El PP denunciará a Marzà si no da las nuevas instrucciones del inicio del curso

El conseller de Educación, Vicent Marzà, en Les Corts.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, en Les Corts. / manuel molines

Advierte de que su «insumisión» al Tribunal Superior de Justicia puede incurrir en un delito de malversación de fondos públicos

EP VALENCIA.

La portavoz del grupo parlamentario popular, Beatriz Gascó, anunció ayer que llevará a los tribunales al conseller de Educación, Vicent Marzà, si antes del que comience el curso escolar, el próximo 11 de septiembre, no ha publicado las nuevas instrucciones en cumplimiento de la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ordena a este departamento retrotraerse a la situación previa al decreto de plurilingüismo, que el alto tribunal suspendió cautelarmente.

Gascó advirtió ayer en rueda de prensa de que al PP «no le va a temblar el pulso» en acudir a la vía penal si Marzá persiste en «promover la insumisión» y no acata la suspensión de «este decreto de chantaje lingüístico». «Sería la tercera vez que lo desobedece», alertó.

Al respecto, resaltó las «graves» consecuencias que está teniendo «la opacidad» del Gobierno valenciano «al no solo informar de su plan B» sino de «decir mentiras» ya que pueden incluso incurrir en un delito de malversación de fondos públicos por «la compra por parte de los equipos directivos de lotes de libros escolares, con dinero público, que puede que no sirvan al cambiar el idioma de base».

En ese sentido, recalcó que a Marzà y al Gobierno valenciano «no le va a salir gratis saltarse las leyes y el Estado de Derecho». Por ello, le exhortó a publicar «con carácter inmediato» unas instrucciones «claras» de inicio escolar que indiquen cómo van aplicar la resolución del TSJ, que obliga al departamento de Marzà a aplicar la normativa anterior, los decretos 127/12 y 234/97.

Asimismo, pidió que estas instrucciones permitan a las familias que «hayan visto vulnerados sus derechos» tras la suspensión cautelar del decreto a poder cambiar de centro escolar en base a los criterios de 2012, así como a comunicar a los consejos escolares municipales «cuál es el decreto en vigor para que sepan a qué atenerse».

Gascó exigió a Marzà que publique en la conselleria cuál es el proyecto lingüístico que se va a aplicar, que sea la Inspección Educativa la que «vele y garantice que se ha vuelto al decreto de 2012» y que publique asimismo «la relación de actos administrativos que son nulos», ya que recordó que la resolución del TSJ de suspensión del decreto no sólo afecta también a todo lo que hubiera podido realizarse a su amparo.

Del mismo modo, recalcó los problemas de las familias que no saben en qué lengua deben comprar los libros y preguntó qué pasará con las que ya hayan adquirido los manuales y tengan que cambiarlos. «Quién se va a responsabilizar», ha cuestionado. Además, afirmó que por «la irresponsabilidad» de Marzà «muchas familias se están enfrentando directamente a los equipos directivos».

Beatriz Gascó considera «una vergüenza» que tras todos «los varapalos judiciales» Marzà siga callado desde julio -cuando salió el último auto del TSJ- y que «no diga nada de su famoso plan B», así como que no dé explicaciones en las Corts como le han reclamado, la última vez el pasado miércoles.

Al respecto, negó que el PP quiera judicializar la vida política pero ha señalado que no les dejan otra alternativa y que «llegarán hasta donde haga falta en defensa de las libertades» porque «no es un debate pedagógico, sino ideológico al querer Marzà imponer su modelo ideológico pancatalanista».

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