El conseller Vicent Marzà se enfrenta a otros once recursos de colegios para recuperar aulas concertadas

El conseller de Educación, Vicent Marzà, durante un pleno de Les Corts. / Irene MARSILLA

Educación utiliza la fianza que deben depositar los centros tras la suspensión del recorte para criticar el coste de los conciertos

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

Los colegios Purísima Franciscanas y Domus podrían no ser los únicos en recuperar los conciertos de Bachillerato. La conselleria tendrá que enfrentarse en los próximos meses a al menos once recursos de lo contencioso administrativo presentados por otros tantos centros afectados por el recorte, según se desprende de la información recopilada el jueves a través de titulares, directores o equipos jurídicos. De estos, ocho lo acompañan de la petición de medidas cautelares, como los dos primeros.

Además es un dato de mínimos, pues los 21 colegios que perdieron unidades de 1º tras el proceso de renovación de conciertos están a tiempo de reclamar ante la justicia, incluídos los que han presentado recurso de reposición ante la administración, pues dispondrán de un plazo extra, en caso de desestimación, para ir por la vía judicial. En síntesis, de todos los afectados, ocho buscan la mayor inmediatez posible en la recuperación de los fondos públicos en lugar de esperar a un dilatado proceso en los tribunales.

Del sondeo también se desprende que hay centros que, pese a poder hacerlo, no darán el paso de solicitar medidas cautelares, y alguno ya ha informado a los padres a través de una carta de que no se solicitará la suspensión ante la previsible exigencia de una elevada fianza -como ha sucedido con La Purísima y Domus- que no podrían asumir. Hay que recordar que el auto pide el depósito de una cuantía equivalente al concierto recuperado durante el plazo de dos años, una especie de garantía por si las escuelas pierden el recurso y deben compensar a la Generalitat por los fondos públicos transferidos durante el tiempo que dura el proceso judicial.

Puig dice que «no tiene sentido» concertar cuando hay plazas libres en la red pública

La Conselleria de Educación se encargó el jueves de poner cifras a este aval a través de una nota de prensa: casi 1,1 millones, de los que 539.000 euros corresponden al primero y 545.000 al segundo. El comunicado incluía cierto componente de crítica que llamaba la atención. Ni siquiera cuando el TSJCV tumbó el decreto de plurilingüismo se deslizaba un tono así de contundente. «Esto es lo que cuesta a los valencianos la existencia de estos conciertos no necesarios, que duplicarían los recursos económicos invertidos por la Generalitat, ya que la oferta de escolarización en sus zonas está cubierta con los centros públicos y concertados que aseguran ya un servicio educativo suficiente», rezaba.

En declaraciones a Radio Valencia, el secretario autonómico Miguel Soler dijo que no transferirán los módulos del concierto hasta que se deposite la cuantía fijada. Fuentes del equipo jurídico de los centros se mostraron escépticos ante la afirmación y anunciaron que pedirán aclaraciones a la sala sobre cómo proceder. También cuestionaron la idea anterior, en referencia al Domus, alegando que en Godella no hay IES ni se garantiza la escolarización del alumnado en el área de influencia.

Recurso de casación

Además, la conselleria añadió en su comunicado que presentará ante el Supremo un recurso de casación contra las cautelares al no compartir la decisión y alegó que la Generalitat «no está en contra de los centros concertados» aunque dijo que «son necesarios siempre que la red educativa pública no cubra las necesidades de escolarización».

Las reacciones a la decisión judicial, que recuerda al Consell la importancia de velar por los intereses de la comunidad educativa, se sucedieron el jueves. Desde la Mesa por la Educación en Libertad, que agrupa a las patronales concertadas y a representantes de padres y docentes, su portavoz Vicente Morro destacó que se «abre la vía para recuperar el concierto de Bachillerato» y añadió que «la conselleria hizo un mal decreto, suprimió aulas que no debía y la consecuencia es que los tribunales están paralizando decisiones arbitrarias».

También señaló que «nos encontramos ante otra decisión de un tribunal para garantizar los derechos de los alumnos, los docentes y los centros ante nuevas normativas que no garantizan la libertad de elección de las familias. Primero fue el plurilingüismo, ahora los conciertos. ¿Cuál será la siguiente suspensión?», se preguntó. «Estas nuevas cautelares deberían hacer reflexionar al Consell y plantearse el daño que hacen al sistema educativo», añadió.

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Por su parte, el presidente Ximo Puig dijo que «no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la eficiencia económica que habiendo plazas libres en el sistema público se concierten en la parte no obligatoria», como recogió Europa Press. Añadió que buscan «un pacto educativo y que los negocios y las ideologías no estén por encima de una educación pública para todos», y acusó al PP de utilizar la educación como «elemento permanente de confrontación». También se preguntó «por qué se concertaron bachilleratos cuando había plazas libres en los institutos cuando no es obligatorio» y «por qué se intentó privatizar al máximo la educación en la Comunitat».

Los populares, por su parte, hablaron de «un nuevo varapalo» de la justicia a las políticas del Consell, en palabras de Isabel Bonig, quien anunció, junto al portavoz en el Congreso Rafael Hernando, la presentación de una proposición no de ley en defensa de la libertad educativa. Además, se pedirá al Gobierno que «vele» para garantizar una oferta «plural».

En cuanto a Ciudadanos, la diputada Merche Ventura manifestó que «es un problema hacer política desde el sectarismo porque se destruye lo que funciona» y criticó «el desastre que Marzà ha creado en la educación».

La Purísima reclama un plazo especial de matriculación

El colegio La Purísima Franciscanas de Valencia, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, exigió a la Conselleria de Educación un plazo de matrícula extraordinario. La Purísima cuenta con 70 plazas en 1º de Bachillerato que, en principio, pueden ofertarse como concertadas. La extensión del plazo permitiría al centro recuperar posibles alumnos que no solicitaron entrar tras la pérdida de los fondos públicos, pues optaron por otros colegios. Asimismo, la recuperación del concierto beneficiaría a los 58 alumnos de 4º de ESO que han cursado sus estudios en la escuela desde el principio y pidieron continuar. La decisión del TSJCV se fundamenta en los daños que podría causar la supresión al impedir el acceso en condiciones de igualdad en 1º de Bachillerato. En un comunicado el centro señaló que la medida cautelar supone recuperar el concierto de manera provisional hasta que se celebre el correspondiente juicio y se resuelva el fondo del recurso interpuesto tras el recorte.

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