Cuatro funcionarios justifican los pagos investigados a la concertada

Los jefes de servicio de Educación declaran que Feceval aportó planes de formación y asistentes a los cursos por los que cobró

A. CHECA VALENCIA.

La causa de los presuntos pagos irregulares a la concertada vivió un nuevo episodio en el juzgado de instrucción número tres de Valencia. Después de que la Audiencia ordenara a finales del año pasado la reapertura del caso, tras cerrarlo el instructor (con la posición favorable del fiscal) y por petición de la Abogacía de la Generalitat de seguir investigando, cuatro jefes de servicio de la Conselleria de Educación declararon ayer en la causa. Lo hicieron en condición de investigados, tras determinar la Audiencia su responsabilidad en la autorización de los pagos a los llamados 'liberados' de Feceval, coordinadores de programas de formación de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia.

Y, según fuentes jurídicas, su versión fue dotar de normalidad los pagos efectuados entre 2009 y 2014 (se investigan en ese periodo porque no tenían cobertura de un convenio, finalizado y no prorrogado un año antes). Los empleados públicos aseguraron que Feceval sí presentó los planes de formación por los que supuestamente se entregaba el dinero público, así como los justificantes de firmas de los docentes que acudieron a dichos cursos.

Respecto a la razón por la que se hicieron los pagos a los coordinadores pese a no estar en vigar el citado convenio, los jefes de servicio de la Conselleria de Educación investigados se escudaron en que seguían una orden de sus superiores, tal y como añadieron las mencionadas fuentes jurídicas. Además de los cuatro funcionarios investigados, en la causa figuran bajo esa condición dos miembros de Feceval, entre ellos el que fuera presidente de la Federación.

Al juzgado de instrucción número tres de Valencia también acudieron ayer responsables de centros concertados en los que estaban dados de alta los 'liberados' de Feceval, aunque luego prestaban sus servicios y los cursos en la sede de la Federación.

La Audiencia ordenó retomar la investigación al apreciar «indicios objetivos de criminalidad derivados de haber firmado contratos simulados con cinco personas muy vinculadas a Feceval para así permitirles trabajar como empleados de dicha entidad, pero cobrando con cargo al erario público, sin que por ahora haya quedado justificado de un modo mínimamente convincente, al menos a nivel indiciario, que esas personas realizaron la actividad laboral explicitada en los contratos, que era el desarrollo de tareas de organización y coordinación de formación del profesorado», como constaba en el auto.

El testimonio prestado ayer por los jefes de servicio de Educación, no obstante, prueba cierta actividad formativa de los coordinadores de Feceval. La denuncia inicial de los hechos la presentó Compromís, a la que posteriormente se sumó el ministerio fiscal.

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