El TSJ desmonta el eje central del plurilingüismo de Marzà por discriminatorio

El conseller de Educación, Vicent Marzà, y el secretario autonómico Miquel Soler, en una imagen de archivo.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, y el secretario autonómico Miquel Soler, en una imagen de archivo. / álex domínguez

Los magistrados anulan el apartado del decreto que castiga con menos formación en inglés a los alumnos que optan por la enseñanza en castellano

DANIEL GUINDO VALENCIA.

Crónica de una muerte anunciada. El título de la conocida novela de Gabriel García Márquez podría servir de resumen para la trayectoria que ha tenido el polémico decreto del plurilingüismo impulsado por la Conselleria de Educación de Vicent Marzà y aprobado a principios de año. Tras las críticas recibidas desde que apenas tenía unos meses de vida, comenzaron a llover los recursos judiciales y, con ellos, la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat de paralizarlo cautelarmente el pasado mes de mayo antes de adoptar una decisión definitiva.

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Ahora, y paralelamente, el Alto Tribunal le asesta un golpe, posiblemente mortal, directamente a su columna vertebral al entender que uno de sus apartados, el que pretende incentivar la educación en valenciano, «discrimina» a los alumnos que optan por la formación mayoritariamente en castellano y, por tanto, vulnera la Constitución Española. Y esto ocurre porque se presta una mayor formación en inglés, acreditada con una certificación, a los escolares que se decantan por la opción en la que tiene un mayor peso del valenciano, en detrimento de la línea en la que prima más la enseñanza en castellano.

En concreto, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato CSI-F, por lo que anula la disposición adicional quinta del decreto por entender que vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación reconocidos en los artículos 14 y 27 del texto constitucional. En la sentencia, notificada ayer a las partes, el tribunal considera que esta disposición supone «una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia» en el certificado que acredita el nivel de inglés del alumnado al concluir los distintos niveles educativos (Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachiller).

En contexto

En la sentencia, los magistrados resumen que «la diferencia prevista en la disposición adicional quinta del decreto entre las acreditaciones del valenciano y del inglés en los niveles básico, intermedio y avanzado no se fundamenta en una medida de acción positiva o de promoción del valenciano en comparación con el castellano, sino en una estrategia de atracción hacia mayor dinamización o normalización favorable al valenciano a través del ofrecimiento de mayor número de horas en inglés y la más elevada certificación de dicho idioma extranjero». Correlativamente, añade, «se inflige una sanción indirecta (menos inglés y menor nivel de certificación de dicho idioma) al alumnado que desee optar por mayor presencia del castellano, de tal manera que» la citada disposición «produce un efecto inhibidor, desalentador, desincentivador o disuasorio con respecto a quienes pretendan ejercer la opción preferente por el castellano en lugar del valenciano, resintiéndose con ello el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución».

En esta línea, detalla que las distintas certificaciones de inglés que se establecen en la disposición «se articulan en función de la mayor incorporación del valenciano como medida discriminatoria», lo que «implica un desequilibrio para el castellano, sin que supere el canon de razonabilidad necesario, pues presenta un carácter excluyente, ya que se priva de manera irrazonable y carente de justificación del mismo número de horas de inglés al alumnado que curse el nivel básico» -el de mayor presencia de asignaturas en lengua castellana- «y, como consecuencia de ello, de la mayor certificación de inglés».

Paralelamente, y por ejemplo, al acabar la Educación Primaria en el nivel avanzado -mayoritariamente en valenciano- se certificará un nivel A1 en inglés y un nivel A2 en valenciano. Igualmente ocurre en Secundaria. En los niveles con más presencia del valenciano, más formación y acreditaciones más altas en inglés.

La sala apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concluye que la norma «introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales» de la Comunitat, «en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano a cuenta del inglés».

El Alto Tribunal reconoce que, atendiendo a la existencia de dos lenguas cooficiales, la Administración autonómica, acreditado el déficit del valenciano, puede promover acciones positivas para favorecerlo, pero éstas han de ser proporcionadas y no deben ir en detrimento del castellano. «Si la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias legítimas, estimase la existencia de un déficit en el proceso de normalización en detrimento de la lengua propia, se debería otorgar al valenciano un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable. Pero en todo caso resulta exigible la constatación del referido déficit, de modo que en la norma resulte objetivado en todos sus elementos, pues ello constituye el presupuesto que permite ponderar la proporcionalidad razonable». «Exigencia que no se satisface en la norma analizada», concluye.

En resumen, insisten desde el TSJ, la disposición no se sustenta en buscar una mayor promoción del valenciano frente al castellano, sino en una estrategia de atracción a través del ofrecimiento de mayor número de horas en inglés y , por tanto, una certificación más alta en este idioma por lo que, indirectamente, se sanciona a los que opten por la opción del castellano. De ahí que este apartado no supere «el canon de constitucionalidad».

Por otra parte, y según recoge la sentencia «carece de justificación y, por ello, resulta irrazonable y desproporcionado el modo excluyente de concebir en esa disposición el acceso a la enseñanza y la certificación del nivel de inglés para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano». Esta circunstancia, según el tribunal «ni siquiera se concilia normativamente» con el objetivo básico expuesto en otros artículos del decreto como el de proporcionar al alumnado el dominio funcional de una o más lenguas extranjeras, la apertura europea e internacional de las escuelas y del sistema educativo y el fomento sin distinción de la educación plurilingüe como una ventaja para la competitividad, movilidad y ocupabilidad».

Por último, argumentan los magistrados que la disposición «carece de la imprescindible justificación que exige el desvío del equilibrio necesario entre las dos lenguas cooficiales y la consideración del inglés como preferente idioma extranjero, y que se encuentra presente en la sistemática del propio decreto».

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