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Manifestación de padres contra el decreto del plurilingüismo durante el pasado mes de marzo. jesús signes
El Consell rectifica su modelo plurilingüe para respetar el castellano

El Consell rectifica su modelo plurilingüe para respetar el castellano

Educación se ve obligada a corregir su programa educativo tras el rechazo social y el bloqueo judicial

DANIEL GUINDO

VALENCIA.

Sábado, 30 de septiembre 2017, 01:01

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El denostado decreto de plurilingüismo ya es historia. La presión de buena parte de la comunidad educativa y las multitudinarias manifestaciones de protesta encabezadas por familias y docentes han sido decisivas para que la Conselleria de Educación se haya visto obligada a dar marcha atrás no sólo en su proyecto estrella, sino en la que es una de las principales banderas del tripartito que rige el Gobierno autonómico.

El aluvión de recursos judiciales, la paralización cautelar del decreto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat y la previsible intervención del Constitucional había dejado al titular del departamento Vicent Marzà entre la espada y la pared. Y no ha tenido más remedio que recular y rectificar el eje central de su planteamiento inicial, que no era otro que supeditar un mayor aprendizaje de inglés a la formación eminentemente en valenciano, cuestión que los padres tildaron de «chantaje» y que era la puerta de entrada a la abanderada inmersión lingüística.

Éste era, precisamente, el punto más polémico del decreto y el que había llevado a sindicatos como el CSI-F a plantear que lesionaba derechos fundamentales de los alumnos que optaban por los niveles con mayor presencia de la lengua castellana. Y así lo refrendó el TSJ al anular el apartado que lo sustentaba y que era el eje central de la norma.

Frente a este callejón sin salida, Marzà no ha tenido más remedio que confeccionar una alternativa a su plan maestro, una norma, que tendrá rango de ley, y que regulará el modelo plurilingüe equiparando ambas lenguas oficiales. El nuevo sistema establece que, como mínimo, el 25% de la enseñanza se ofrecerá en castellano y otro 25% en valenciano. El inglés, por su parte, tendrá un peso en las asignaturas de entre el 15 y el 25% (como presencia mínima y máxima, respectivamente). Decidir qué porcentaje de inglés y en qué lengua se imparte el resto del programa dependerá de la elección de los consejos escolares de cada centro. Por tanto, los colegios tendrán autonomía para decidir si hay un mayor peso del castellano o del valenciano en su programa (o el mismo de ambas lenguas), pero siempre de forma independiente a la presencia del inglés.

El nuevo modelo, por tanto, modifica sustancialmente lo que pretendía implantar el decreto del plurilingüismo paralizado, que establecía tres niveles (básico, intermedio y avanzado) en los que, progresivamente, disminuía la presencia del castellano y aumentaba la del valenciano y el inglés. De esta forma condicionaba a las familias que querían una mayor formación en inglés a optar por el modelo eminentemente en valenciano. Por tanto, la nueva normativa se aleja del modelo de inmersión lingüística que planteaba que el valenciano debía ser la lengua vehicular y predominante. También es cierto que no habrá alumnos en la Comunitat que queden exentos de aprender la lengua valenciana.

Asimismo, el futuro sistema también supone una diferenciación con el modelo actual de líneas en castellano y en valenciano. El nuevo sistema plurilingüe podrá propiciar que se incremente la presencia del valenciano en las, hasta ahora, líneas en castellano (con una asignatura en valenciano además de la de lengua valenciana), y viceversa, también podrá tener más peso el castellano en las líneas en valenciano.

Otro aspecto que también corrige la futura ley es el asunto de las acreditaciones, especialmente de conocimiento de la lengua inglesa. Con el decreto paralizado, únicamente podrían obtener este título aquellos que cursaran los niveles superiores, precisamente los de mayor presencia del valenciano, y ahora se extrae de la ley y se regulará en una normativa diferente. Además, se acreditará en función de las horas que se imparta de cada lengua, por lo que ya no quedará de forma casi exclusiva para los modelos eminentemente en valenciano.

La implantación de esta ley alternativa, según comentó ayer el conseller en la presentación de la propuesta a parte de la comunidad educativa y docente, será de forma gradual en los próximos tres años. El calendario prevé la aplicación para el próximo curso 2018-19 en Educación Infantil y primer ciclo de Primaria; en 2019-20 en toda la Primaria y centros de Educación Especial, y en 2020-21 en Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP y FPA). Hasta entonces se aplicará la norma vigente actualmente.

Otro punto reseñable es la derivación que el conseller ha hecho de la responsabilidad de su confección. Aunque Marzà ha orquestado los cambios a los que se ha visto obligado, serán Les Corts las que debatan y concreten la norma, por lo que, indirectamente, blinda el plurilingüismo en una ley.

Colectivos de padres contrarios al anterior decreto se muestran prudentes a valorar la futura ley hasta que no analicen con detenimiento el texto, aunque ya avanzan un primer análisis. Julia Llopis, presidenta de la Confederación Católica de Padres de Familia y padres de Alumnos de la Comunitat, advirtió de que los colegios podrían decantarse por dar más peso al castellano o al valenciano (incluso decidir que haya más o menos presencia de inglés) en función de los recursos humanos con los que cuenten, por lo que no se incentiva la igualdad entre unos colegios y otros. «Dependerá de la suerte de cada alumno», añadió. También subrayó que la norma responde a «una reculada» del conseller, que «debería presentar la dimisión».

Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, también resaltó que este cambio de normativa «demuestra el fracaso absoluto de la política de Marzà», a quien «le ha forzado la sociedad civil tras manifestarse y acudir a los tribunales».

Ambos advirtieron que la nueva ley sigue sin contar con el consenso de toda la comunidad educativa, y Morro alertó también de que «ahora se saca del debate educativo y se lleva al debate político, por lo que nadie podrá presentar un recurso». Este portavoz lamentó que después de todo el conflicto, el conseller haya «improvisado» esta norma, algo que demuestra también que el anterior decreto y su acérrima defensa «no han servido para nada».

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