La Diputación de Alicante pide que el plurilingüismo llegue al Constitucional

Marzà, el martes, cuando abrió la puerta a variar el modelo tras presentar la campaña para fomentar el valenciano. / miguel ángel polo/efe

La corporación considera que el decretazo de septiembre sirve para «burlar» la suspensión cautelar del TSJCV

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

La Diputación de Alicante ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto ley aprobado el 1 de septiembre para regular el modelo plurilingüe en 1º de Infantil (aulas de tres años). Este paso implica que la norma pueda acabar en el Constitucional (TC) en los próximos meses.

Como informó LAS PROVINCIAS, para ello era necesario un incidente de ejecución de resolución judicial, es decir, que la corporación se dirigiera al TSJCV para advertirle de que la nueva normativa ha servido para mantener parte del decreto de plurilingüismo de febrero, que está suspendido cautelarmente tras el recurso de la institución. El escrito que recoge los argumentos alegados fue trasladado ayer a la sala correspondiente e incluye la citada petición para que llegue al TC, según señalaron desde la Diputación.

Ahora deberá ser el TSJCV el que valore los motivos expuestos antes de tomar una decisión. En caso de que sea favorable, se abriría un nuevo frente judicial contra el modelo lingüístico que tantos quebraderos de cabeza está causando al Consell. La medida fue anunciada ayer por el presidente de la Diputación, César Sánchez, y el diputado portavoz, Carlos Castillo, tras reunirse con los presidentes de Concapa, Julia Llopis, y Covapa, Ramón López. Ambas entidades, mayoritarias en la provincia, también llevaron a los tribunales el decreto de plurilingüismo inicial, el de febrero.

Fuentes del Tribunal Constitucional explicaron ayer que una cuestión no implica la suspensión cautelar del decreto ley, que es lo que sucede cuando existe un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, pero implica, en caso de admitirse, paralizar cualquier proceso judicial abierto referido a la norma impugnada. En este caso no hay ninguno en marcha, aunque sí hay una decena de contenciosos contra el decreto de febrero.

Según las explicaciones dadas ayer por los representantes de la Diputación, el argumento central es que con el decreto ley se «elude» la aplicación de la cautelar. De hecho la intención última, en caso de prosperar la petición, es conseguir que el Constitucional rechace las formas utilizadas, en el sentido de que no se ha respetado la voluntad expresada por la justicia, pues el cumplimiento de sus mandatos también tiene protección en la Constitución.

Castillo dijo que el decreto ley «burla el auto de suspensión» y «no se corresponde con los requisitos de necesidad y urgencia», antes de alertar de que las normas «no pueden dictarse con el propósito de eludir una resolución judicial», tal y como recogió Europa Press.

Esta normativa excepcional ha permitido, en la práctica, mantener para este curso la distribución horaria del decreto de febrero, el inicial, para 1º de Infantil. Si un centro aplicó el nivel Avanzado de este ahora le corresponde el modelo A del aprobado en septiembre. Si fue un Intermedio ha tenido que implantar un B y si hizo lo propio con un Básico le toca el C. Cambia la denominación, pero el peso del castellano y del valenciano es el mismo.

El Consell justificó la medida en que el curso empezaría sin que el TSJCV se hubiera pronunciado sobre su último recurso para evitar la cautelar -en realidad no pidió que se valorara en agosto, que es inhábil-, y en que de esta manera se respetaba la elección de los padres manifestada en la admisión, que empezó con el decreto de febrero en vigor, pues la suspensión se conoció con el proceso en marcha, a finales de mayo. La Diputación y las entidades contrarias al modelo lingüístico consideran que hubo tiempo suficiente para plantear alternativas en la matriculación sin necesidad de apurar tanto los plazos.

Por su parte, César Sánchez dijo que la Diputación estará «al lado» de los padres «escuchándoles y defendiendo los derechos fundamentales de los niños y la libertad de las familias» y añadió que pedirán el cese de Vicent Marzà «cuando venzamos a la imposición, al decreto y al pensamiento único». También dijo que no permitirá «puentes solo en una dirección, que se construyan con Cataluña y se levanten muros con España», que es a su juicio la finalidad de la política educativa.

Por su parte, Ramón López apostó por «leyes consensuadas» entre todos los partidos mientras que Julia Llopis pidió que «no se atente contra la libertad de las familias».

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