Ayuntamiento y Generalitat llevarán a Fomento una propuesta de la V-21 con menor impacto en la huerta

Una de las curvas de la V-21 cuya seguridad quiere mejorar Fomento. / Damián Torres
Una de las curvas de la V-21 cuya seguridad quiere mejorar Fomento. / Damián Torres

Ribó asegura ahora que no renuncia a la ampliación a tres carriles de la autovía

ISABEL DOMINGO VALENCIA.

El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat se reunirán este viernes con el Ministerio de Fomento para presentar una propuesta alternativa a las obras de ampliación de la V-21, cuyo proyecto de tercer carril entre Port Saplaya y Valencia está actualmente en licitación y el tripartito rechazó hace una semana en una moción en el pleno municipal.

Según ha explicado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, el Consistorio no renuncia a la ampliación y el pleno ha instado a “mantener la inversión” de la obra, como así trasladarán al ministerio, pero “sin arrasar con la huerta productiva de Valencia y Alboraya”. Así, en la reunión que mantendrán con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, se presentará un estudio donde se reduce el impacto sobre la huerta entre un 50 y 60% sobre las pretensiones del Gobierno Central, han indicado fuentes municipales. No obstante, Fomento ya desmintió hace unos días que la afección fuera de 80.000 metros cuadrados, como indica el colectivo Per l’Horta, y la cifró en la mitad.

A la reunión con el ministerio acudirán los concejales María Oliver (València en Comú e impulsora de la moción en contra del proyecto) y Vicent Sarrià, además del secretario autonómico de Obras Públicas, Josep Vicent Boira.

Preocupación entre las organizaciones empresariales

Las alarmas saltaron entre las organizaciones empresariales tras conocerse que el Ayuntamiento de Valencia aprobaba la semana pasada una moción en el pleno municipal -con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos- para instar al Ministerio de Fomento a paralizar la ampliación a tres carriles de la V-21 en el tramo entre el barranco del Carraixet (Alboraya) y la entrada a Valencia, que actualmente se está tramitando y está en fase de licitación.

Así, son 29 las empresas que se han presentado ofertas para ejecutar unas obras que tiene un coste de 28,99 millones y que comenzaron a tramitarse en 2007 aunque no fue hasta el año pasado cuando se dio el visto bueno al trazado definitivo tras pasar por las fases de alegaciones y declaración de impacto ambiental.

Según la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, si Fomento decidiera atender la petición del Consistorio valenciano de la semana pasada podrían perderse 420 empleos directos y otros 60 indirectos. «Son los que genera la ejecución de una obra. Por cada millón de euros invertidos en obras públicas se crean unos 16 puestos de trabajo», explicó ayer el director-gerente de la entidad, Manuel Miñés, quien también alertó de las congestiones de tráfico que sufre esta autovía (tiene una IMD de casi 72.000 vehículos a su paso por Meliana). «Si evitamos los atascos, reduciremos la contaminación», recordó, además de añadir «la falta de alternativas en transporte público que tiene la zona».

Los contratistas también cifraron en un 92% el incremento de la actividad económica inducida «debido a la demanda de bienes y servicios». En este sentido, Miñés criticó la política del gobierno municipal de Joan Ribó de «ir en contra de lo que supone crear riqueza y dinamizar la economía», en alusión al rechazo al acceso norte del Puerto de Valencia, las viviendas en el Parque Central o la mejora de la V-30.

En la misma línea que la Cámara de Contratistas se posicionó la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que mostró su temor a que las obras, cuya tramitación se ha alargado una década, «se vean ahora paralizadas por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Valencia».

Inversión en peligro

El ministerio ya advirtió el pasado viernes al tripartito de que la inversión peligraba y los 30 millones podrían destinarse a actuaciones en otra autonomía, además de alertar de saturaciones de tráfico y de una demora de otros diez años si ha de replantearse el proyecto.

Desde la CEV se recordó que el tercer carril pendiente en la V-21 -ya se ejecutó entre Puçol y Port Saplaya- es una de las infraestructuras identificada como prioritaria en el informe 'Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana', elaborado por la patronal y que enumera y cuantifica las actuaciones necesarias para impulsar la competitividad de las empresas y el desarrollo sostenible del territorio.

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También la Generalitat incluye las mejoras en la V-21 en la 'Agenda Valenciana de Infraestructuras' que tanto la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, como el presidente del Consell, Ximo Puig, entregaron al ministro Íñigo de la Serna con las reivindicaciones. En el caso del tercer carril de la antigua N-340, figura con las «mejoras en vías de circunvalación» de la V-30.

Por su parte, la CEV considera la V-21 «una vía de conexión estratégica para el desarrollo económico, para el tráfico de mercancías y para la movilidad ciudadana. Su importante densidad de tráficos arroja un histórico de siniestralidad que hace irrenunciable su ampliación con un tercer carril en cada sentido para evitar la saturación y el colapso de los tráficos de acceso de entrada y salida a la ciudad de Valencia».

La patronal autonómica que preside Salvador Navarro denunció el «cambio de reglas de juego con la partida en su recta final», haciendo referencia a que la petición de paralización, solicitada por los mismos grupos que en 2015 apoyaron el proyecto, se produce en el tramo final de su tramitación. Es decir, una vez superada ya la fase de consultas y exposición pública «y con los preceptivos informes ambientales, urbanísticos, jurídicos y de toda índole que exige una obra de esta magnitud ya aprobados».

Por ello, la CEV instó a las administraciones a trabajar para que el desarrollo de las infraestructuras se lleve a cabo en «el marco de un pacto global con una estrategia común y estable en el tiempo».

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