La demanda de paternidad a Julio Iglesias se presentará en Valencia en dos semanas

Javier Santos, en una foto reciente.
Javier Santos, en una foto reciente. / lp

Javier Santos pide audiencia al Papa para plantear su caso y asegura que lleva «40 años luchando para conseguir un padre»

Juan Antonio Marrahí
JUAN ANTONIO MARRAHÍValencia

Un juzgado de primera instancia de Valencia es, finalmente, el órgano judicial elegido por el valenciano Javier Santos para presentar su demanda de paternidad sobre Julio Iglesias tras lograr una prueba de ADN que confirma el parentesco al 99,9%.

Después de que su abogado, Fernando Osuna, apuntase las posibilidades de Madrid o Marbella como lugares en los que iniciar la nueva lucha judicial, finalmente será la capital del Turia, lugar de residencia del supuesto hijo secreto, donde se presentará el escrito de demanda a mediados de este mes.

La historia se repite en todos los extremos, pues ya fue un juez valenciano José Luis Rubido, quien declaró la paternidad de Julio Iglesias sobre Javier en 1992, a pesar de que su decisión fue tumbada posteriormente tanto por la Audiencia de Valencia como por el Tribunal Supremo.

Santos se enfrenta ahora a un primer muro en sus propósitos: la norma legal que impide juzgar dos veces un asunto sobre el que ya se pronunciaron los tribunales hace más de dos décadas. «Pero existe una diferencia crucial», describe su letrado. «Antes no había prueba de ADN porque Julio Iglesias no colaboró y ahora sí la tenemos y corrobora, sin lugar a dudas, que el cantante es el padre de Javier. La justicia no puede dar la espalda a la ciencia», apostilla.

El supuesto hijo secreto confía en que el juzgado que reciba la demanda de paternidad la admita en atención a esta prueba genética, obtenida gracias a un detective. También ha apelado al Defensor del Pueblo para que la rigidez de la 'cosa juzgada' no se interponga ahora en el camino.

«Llevo 40 años luchando para conseguir lo que millones de personas tienen: un padre», clama Santos. Su último paso ha consistido en solicitar audiencia al Papa Francisco. «La Iglesia defiende a la familia», recuerda. «Aunque no consiga ser reconocido, me sentiré reconfortado si me escucha». Además, estima, «sería importante que tantos hombres y mujeres no reconocidos por sus padres hallaran consuelo al ver que un personaje de relevancia mundial se acuerda de los marginados y olvidados por nuestros progenitores».

Si finalmente logra el encuentro con el Pontífice, el valenciano planteará que justicia y ciencia «no pueden contradecirse». Se trata del mismo argumento esgrimido ante el Defensor del Pueblo y ante entidades genéticas nacionales e internacionales.

Cronología

Relación.
El supuesto hijo secreto atribuye su nacimiento a una relación sentimental entre su madre, María Edite Santos, con el cantante en 1975.
Primera demanda.
Presentada en los años 90, cuando Javier tenía 16 años. No logró su propósito.
Segunda demanda.
Se presentará en unos días, tras la obtención de una prueba privada de ADN que confirma el parentesco.

Si finalmente el juzgado valenciano decide admitir la demanda, comenzaría la fase de declaraciones, presentación de documentos y testigos. La prueba genética privada no tendría, en principio, validez en el nuevo proceso. El juez podría ordenar un nuevo cotejo, ya bajo el paraguas del sistema forense judicial español.

En el proceso judicial de los años 90, el cantante se negó a colaborar con la comparación de ADN. Precisamente esta negativa fue tenida en cuenta por el juez Rubido como una de las pruebas más evidentes para declarar la paternidad del cantante. Sin embargo, la tesis del Supremo difiere: el hecho de que una persona no quiera someterse a la prueba de ADN no la convierte, necesariamente, en el progenitor del demandante. Y en esta complicada tesitura se mueve ahora el caso.

Santos confía en que se tenga en cuenta la Constitución cuando afirma que la ley «posibilitará la investigación de la paternidad» y la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica».

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