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Un hospital valenciano, en una imagen de archivo. irene marsilla
El Constitucional tumba la sanidad gratis a extranjeros ilegales de la Comunitat

El Constitucional tumba la sanidad gratis a extranjeros ilegales de la Comunitat

Tercer varapalo judicial a la conselleria tras la derogación de la jubilación forzosa de los médicos y los decretos contra el copago farmacéutico

DANIEL GUINDO

VALENCIA.

Miércoles, 20 de diciembre 2017, 01:02

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad del Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio, de la Generalitat por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat. El alto tribunal considera que la norma valenciana se extralimita en las competencias que se atribuye e invade las del Estado, por lo que opta por dictaminar la inconstitucionalidad del decreto.

Esta normativa, que supuso una de las primeras decisiones relevantes del actual Consell, permitía el acceso gratuito a la sanidad pública a extranjeros mayores de edad que no contaban con el pertinente permiso de residencia en España ni estaban asegurados por la Seguridad Social, aunque durante un mínimo de tres meses estén empadronados en algún municipio valenciano. Por contra, la ley estatal que regula el Sistema Nacional de Salud permite acceder a las prestaciones a los extranjeros irregulares, pero sólo en determinados supuestos y circunstancias concretas (menores, mujeres embarazadas y durante el parto y el postparto, o aquellos con una enfermedad grave y urgente), es decir, no de una manera generalizada.

Por tanto, el tribunal estima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra el decreto valenciano y considera que entre en contradicción con la normativa nacional, puesto que lleva a efecto «una ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado en la normativa estatal».

El tribunal considera que el Consell invade competencias estatales en su regulación

La decisión del Constitucional supone el tercer varapalo judicial que se lleva la Conselleria de Sanidad en apenas seis meses. De hecho, el pasado viernes, el Tribunal Supremo confirmó la anulación del decreto autonómico que obligaba al personal sanitario a jubilarse, de manera forzosa, a los 65 años. El alto tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto contra una sentencia previa, de 26 de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat. Esta resolución ya dejaba sin efecto la norma y, según el sindicato CSI-F, impulsor del recurso contra la norma, Sanidad tendrá que readmitir a más de 300 facultativos afectados.

Además, a principios del pasado mes de julio el TSJ también declaraba nulos otros dos decretos aprobados al comienzo de legislatura para subvencionar el copago farmacéutico y productos ortoprotésicos. La sala consideró que estas subvenciones deben ayudar a personas que se encuentren «en situación real de necesidad», pero no ocurre así. En concreto, el TSJ explicó que del contenido de los dos decretos «no se extrae como consecuencia que las personas beneficiarias de las ayudas se hallen en todo caso ante una situación de necesidad, la cual deberá derivarse de los medios económicos que las mismas posean». A juicio del alto tribunal, uno y otro decreto «deberían fijar los presupuestos económicos que deben poseer las personas con diversidad funcional y los pensionistas para acceder a la subvención. Al no haberlo hecho así, añadió, «se incumple el mandato constitucional y se desvirtúa la finalidad de las subvenciones que aquellas normas establecen». Al respecto, fuentes de Sanidad recordaron ayer que esta última decisión del TSJ ya fue recurrida y que, en cualquier caso, hace referencia a subvenciones ya concedidas, por lo que no tiene ningún tipo de efecto.

Aún así, estas últimas decisiones judiciales dejan en entredicho la labor legislativa que encabeza la Conselleria de Sanidad. En concreto, y sobre la anulación por parte del Constitucional del decreto de acceso universal a la sanidad, el diputado del PP en Les Corts José Juan Zaplana destacó ayer que estaba «mal hecho», y opinó que la consellera Carmen Montón debería dimitir e «irse a su casa». «Le dijimos que ese decreto estaba mal hecho, que incumplía las competencias de la Comunitat para poder crear normas», pero «les dio igual» y crearon «expectativas» en los ciudadanos, lamentó. En su opinión, Montón «es una chapuza en la gestión», pues «desde el primer día en que tomó posesión» la sanidad pública «está cayendo en picado».

El diputado popular contestó también a las afirmaciones vertidas por responsables del PSPV, Compromís y Podemos, que acusan al Gobierno central de querer restar derechos a los valencianos. Por ejemplo, el portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, responsabilizó al PP de promover el recurso, en una «agresión radical a la gente más humilde». «Lo que ha hecho el PP es de ser malas personas», agregó. Zaplana, por su parte, resaltó que, aunque se echen las culpas a su partido, el que ha anulado ese decreto es el tribunal «porque es ilegal y anticonstitucional».

Asimismo, su homólogo de Ciudadanos Juan Córdoba mostró su respecto a las decisiones que toma el Constitucional al tiempo que recordó que su formación ya advirtió que «esto podía pasar porque existían dudas de que la Generalitat estuviera excediendo sus competencias».

En esta línea, Córdoba señaló que «ahora toca trabajar para garantizar una asistencia sanitaria universal y evitar que nadie se quede desatendido ni que se generen situaciones de peligro de salud pública».

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