Condenan a la Politécnica por no contratar a una monitora porque estaba embarazada

Protestas durante el proceso judicial en contra de la discriminación. / lp

El juez admite las alegaciones de la mujer y anula la resolución del rector de la UPV por implicar una vulneración del principio de igualdad

M. GUADALAJARA/ EP

Valencia. Hasta en dos ocasiones se reunió con la Vicerrectora de Igualdad para intentar llegar a un acuerdo con la Universidad, sin éxito. Ahora el juez condena a la Politécnica a indemnizar a la funcionaria interina por declararla no apta para trabajar en la escuela de verano por encontrarse en un estado avanzado de su embarazo.

La afectada forma parte de la bolsa de trabajo de monitores de etapa de la Escola d'Estiu de la Universidad Politécnica de Valencia para prestar servicios durante el mes de julio cada año, un trabajo que ya había desempeñado en ocasiones anteriores. Pero en el momento de ser sometida al examen de vigilancia de la salud se encontraba embarazada de cinco meses, lo que suponía que cuando se produjera la incorporación en el periodo estival se encontraría en el séptimo. El 26 de mayo de 2016, el médico del centro de salud de la Universidad emitió el certificado de no apto para el trabajo como monitora.

«Había una orden de no contratar embarazadas, porque les ha pasado en alguna ocasión, que después piden la baja por embarazo de riesgo y al ser un contrato de un mes, prefieren no tener más problema», explican desde la Intersindical Valenciana STEPV, quienes han asesorado a la monitora en todo el proceso. Por su parte, la Universidad se limitó a señalar que está estudiando la sentencia.

La resolución judicial explica como en las bases de la convocatoria de trabajo se especificaban los requisitos de los aspirantes: «no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes».

La administración demandada, alegó que la Universidad quería cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales que, a su parecer, impedía el nombramiento y contratación de la trabajadora, insistiendo en que pretendían garantizar su integridad física tanto como la del bebe. Niegan que la «no celebración del contrato guarde vinculación con una intención discriminatoria en razón al estado de embarazo de la recurrente».

En el texto de la resolución del juez se explica que «resulta evidente que la situación de embarazo conlleva riesgos que han de ser contemplados por las administraciones implicadas a fin de adoptar las medidas pertinentes para excluirlos o atenuarlos», pero el juzgado ha considerado que la Universidad no tuvo las diferentes alternativas que debiera, ya que precisamente esa evaluación de riesgos «obliga a que se constate un auténtico esfuerzo administrativo en aras a integrar las propuestas preventivas en el funcionamiento del servicio, conjurando o atenuando el riesgo laboral». Es decir, la responsabilidad de la Politècnica era la de haber adecuado el puesto de trabajo a la situación de la mnitora. «Ella en ningún momento pretendía aprovecharse de la situación, como la Universidad hizo creer», insisten desde STEPV, y precisamente el juez también desestimó esa opción ya que en la sentencia se explica como «difícilmente» puede considerarse que se buscara ser contratada para la «tramitación de baja por riesgo de embarazo sin llegar a prestar de forma efectiva los servicios profesionales y no se registra en el expediente administrativo la menor actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social al respecto».

Por todo ello, el juzgado estima el recurso de la mujer por «implicar una vulneración del principio de igualdad», y condena a la Politècnica al pago de la suma que le hubiera correspondido percibir a la empleada y a los correspondientes intereses.

«Una institución pública no está dando el mejor ejemplo, cuando llevamos muchos años luchando por conseguir igualdad y cuando lo único que tienen que hacer es cumplir la ley», declaran desde el sindicato.

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