La Diputación de Alicante pedirá la ejecución del auto que paraliza el plurilingüismo

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez. / lp
El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez. / lp

La institución reclama al juez que detenga las actuaciones de la Conselleria para el próximo curso escolar

R. V. VALENCIA.

La Diputación de Alicante solicitará que se haga efectivo el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que suspende cautelarmente la aplicación del decreto de Plurilingüismo de la Conselleria de Educación, de manera que se evite que se pueda «poner en marcha» en el inicio del próximo curso escolar.

Así lo afirmó ayer con contundencia el presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez. «Vamos a pedir que se cumpla con la Justicia, con la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y vamos a defender los derechos fundamentales de los alumnos de la provincia y el interés público», resaltó el popular antes de recordar que ésta es «una de las responsabilidades que tiene la Diputación como administración».

La Diputación de Alicante presentó en su momento un recurso en contra del decreto de plurilingüismo al considerar, entre otras razones, que se podría estar produciendo una discriminación de los alumnos. Al tiempo, pidió medidas cautelares.

El TSJ aceptó la petición de estas cautelares de la Diputación rechazando incluso el recurso interpuesto por la Conselleria de Educación. Una decisión que luego repitió en el caso de las denuncias presentadas por la Asociación en Defensa del Castellano y del sindicato USO.

César Sánchez matizó que el cumplimiento del auto del TSJCV debe materializarse en que el decreto de Vicent Marzà «no puede ponerse en marcha y se tiene que suspender» en referencia a las distintas actuaciones que ha puesto en marcha la Conselleria de Educación tendentes a desarrollar esta norma tal y como ha publicado este periódico.

Ante ello, el presidente de la Diputación alicantina instó al Consell a que «no caiga en la insumisión, respete la legislación, las leyes y la Justicia, y no emule a sus amigos independentistas de Cataluña intentando no cumplir la Ley y las sentencias judiciales».

Para el responsable político alicantino «tenemos que ser serios, responsables y rigurosos porque la provincia de Alicante no se merece un gobierno que viva al margen de la Ley y de las normas de convivencia que nos hemos dado todos los españoles», insistió Sánchez.

La Diputación de Alicante se une de esta manera a las actuaciones previstas tanto por USO como por la Asociación en Defensa del Castellano que han anunciado que van a reclamar a los tribunales que haga cumplir las medidas cautelares sin márgenes de duda a la Conselleria de Educación. Ambas entidades han pedido que se vuelva a la situación que establece el decreto de 2012 que estaba en vigor hasta la aprobación de la norma plurilingüe.

Instrucciones para el curso

Las entidades de esta forma han salido al paso de las instrucciones de inicio de curso publicadas por la Conselleria de Educación, que recopilan las indicaciones necesarias para el funcionamiento de los colegios.

Estas instrucciones, tal y como publicó LAS PROVINCIAS, dejan entrever que no se retocará el modelo lingüístico pese a la suspensión cautelar del decreto del que emana el nuevo sistema.

De esta forma las escuelas aplicarán los niveles Básicos -castellano como lengua base-, Avanzados -valenciano como principal- e Intermedios -en los que las dos anteriores más o menos se equilibran-. El documento también desliza que no se volverá a la normativa anterior, la de 2012.

Hay que tener en cuenta que unos 200 colegios ya aplicarán en septiembre los nuevos niveles en Primaria, pues el decreto da la opción de adelantarse al calendario general. En la mayoría sólo afectará a Infantil, donde no hay distinto peso del inglés en función de la modalidad escogida.

Por otro lado, las instrucciones de inicio de curso no recogen alternativa para que las familias que quieran puedan solicitar cambio de colegio. Es una reclamación que plantean varias de las organizaciones de padres, al considerar que la última admisión se inició con unos programas que pueden acabar anulados. Defienden que se pudo condicionar su elección al optar por una escuela de un perfil diferente al que querían porque el nivel que aplicaba no encajaba con sus preferencias.

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