Colegios devolverán el dinero a los padres si recuperan el concierto

Estudiantes de un colegio concertado, durante una clase.
Estudiantes de un colegio concertado, durante una clase. / lp

Los centros que han conseguido la suspensión del recorte reclamarán al tribunal que cuantifique la fianza y fije los plazos para afrontarla

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

La batalla judicial iniciada por los colegios concertados que han perdido aulas de Bachillerato puede acabar con los alumnos y sus familias como principales beneficiarios, tanto en aquellos casos en que se han solicitado medidas cautelares, pues abriría la puerta a recuperar los fondos públicos para sufragar los estudios de manera inmediata -el próximo curso-, como en los que han planteado un contencioso sin pedir la suspensión del recorte aplicado en mayo.

En estos, si al final del procedimiento la sentencia les da la razón y se reconoce a los recurrentes el derecho al cobro de una indemnización, cabe la opción de que el montante se distribuya entre las familias que durante la duración del litigio hayan tenido que afrontar pagos por los estudios de sus hijos en régimen privado. Cuatro de los centros no sólo trabajan con esta previsión, según los datos recopilados por LAS PROVINCIAS, sino que algunos han trasladado por carta el compromiso. «Cuando salga la sentencia, si es positiva y nos devolvieran las cantidades aportadas se devolverá lo correspondiente a cada familia», reza una de las misivas.

«No es tanto una cuestión de generosidad, en realidad es la práctica habitual en estos casos. No se puede perder de vista que el concierto es una aportación de la administración para garantizar la educación gratuita de los alumnos en la que el colegio sólo hace de intermediario, no es el destinatario último», explica una jurista implicada directamente en este conflicto judicial. Señala además que son varios los autos en otras comunidades en los que tras establecerse la recuperación de los fondos públicos el tribunal ha dictaminado esta manera de proceder en la ejecución de la sentencia.

Otro abogado, si bien reconoce que la jurisprudencia del Supremo insiste en esta filosofía -el concierto es para el alumno-, considera importante matizar la idea, pues sería necesario reclamar no sólo la recuperación del concierto a partir de publicarse la sentencia, sino también la indemnización correspondiente por el tiempo en que no se ha disfrutado, lo que suele implicar iniciar otro procedimiento.

También plantea otro escenario, pues trasladando el caso al conflicto valenciano puede suceder que existan centros en los que, una vez dictada la sentencia favorable, no haya posibles beneficiarios de la devolución. Hay que recordar que tras el proceso de renovación de conciertos hubo colegios que perdieron los fondos públicos en todas sus líneas de Bachillerato, pasando a ser de régimen privado, y otros a los que se les quitaron en una o dos, aunque manteniéndolos en el resto. En estos últimos si las líneas eliminadas no han seguido como privadas no hay familias susceptibles de beneficiarse de la devolución tras una hipotética sentencia favorable.

Por otro lado, a los once centros que ya han presentado o anunciado un contencioso administrativo contra el recorte de aulas se le sumarán en los próximos días otros tres. Lo que no se ha decidido todavía es si estos se acompañarán de la solicitud de medidas cautelares, teniendo en cuenta la previsible fianza si se acepta la suspensión. En cualquier caso, más de la mitad de los 21 afectados han optado por la vía judicial para recuperar el concierto.

En cuanto a los colegios Purísima Franciscanas y Domus, el equipo jurídico informó ayer de que va a solicitar al tribunal una aclaración del auto para que establezca la cuantía de la fianza exigida vinculada a la cautelar, más allá de la estimación de Educación, y para que clarifique el procedimiento para hacerla efectiva, así como los plazos. Tampoco se descarta recurrir la misma en casación ante el Supremo.

Aunque la única aproximación es la que ha realizado la conselleria (más de medio millón de euros cada uno), la potestad corresponde según las mismas fuentes a la sala, que sólo ha señalado que equivaldrá al montante del concierto que se recupera gracias a la suspensión durante los dos años que dure el litigio.

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