Chiva expedientará a la suministradora de agua por incumplir los niveles de cloro

Numerosos vecinos acudieron al salón de plenos para seguir la sesión extraordinaria. / damián torres
Numerosos vecinos acudieron al salón de plenos para seguir la sesión extraordinaria. / damián torres

El Consistorio estudia emprender acciones legales contra Sanidad por la falta de información durante el brote de legionela

MAR GUADALAJARA

valencia. El Ayuntamiento de Chiva anunció en el pleno extraordinario celebrado ayer su decisión de abrir expediente a la empresa encargada del suministro, la UTE Aguas de Chiva, por incumplir los niveles de cloro que se establecen en los parámetros legales.

Asimismo, el equipo de gobierno confesó que existe malestar con la Conselleria de Sanidad por la falta de información durante el brote de legionela, por lo que estudia emprender acciones contra el ente autonómico, a quien considera autoridad con «ineludible responsabilidad» sobre este brote, al tiempo que lamentaron «no haber actuado de manera conjunta» para hacer frente al problema en la urbanización afectada en el área Chiva-11.

A las diez de la mañana comenzaba un pleno extraordinario convocado por el Ayuntamiento para aclara toda la información en relación al brote de legionela que deja siete afectados y uno de ellos fallecido por estas causas. La oposición aprovechó la sesión para criticar la actuación del gobierno de la localidad valenciana, mientras los vecinos, preocupados, pedían respuestas y exigían soluciones. El salón de plenos estaba lleno, no quedaba un asiento libre y la tensión se palpaba en cada intervención.

Los partidos de la oposición, el PP y el PSPV, criticaron la actuación del Ayuntamiento desde el inicio del pleno y le acusaron de todo lo ocurrido, mientras miembros del gobierno les recriminaban no haber pedido las mismas explicaciones a la empresa responsable del suministro de agua. Tras la intervención de los portavoces de la oposición, el alcalde, Emilio Morales, realizó un detallado repaso desde el día en que recibió la primera llamada de Sanidad. Explicó cómo habían seguido todas las pautas que desde Salud Pública les fueron dando. Asimismo, quiso destacar que no recibió una notificación «oficial y por escrito» de que un brote de legionela había sido decretado en la localidad.

Morales aseguró que «en ningún momento les comunicaron que hubiera una persona fallecida», ni siquiera cuando los medios de comunicación lo hicieron público. Insistió en que se recogieron las muestras y se realizaron las pruebas correspondientes, así como reconoció el encargo de unas pruebas independientes a las de la empresa para comprobar que todo coincidía. Después de su explicación, el alcalde anunció que iba a expedientar a la empresa por el posible incumplimiento de los niveles de cloro en el agua. A partir de un informe jurídico, aseguró que pedirían explicación a la UTE por los bajos niveles de cloro que presentaba el agua a principios de agosto, cuando se realizaron las primeras pruebas. Además, en este mismo informe que leyó el alcalde se estudiaba pedir responsabilidades a la Conselleria.

Las intervenciones de la oposición fueron en la misma línea, tanto por parte del grupo popular como por parte del socialista. La oposición pidió la dimisión del alcalde en varias ocasiones, con lo que se provocó la indignación de los asistentes. Un conflicto de intereses políticos que terminó en cuanto empezaron a reclamar la palabra los vecinos.

Recibos caros

«No queremos más política, ganar votos con acciones y no con la lengua», se oyó en el salón de plenos. Los residentes, preocupados, reprocharon a todos los concejales la falta de «decencia y responsabilidad». Se quejaron por la ausencia de una solución ante el problema de la calidad del agua. «Si alguna vez se han leído un recibo, sabrán que pagamos por un servicio que no es de agua potable, y por un canon por alcantarillado que nunca veremos, si al menos pudiéramos ahorrarnos ese dinero para pagar el agua embotellada», lamentaba uno de los asistentes.

El agua continúa siendo uno de los mayores problemas a los que deben hacer frente los vecinos, no solo por el coste que supone, sino por los riesgos a los que se enfrentan. La antigüedad de las infraestructuras hacen que, ante cualquier descuido o negligencia pueda ocurrir algo como lo que aconteció durante el mes de agosto. Por ello, los residentes centran sus esfuerzos ahora, en exigir medidas para evitar que vuelva a ocurrir.

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