El Consell tilda de «insólito» que el TSJ lleve al Constitucional el decreto del plurilingüismo

Marzà a bordo del autobús de la campaña de publicidad. / lp
Marzà a bordo del autobús de la campaña de publicidad. / lp

Marzà asegura que no comparte la decisión del tribunal y recuerda que la norma se encuentra ya derogada

R. V. VALENCIA.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, calificó ayer de «insólita» la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de plantear una cuestión de inconstitucionalidad frente al decreto ley 3/2017 por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos en los centros educativos.

La consellera resaltó que desde la Generalitat se seguirá trabajando para que en la Comunitat se mejore la educación y la competencia lingüística, recuperando la calidad, más profesorado y más formación, con el fin de que cuando los alumnos terminen su etapa educativa dominen los tres idiomas. «Y en eso está empecinado el Consell», manifestó.

Oltra, que lamentó el «intento de paralización del PP» de las mejoras para que los niños tengan más competencia lingüística «tras fracasar en sus 20 años de Gobierno», pidió a los 'populares' que «no pongan palos en las ruedas» en esta cuestión, que subrayó que «no afecta para nada» a nadie de la comunidad educativa ni al funcionamiento de los centros.

Defendió que la Generalitat «ha cumplido en todo momento con los mandamientos judiciales» y añadió que cualquier otra interpretación «se sale del ámbito jurídico». «Yo soy jurista y no puedo más que calificar de insólita la decisión del TSJCV por presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre una norma derogada», dijo.

«Se me escapa la explicación jurídica», admitió, aunque rechazó pronunciarse sobre «juicios de valor que contiene». «Como creo que sobre otros no es bueno, y menos en el ámbito judicial, me guardaré la opinión que tengo sobre ellos, pero en las resoluciones judiciales deben estar ausentes los juicios de valor», insistió, en alusión a la «exigencia de taxatividad y seguridad jurídica mínima que se debe exigir a cualquier resolución judicial».

Por su lado, de Educación y Cultura, Vicent Marzà, manifestó que la Generalitat «no comparte» el acuerdo del TSJ porque «está ya derogado».

Marzà, tras presentar el 'bus de la lengua', recordó que tanto este decreto como el decreto de plurilingüismo 9/2017 están derogados y hay una normativa que es la ley aprobada por una mayoría más que amplia de Les Corts, «un instrumento al servicio de la ciudadanía».

El conseller de Educación aseguró que el Consell «desde el primer momento» cumplió con las resoluciones del TSJ, y añadió que «buena muestra de ello es que el decreto ley incorporaba el sentido de lo que había dicho el TSJ y al mismo tiempo garantizaba el inicio del curso con total normalidad como así fue y para eso necesitábamos un decreto ley».

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