El Consell no aclara cómo aplicará el fallo del plurilingüismo ante el caos del inicio de curso

La vicepresidenta Mónica Oltra y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ayer, tras el pleno del Consell. / irene marsilla

Oltra advierte de que la Generalitat no volverá al modelo del PP y buscará los objetivos del decreto «independientemente de los instrumentos normativos»

DANIEL GUINDO VALENCIA.

La comparecencia de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras el pleno de la cámara autonómica se convirtió ayer en una especie de interrogatorio sobre la forma en la que la Generalitat va a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat que anula una de las disposiciones del polémico decreto del plurilingüismo -precisamente la que sustenta el eje central de la citada norma-, así como el auto del Alto Tribunal que obliga al Consell a volver al modelo anterior, el impulsado por el PP en 1997 y 2012, al menos mientras dure la suspensión cautelar del decreto. Sin embargo, y pese a las continuas preguntas, Oltra evitó aclarar con detalle de qué forma va a acatar el Gobierno autonómico el mandato judicial. Y todo ello a las puertas del comienzo del curso escolar, ya que agosto es un mes inhábil para los centros educativos.

De esta forma, tras los fallos judiciales, la Conselleria de Educación debe, por el momento, mantener paralizado un modelo que penaliza a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano con menos formación en inglés y, por tanto, un nivel inferior de acreditación en esta lengua extranjera. El TSJ, en su sentencia, considera que se discrimina a estos alumnos frente a los que escogen la vía principalmente en valenciano, de ahí que haya anulado la disposición que lo regula y que, al fin y al cabo, sustenta el eje central del decreto. El Alto Tribunal apunta que se vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, tal y como le apuntaba el sindicato CSI-F en la denuncia que ha motivado la sentencia.

La vicepresidenta dejó claro que la Generalitat va a acatar la sentencia aunque no la comparta y esté preparando ya la presentación de un recurso, pero insistió también en que el objetivo del Consell es que los alumnos dominen las tres lenguas cuando acaben su etapa educativa algo que, en su opinión, no pudo conseguir el modelo anterior, de ahí que la Generalitat no tenga intención de reimplantar la fórmula desarrollada con los decretos de 1997 y 2012, pese a lo expresado en el auto judicial. «Nuestro objetivo es irrenunciable, por lo que volver al modelo lingüístico anterior -que, en su opinión, ha fracasado- es renunciar al objetivo», por lo que la Generalitat «mantiene su meta», que espera conseguir «independientemente de los instrumentos normativos».

Sin embargo, y como recordaba Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa), las familias han matriculado a sus hijos en centros en base a un determinado modelo, parte de ellas en colegios que no habrían elegido si se hubiese mantenido el decreto anterior. «La medida obligó a padres a escoger un centro frente a otro por un modelo que ya no tiene vigencia», resumió, «por lo que la única medida posible es abrir un nuevo periodo de matrícula»; propuesta que, sin embargo, descartó ayer Oltra. Morro auguró que el Gobierno autonómico «se va a encontrar con problemas serios» en el inicio de curso porque «habrá padres que exijan una línea que no ofrezca el colegio y podrán demandarla».

La vicepresidenta, al respecto, apreció que la suspensión del decreto, por el momento, «sólo afecta al 6% de la población escolar, a los niños de 3 años» quienes, según insistió, «comenzarán con total normalidad el curso en los centros elegidos por sus padres». «Y con todas sus consecuencias», aseveró. Cuando se le insistió en si con ese «y con todas las consecuencias» quiere decir que se respetará el programa lingüístico en el que se ha matriculado a los niños, la portavoz del Consell señaló: «Así no podría afirmarlo», sin que, de nuevo, dejara claro de qué forma se va a acatar la sentencia y el auto que desarbolan el decreto del plurilingüismo. En cualquier caso, destacó Oltra, «los padres pueden estar tranquilos porque el curso empezará con normalidad».

Frente a ello, la presidenta de la delegación valenciana de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa), Julia Llopis apuntó que las familias «sí estamos preocupadas, porque hemos elegido un determinado centro en base a un modelo lingüístico, a un colegio en el que crees que tu hijo va a entender mejor las materias por su lengua materna; en lugar de orientarnos por el rendimiento académico o el proyecto educativo». «Y ahora te encuentras con que te cambian las reglas», por lo que «deberían abrir un plazo extraordinario de matriculación» para que los padres puedan escoger en base al modelo que se vaya a aplicar.

También advirtió que, con la compra de libros, «si los compras en valenciano y luego la clase es en castellano, ¿qué haces?». Además, Llopis apuntó también que los centros ya tienen la organización prevista (horarios, clases, docentes...) y en enero empezará el curso con otro modelo. «Esto es un caos, en la vida hemos tenido tanta incertidumbre», resumió. La portavoz de Concapa también solicitó la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, e instó a los responsables del departamento a que «se preocupen por el rendimiento académico de los alumnos porque los niños no van a aprender los tres idiomas a la vez». «¿Se creen que esto es magia», se preguntó Llopis.

Por otra parte, el TSJ informó ayer que la sección cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado un nuevo recurso de la Conselleria de Educación contra la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo. De esta forma, el alto tribunal valenciano rechaza el recurso de reposición que interpuso la Administración autonómica contra el auto del 11 de julio de 2017 que estimó la medida pedida por el sindicato CSI-F y que consistía en la suspensión inmediata de la norma.

La sala esgrime, en una resolución facilitada por el TSJ, los argumentos que ha utilizado en resoluciones anteriores sobre este mismo asunto para insistir en que aprecia «una contradicción en la exposición de la parte recurrente, pues, por un lado, indica que no concurren perjuicios irreparables porque la norma tiene prevista su implantación de manera progresiva y quedar diferida, al menos hasta el curso 2023-2024, y que en el curso 2017-2018 sólo se aplica para la educación infantil, y, a continuación, considera, por otro lado, que se produce una grave perturbación del interés general». «Pues bien, ponderando las circunstancias concurrentes, no se aprecia dicha perturbación grave de los intereses generales, pues el interés general no puede ser simple y llanamente el de la administración, sino el de la ciudadanía y, preferentemente, la ligada por razones escolares, la comunidad docente, a quien sirve con objetividad y eficacia», subraya el TSJ.

El TSJ también ha desestimado el decreto interpuesto por el sindicato USO-CV contra el decreto.

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