El Consell podrá pedir que los municipios adelanten el pago de los nuevos colegios

El conseller Vicent Marzà durante la presentación de Edificant a una representación de alcaldes. / gva
El conseller Vicent Marzà durante la presentación de Edificant a una representación de alcaldes. / gva

El programa Edificant también contempla que los ayuntamientos se encarguen de equipar los centros y prevé varias opciones para el abono de las obras

J. BATISTA VALENCIA.

El Diari Oficial de la Generalitat publicó ayer el marco jurídico de Edificant, el programa ideado por el Consell para acelerar la construcción y rehabilitación de colegios públicos con la colaboración de los ayuntamientos. La idea es que los consistorios se encarguen de todo el trabajo de tramitación y de licitar las obras y que la inversión sea asumida por la Generalitat. Se contemplan varias formas de pago: por fases y en función del ritmo de ejecución de las actuaciones, de una vez tras la finalización y de manera anticipada por parte del ayuntamiento o entidad que asuma la tramitación. Aunque esta última opción se considera excepcional, la normativa dice que se permite utilizarla hasta un máximo del 20% de las cuantías presupuestadas en el plan de cooperación. Cabe recordar que este estará dotado con 700 millones de euros hasta 2022.

Edificant es una delegación de competencias para que consistorios o entidades supramunicipales como pueden ser los consorcios comarcales asuman buena parte del trabajo técnico con sus propios medios. En el preámbulo se justifica en la necesidad de dotar a la Comunitat de infraestructuras públicas adecuadas y se habla de la importancia de «impulsar de forma relevante la realización de las inversiones recogidas en el mapa de infraestructuras educativas». Cabe recordar que esta relación de centros, que se dio a conocer en enero de 2016, ha sufrido importantísimos retrasos, hasta el punto de que de las 240 actuaciones concretadas sólo se han ejecutado a día de hoy 16, mientras que otras 18 están en fase de construcción.

La administración ha alegado varias veces que no es posible sacar adelante semejante cantidad de obras con los medios actuales de la conselleria vinculados a los procedimientos de contratación, pese a que hace año y medio se anunció un refuerzo de personal en este sentido. De ahí que se quiera utilizar los recursos municipales como plataformas adicionales para multiplicar la capacidad de tramitación. La participación en el programa será voluntaria y se tendrá que aprobar en los correspondientes plenos.

Los trabajos a transferir son de todo tipo, desde los actos relacionados con la cesión de las parcelas hasta los procedimientos de licitación de las obras -incluyendo rehabilitaciones o ampliaciones-, pasando por la redacción de proyectos o la elección de las direcciones de obras y asistencias técnicas. Sin olvidar el equipamiento de los centros educativos, o lo que es lo mismo, la compra del mobiliario y los elementos necesarios para la puesta en marcha.

Pueden sumarse los municipios que cuentan con obras recogidas en los listados del citado mapa, aunque se abre la puerta a aceptar otras no contempladas siempre que la conselleria considere que servirán para cubrir necesidades de escolarización o para eliminar aulas provisionales.

Sobrantes y sobrecostes

Cuando un ayuntamiento acuerde con la conselleria la cesión de una obra se firmará un convenio o se aprobará una resolución que recogerá todas las concreciones necesarias, incluida la partida económica que reservará la Generalitat. Si al final sobra dinero, por ejemplo porque la adjudicataria rebaja el precio de licitación, el excedente podrá dedicarse «a cualquier otra actuación siempre que se realice en el centro escolar o en su entorno inmediato y redunde en una mayor calidad o funcionalidad».

La contrapartida está en que en caso de que haya sobrecostes o imprevistos que superen la cuantía fijada deberán ser asumidos por la corporación correspondiente. Y no hay que olvidar que los modificados de obra son más habituales de lo que parece. Existieron en la época de Ciegsa y también los han aprobado los gestores actuales en 14 de los centros impulsados. Tampoco se aceptará la inclusión de pagos por la compra o adecuación de parcelas.

Por último, llama la atención que el Consell no se pille los dedos con los plazos, como le pasó con el mapa de infraestructuras. Aunque los 700 millones de euros se programarán entre 2018 y 2022 -se aspira a construir 200 centros y a rehabilitar otros 500- se reserva la posibilidad de ampliar tanto la dotación económica como el periodo de ejecución.

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