El cierre de Monteolivete frena el ingreso de cerca de 70 menores

El cierre de Monteolivete frena el ingreso de cerca de 70 menores

Decenas de casos están pendientes de resolución en la Dirección Territorial para acceder a la red de protección

Daniel Guindo
DANIEL GUINDOValencia

El cierre previsto del centro de recepción de menores de Monteolivete, el elevado grado de ocupación del resto de instalaciones de la Comunitat y, en general, la reorganización programada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del actual sistema de protección de la infancia y la adolescencia ha generado una especie de cuello de botella que está frenando o, al menos, ralentizando las resoluciones para el acceso a la red de centros de protección, especialmente al citado recinto de Valencia, que actúa como paso previo para determinar el recurso idóneo para los menores que han requerido el amparo de la Generalitat.

Después de que en mayo se anunciara el cierre definitivo del recinto de Monteolivete al presentar unas condiciones que rozan la inhabitabilidad, la delegación de Mónica Oltra programó el progresivo traslado de los menores que acogía mientras que, indirectamente, también trataba de limitar la entrada de nuevos residentes y su permanencia en el centro con tal de no incrementar el número de usuarios que, de forma provisional, residen en estas instalaciones. De hecho, en esta última etapa, Monteolivete únicamente ha acogido a los casos de extrema emergencia, la mayor parte derivados por la fiscalía.

Junto a ello, la actual red asistencial roza ya el cien por cien de su capacidad mientras se pone en marcha el nuevo sistema, basado especialmente en centros más pequeños, dotados de más personal y de gestión pública, aunque con un número de plazas muy similar al actual. Todo ello hace que, en la actualidad, se contabilicen unos 70 casos a la espera de resolución en la Dirección Territorial, menores que, tras un primer paso por un centro de recepción, probablemente terminen derivándose a otros centros de protección o regresen con sus familias si es posible solventar el problema que ha motivado la intervención de la Administración autonómica.

Los usuarios pasan cinco meses de media en el centro, aunque el máximo recomendado son 45 días

La alternativa prevista al centro de Monteolivete, las instalaciones de Buñol, tampoco parece que puedan absorber, al menos en su totalidad y por ahora, esta especie de lista de espera, puesto que el plan inicial es que en el recinto residan, como máximo 30 menores, mientras que, en la actualidad en Monteolivete viven entre cerca de 50. En cualquier caso, y pese a que parte de estos menores se reubicarán en pisos de emancipación, la cifra sigue siendo escasa para acoger a todos los casos pendientes.

En los centros de recepción como el de Monteolivete los menores deberían pasar, como máximo, 45 días, y sirven para realizar un diagnóstico sobre la situación del menor y determinar cuál sería el recurso más adecuado para cada caso. Si es factible resolver el problema que ha motivado la intervención de la conselleria, por ejemplo una falsa denuncia de malos tratos de un menor, se trata el asunto con la familia y el menor vuelve a su hogar. En casos más graves en los que el menor ha quedado desamparado se determina el tipo de centro más adecuado, siempre que sea viable el traslado por la disponibilidad de plazas. Sin embargo, en la actualidad, de media los menores pasan unos cinco meses y un grupo importante de ellos lleva ya más de seis.

Hasta ahora, la gran mayoría de los centros de menores existentes en la Comunitat están gestionados por entidades o empresas privadas, pero el nuevo modelo de protección de la infancia impulsado por el Consell contempla que antes de 2020 todos los centros tengan una dirección pública. El futuro plan de acogimiento residencial también prevé crear una coordinadora de centros dependiente de los servicios de menores de cada Dirección Territorial. La vicepresidenta, en la presentación del proyecto, defendió que el plan se asienta en la inspección de las instalaciones y en la desinstitucionalización de los menores (que cada vez haya menos en los centros), presencia que ya se ha reducido en un año un 21 % en los niños de 0 a 6 años. El servicio residencial, insistió, estará orientado hacia centros más pequeños, «más parecidos a un hogar». En esta línea, detalló que el centro de recepción no superará las 30 plazas y el de protección las 24.

Igualmente, se incrementarán los equipos técnicos y educativos y se facilitará la creación de 410 nuevos puestos de trabajo. También se desarrollará un plan de transición para los tutelados que llegan a la mayoría de edad, así como un plan de regreso a la familia biológica, además de iniciarse una experiencia piloto» en pisos tutelados de Valencia para su estancia.

El nuevo modelo incluye, asimismo, la creación de nuevas figuras profesionales que «mejoran la atención integral» de los menores en el ámbito social, de igualdad y cultural, y promueve un plan de infraestructuras para 2017-2020 para adecuar las obras existentes y crear nuevas.

El Consell reforzará la vigilancia en el recinto de Buñol ante el inminente traslado

La directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, y otros altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se reunieron ayer con representantes y trabajadores del centro de Monteolivete para informarles de las fechas definitivas del traslado de los menores, que es inminente, tanto a las instalaciones de Buñol como a los pisos de emancipación, así como del proyecto educativo de los nuevos recintos.

Molero les indicó también que se ha solicitado a la dirección general de Emergencia que haya un apoyo inmediato policial en Buñol, ya que por el perfil de algunos de los menores, se pueden dar casos de agresividad y violencia. Los trabajadores, en la reunión, mostraron su malestar porque el plan presentado por Molero «está inconcluso», según indicaron. Por ejemplo, «no aparecen ni en el proyecto de centro y ni en el de los pisos de emancipación las funciones propias del psicólogo, psicopedagogo o del trabajador social. Además, muchas de las funciones que se le atribuyen al equipo educativo se solapan, según normativa, con las que deberían realizarse por el psicopedagogo, psicólogo y/o el trabajador social».

«Hemos aportado sugerencias, apostillas y posibles rectificaciones» sin que, en su mayor parte, se hayan contemplado, lamentaron. El documento, añadieron, «necesita aún de una puesta en común y debate profundo, por lo que son necesarias reuniones previas a la apertura de los centros para consensuar y procurar su buen funcionamiento y una óptima calidad en la atención».

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