El Consell maniobra para que otros jueces decidan sobre la suspensión del plurilingüismo

El conseller Vicent Marzà en la última sesión de control. / J. Signes

La Abogacía pide que su recurso lo valore el pleno de la sala de lo contencioso del TSJCV y no los tres magistrados que tumbaron el decreto cautelarmente

JOAQUÍN BATISTA y A. RALLOValencia

La posición pública del Consell sobre la suspensión de su decreto plurilingüe no tiene fisuras: todo sigue igual, nada cambia y prevalece la tranquilidad entre los centros y las familias. Pero da la sensación de que a nivel interno la realidad es distinta. Buena prueba es el recurso de reposición presentado por la Abogacía de la Generalitat pidiendo el levantamiento de la medida cautelar, aprobada a finales de mayo a instancias de la Diputación de Alicante. En el escrito, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se pide que magistrados distintos a los que decretaron la suspensión también se encarguen de valorar si se mantiene en los próximos meses.

La maniobra es llamativa, síntoma de que en el Consell no hay buenos augurios sobre el pronunciamiento de la sección cuarta, la que ha determinado las tres suspensiones vigentes en la actualidad. A la citada hay que sumar las derivadas de los recursos de la asociación Defensa del Castellano y del sindicato USO CV, basadas en los mismos criterios que la primera.

Tras plantear sus argumentos para pedir el levantamiento de la cautelar se señala que «por la relevancia y trascendencia de la materia afectada, y por el grave perjuicio que puede llevar aparejado el mantenimiento de la suspensión del decreto», se dé traslado al presidente de la sala contencioso-administrativo del TSJCV «para que adopte la decisión de avocar a pleno la deliberación y fallo del presente recurso».

Es decir, que la decisión final provenga de la participación de todos los jueces de lo contencioso, no sólo de los de la sección cuarta. La súplica última va en el mismo sentido: «Que se acuerde formar sala, con todos sus magistrados, para resolver el presente recurso».

Una petición inusual

Las fuentes consultadas el miércoles explicaron que «la naturaleza del recurso de reposición hace que sea el mismo órgano el que se pronuncie sobre el acto recurrido». También se preguntaron por qué no se pidió lo mismo, atendiendo a la gravedad que la Abogacía esgrime en relación a la suspensión, cuando se opuso a la petición de medidas cautelares, es decir, antes de que la sección cuarta decretara la paralización. «Llama la atención que soliciten que se cambie el tribunal cuando han conocido una resolución que no ha sido beneficiosa para ellos y no desde el principio. Es decir, lo hacen cuando no les interesa lo que se ha decidido», explicó un experto, que destacó que recurrir al pleno no es algo habitual, «y más si se trata de una petición de parte». Sí se accede en ocasiones cuando se produce un cambio en las materias que habitualmente asumen las diferentes secciones para evitar de esta forma contradicciones en pronunciamientos y para unificar criterios.

Alguna fuente planteó la hipótesis de que en el pleno exista una mayoría de magistrados progresistas, lo que sin duda sería bien visto por la administración, si bien otro de los juristas consultados consideró la interpretación como «demasiado aventurada». En cualquier caso, si el presidente de la sala de lo contencioso accede a la súplica de la Abogacía de la Generalitat la petición de levantar la cautelar la valorarán 23 magistrados, y no sólo los tres que conforman la sección cuarta.

La idea de que el mantenimiento de la paralización inquieta al Consell también se desliza en otro apartado del recurso de reposición, pues da la sensación de que se busca, en el peor de los escenarios posibles, minimizar los efectos.

Si el presidente de la sala de lo contencioso accede a la súplica de la Generalitat, la petición de levantar la cautelar la valorarán 23 magistrados, y no sólo los tres que conforman la sección cuarta

Y es que «en el caso de que el tribunal no comparta las alegaciones y considere probado un daño inmediato e irreparable» en relación a los títulos de idiomas -automáticos sólo para los niveles con más valenciano y argumento explícito del auto de suspensión- se debería valorar una «suspensión parcial» que afectara sólo a esta cuestión. Se añade que si se tumba todo el decreto se produciría «un daño irreparable para el interés público representado por la administración educativa».

En este sentido, entrando ya en los argumentos esgrimidos para pedir la nulidad de la suspensión, el escrito dice que debe prevalecer «el claro interés general que defiende la Generalitat» frente al que esgrime la Diputación, a la que considera carente de legitimación en esta causa. Se señala que la primera es la competente en materia educativa y que el decreto es una regulación general con interés público «que goza de la apariencia de buen derecho» al haberse tramitado siguiendo el procedimiento legal.

Otra idea, considerada «sustancial», es que el auto de suspensión no acredita la irreparabilidad del daño que se podría producir de mantenerse el decreto. También se alega que el modelo plurilingüe sólo se aplicará el curso que viene en Infantil, etapa no obligatoria donde no hay certificación de lenguas ni diferencia en la exposición al inglés, que los títulos de idiomas no llegarán hasta el curso 2023-2024 y que «todo el alumnado» podrá obtenerlos, de ahí que se rechace la idea de que generará discriminación.

La normativa de conciertos suma ya cinco recursos

El decreto de conciertos, el que estableció las condiciones que han permitido la reducción de líneas de Bachillerato, suma ya cinco recursos en los tribunales. De cuatro dio cuenta el miércoles el Dogv con la publicación de la petición del expediente administrativo a la conselleria por parte del TSJCV. Se trata de los presentados por el PP, la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa), la patronal Escuelas Católicas y el Apa del colegio Sagrada Familia de la ciudad. A estos se suma la impugnación impulsada por los padres del Pureza de María de Ontinyent. Por otro lado, los miembros fundacionales de la Mesa por la Educación en Libertad, todos ellos representativos de la concertada, se reunieron el martes con el secretario de Estado Marcial Marín y con el Delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues. El primero les trasladó que el ministerio velará porque no exista discriminación hacia ninguna red educativa.

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