobre el encaje constitucional de la norma

El informe de la Alta Inspección del ministerio considera que puede afectar a la distribución de competencias

J. B. VALENCIA.

El informe que elaboró en febrero la Alta Inspección del ministerio sobre el decreto concluye que «podría no ajustarse al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la Comunitat y constituir fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación para el alumnado y las familias». El documento, solicitado por la diputada de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, no había trascendido, aunque sí parte de su contenido, reflejado en la carta remitida días después a la conselleria planteando varias dudas. Si bien ya se alertaba del trato diferenciado, no se recogió la parte 'constitucional'.

Para formular esta objeción, el informe se refiere al artículo 3 de la Constitución, sobre el deber de todos de conocer el castellano, y a una disposición adicional de la Lomce, que dice que el conocimiento de otras lenguas no puede ser «fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación». La aseveración está relacionada con la crítica a los niveles Avanzados, donde además de Lengua se impartirá en español otra asignatura a elección del centro. La Alta Inspección recomendaba escoger una troncal (Matemáticas en Primaria) para que el horario lectivo en castellano equivaliera al menos a la cuarta parte del total. La conselleria dijo que los proyectos remitidos por los centros estaban cumpliendo esta sugerencia. También se vinculaba la posible inconstitucionalidad con los diferentes títulos de idiomas y con la idea de que la aprobación de proyectos, según la Lomce, corresponde al director y no al consejo escolar.

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