El cuarto horizonte del metro

Víctimas del accidente, congregadas en la plaza de la Virgen de Valencia. / irene marsilla
Víctimas del accidente, congregadas en la plaza de la Virgen de Valencia. / irene marsilla

Las periciales de las acusaciones buscaban argumentar el mal estado de la vía y del convoy ante la nueva declaración de los ocho investigados La nueva reapertura desembocará en un juicio sin las pruebas que pedían las víctimas

A. CHECA VALENCIA.

Habrá juicio sobre el accidente mortal del metro de Valencia con 43 muertos y 47 heridos. Habrá exresponsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sentados en el banquillo de los acusados. Esa es la parte 'positiva' de la historia para las víctimas del siniestro. «Es una buenísima noticia, la mejor noticia que nos podían dar. Personalmente, para mí la apertura de juicio era una meta. Ahora habrá que pelear porque se demuestre la responsabilidad, pero llegar hasta aquí es un triunfo», aseguraba ayer Beatriz Garrote, la que fuera incansable presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) antes de que su hermana Rosa cogiera el testigo. En el otro lado de la balanza, la merma de elementos de 'pelea' procesal, usando la jerga empleada por Beatriz Garrote, que las acusaciones han sufrido de cara a la vista oral al rechazar la Audiencia la práctica de todas las pruebas extra que los recurrentes pedían de cara a sostener el procesamiento de los exdirectivos.

«El proceso ha entrado por el camino de en medio», es la gráfica frase empleada ayer por una jueza de Valencia con 20 años de carrera consultada por LAS PROVINCIAS y en referencia al auto de reapertura del caso dictado por la Audiencia de Valencia. La magistrada se refiere así a las dos lecturas expuestas al inicio de esta crónica: el rumbo del proceso hacia la apertura de juicio a los investigados frente a las pruebas reclamadas por las acusaciones que se han quedado por el camino. «No podían admitir las pruebas propuestas cuando hace un año denegaron otras similares», explicó a este diario un letrado del caso. El tribunal ya descartó que los peritos de la Inspección de Trabajo y del Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) ampliaran sus informes al considerar que no había «lagunas, omisiones, términos oscuros o afirmaciones dudosas» en los estudios de los técnicos.

Una de las vitales pruebas que la Audiencia ha dejado fuera del proceso es la pericial que fiscal y acusaciones reclamaban por parte de cuatro ingenieros de la Politécnica de Valencia y Cataluña, así como otros dos peritos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, al considerar parcial el informe de la Agencia Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, dependiente de Fomento. El nuevo estudio hubiera sido clave para rebatir contundentes afirmaciones de los especialistas de la agencia española: «Tras el análisis de los documentos del sumario, los técnicos que suscriben este informe no han identificado ningún elemento en el proceso de homologación ni de gestión del mantenimiento que pudiera haber supuesto una causa o factor influyente en el accidente»; «a la vista de las diferentes diligencias de investigación que obran en la causa, no se ha identificado ningún elemento que permita concluir que la empresa ferroviaria no cumpliese con la normativa en materia de homologación del vehículo ferroviario, en los mantenimientos preventivos y las revisiones realizadas».

El futuro del proceso -que entra en su cuarta fase después de tres reaperturas- pasa ahora por la citación de la jueza a los investigados de la cúpula de FGV en 2006. Marisa Gracia, la que fuera gerente, será una de las convocadas, junto a otros cuatro imputados. Otros tres exdirectivos de Ferrocarrils sí han comparecido. Tras este paso, el juzgado abrirá fase de juicio oral, que previsiblemente acabará en manos de un juzgado de lo penal de Valencia.

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