El Consell expedienta a otras 7 webs por anunciar apartamentos ilegales

Turistas, con su equipaje, por una calle del centro de Valencia. / manuel molines

De los seis primeros portales sancionados por Turismo, tres abonaron la multa y el resto ha recurrido el proceso iniciado en marzo

ELISABETH GARCÍA VALENCIA.

El conflicto por la comercialización de apartamentos turísticos sin registrar tiene un nuevo capítulo. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer la apertura de siete nuevos expedientes a plataformas que alquilan viviendas clandestinas. Estos se sumarían a los seis que se abrieron hace cinco meses contra las páginas webs que ofertaban este tipo de alojamientos sin estar inscritos en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat.

Mientras tres plataformas subsanaron los errores y, por tanto, se les anuló la multa, las restantes recurrieron y actualmente están entre la espada y la pared: pagan la sanción correspondiente o van a juicio. Según indicaron fuentes de la Agencia Valenciana de Turismo a LAS PROVINCIAS, las tres páginas webs que se negaron a pagar la sanción son «las más grandes» a nivel económico.

Respecto a la situación en la que se encuentran las siete nuevas plataformas, hay «diversidad de casuísticas» según informó Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, ya que unas han pagado la multa y otras la han recurrido. «La determinación de la Generalitat es poner todos los medios necesarios para evitar el intrusismo, la competencia desleal, las rentas opacas y el fraude fiscal», afirmó el secretario autonómico.

Para Colomer, la Generalitat está en un «sistema garantista» y cada web ha escogido su proceso y su defensa y «hay un abanico amplio de situaciones».

En la reunión del presidente de la Generalitat y el secretario autonómico se hizo balance de la campaña turística estival. «Se debe ofrecer tanto a los de fuera como a los de dentro unas garantías de seguridad a la hora de escoger Valencia como destino de vacaciones», manifestó Puig.

Además, el presidente anunció la realización de «inspecciones aleatorias» a viviendas clandestinas que estén registradas como turísticas para verificar que cumplen «los requisitos y estándares de calidad establecidos».

Asimismo, Puig indicó que se han producido a lo largo de la campaña estival en la Comunitat 5.250 actuaciones por parte de agentes de la Inspección Territorial y de la Policía Autonómica y se han firmado convenios con distintos ayuntamientos para «reforzar» el control de la Policía Local a la hora de inspeccionar apartamentos ilegales.

En esta línea, se han registrado ya 52.450 alojamientos turísticos en la Comunitat, es decir, 12.000 más que el año anterior, cuando había 46.924. El presidente considera que la acción inspeccionadora «está dando su fruto», pero insistió en continuar trabajando y conseguir que todas las actividades económicas pasen a ser 'A' - que todo el dinero se declare - para luchar contra la «economía sumergida».

«Toda la política incentivadora de la Generalitat ha hecho posible que haya 12.000 alojamientos más en 'A' que es la única manera de poder entender la actividad económica», declaró Puig. El presidente informó que aumentarían las intervenciones y disciplinas contra aquellos que quieran «destruir» el objetivo de acoger a todas las personas en la Comunitat en su conjunto.

Quejas vecinales

La Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella criticó ayer la posición de las administraciones estatales, autonómicas y municipales respecto a la falta de regulación del turismo en el centro de la ciudad. «Los turistas no son los culpables, sino los gobiernos y las administraciones que no regulan adecuadamente la situación y no aplican aquellas políticas que protegen la convivencia y la conservación de las ciudades», explican desde la plataforma. Las protestas vecinales contra el turismo desbocado que vive el centro de la ciudad se suceden desde hace semanas, con marchas irónicas por el Mercat y el Carmen y pintadas en varios muros.

«La falta de regulación en el mal llamado 'turismo colaborativo' da lugar a que los empresarios de los apartamentos turísticos no paguen impuestos y a su vez agudiza la explotación de las trabajadoras de la hostelería, ya que para mantenerlos se pagan salarios de miseria, en la mayoría de los casos sin contrato. Todo ello se produce bajo la propaganda engañosa de las bondades de la economía colaborativa, que en la mayoría de los casos es economía sumergida», destaca la coordinadora.

«A nuestro entender los partidos de izquierda, Les Corts y los Ayuntamientos son los que deben movilizarse para pedir una solución a este problema, haciendo que los empresarios del sector turístico, incluidas las plataformas en red de apartamentos turísticos, paguen impuestos y que se pague una tasa turística para limpieza y mantenimiento de las ciudades y monumentos», explicaron desde la entidad. Fuentes de la coordinadora señalaron que deben ponerse los medios «para controlar y sancionar los apartamentos y pernoctaciones ilegales».

«Hemos hecho propuestas a los representantes políticos, hemos solicitado una ley que regule el turismo y que tenga en cuenta el fenómeno de los apartamentos turísticos en algunas áreas de las ciudades, una ley que proteja a los residentes y facilite la convivencia entre los vecinos y los turistas», comenta la coordinadora. Regulación de la carga y descarga de mercancías, la apertura de nuevos establecimientos y la limpieza, son algunas de las peticiones de los vecinos de la ciudad.

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