El Consell incumple su promesa y sigue sin pagar a empresas de discapacitados

Protesta de trabajadores de centros especiales de empleo. / d. t.

El Servef adeuda desde hace un año 14 millones de euros a los centros especiales de empleo y no ha resuelto ningún expediente de 2017

D. GUINDO

valencia. Tras la protesta que tuvo lugar el pasado 7 de abril en la plaza de la Virgen, los centros especiales de empleo valencianos, en los que trabajan unos 7.000 discapacitados, se las prometían muy felices. Después de la manifestación, convocada para exigir al Consell el pago de las ayudas pendientes del pasado año y la tramitación de los expedientes sin resolver, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, y responsables del Servef mantuvieron una reunión con representantes de Agevalcee, Cermi, Cocemfe y Plena Inclusión, como portavoces del colectivo. En ese encuentro, se comprometieron a adoptar los mecanismos necesarios para cubrir todas las solicitudes de subvenciones destinadas al fomento del empleo de personas con discapacidad en estos centros y a proceder a pagar de forma inmediata las ayudas pendientes, así como a ampliar el crédito para el ejercicio 2017, de forma que se cubra la demanda real de este colectivo. Todo ello se recogía en una Proposición No de Ley (PNL).

Sin embargo, tres meses después, y según denunció ayer Agevalcee «desde la Administración valenciana, a fecha de hoy, no se ha cumplido nada de lo acordado en la PNL, cuyo plazo se extendía hasta el 30 de junio, por lo que han dejado de lado el empleo con discapacidad». «La realidad de la situación», añadieron, «es que de los 20 millones concedidos en ayudas a los centros especiales de empleo, sólo se han pagado 6 millones», a pesar que desde el propio Servef admitieron que en diciembre se recibió el dinero desde el Sepe, «por lo que el impago a los centros es todavía más incomprensible», resaltaron.

Sobre ello, Juan José Serrano, presidente de Agevalcee remarcó que «no entendemos cómo sobre expedientes ya resueltos y aprobados del 2016 se están haciendo a día de hoy, requerimientos de documentación, seis meses después de su completa resolución. La situación se ve agravada actualmente ya que estamos en julio y no se ha procedido a resolver ninguno de los expedientes presentados del 2017».

Serrano se preguntó «por qué el Servef castiga a los centros especiales de empleo». «Las administraciones públicas tienen el sagrado deber, la ineludible responsabilidad, de aplicar las herramientas necesarias a su alcance (inversiones públicas, políticas de fomento de empleo, ayudas a sectores productivos de mayor ralentización, exención de algunos impuestos a emprendedores, etc.) que animen y den confianza a la sociedad civil para el movimiento del dinero y la inversión, lo que debería traducirse en una mayor contratación laboral más sostenible en el tiempo y salarialmente», indicó.

En esta línea, apuntó que «precisamente, cuando todo indica que todo puede ir a mejor, no es entendible que un sector que ha soportado, contra viento y marea, la terrible crisis que hemos pasado, como son estas empresas de protección social laboral para las personas con discapacidad, intenten ser machacadas, masacradas, por el Servef con una política de asfixia económica a la tesorería de estos centros que, al final, terminarán descapitalizados y como primera y gravísima consecuencia, cerrando sus puertas».

«Una cosa es rescatar personas, según dicen responsables del actual gobierno y otra muy distinta, de seguir así, es condenarlas al paro laboral», lamentó el presidente de Agevalcee.

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