Bravo alega que la seguridad de la Ciudad de la Justicia funcionó durante el incendio

Según el informe del Grupo de Inspecciones Técnico-Policiales e Investigación de Incendios de la Brigada Provincial de la Policía Científica, el siniestro que obligó a cerrar 28 juzgados durante dos semanas fue provocado por una «incidencia eléctrica» de alguno de los aparatos que se encontraban en el suelo de la sala.

La consellera apuntó que según un informe de la Guardia Civil «el mecanismo de detección de incendios funcionó correctamente», activando la alarma y el cierre de puertas automático, en contraposición a las afirmaciones de la empresa de seguridad que alegaba un fallo en el sistema de alarmas. Asimismo, Bravo informó de la recuperación del 33% de los expedientes que fueron afectados (un total de 3.000) y también confesó que se habían producido «errores» en la gestión del incidente pero que «el riesgo cero no existe».

En consecuencia, la consellera defendió la necesidad de llevar a cabo una «actualización» en los protocolos de seguridad y emergencia, a pesar de considerar que la «transparencia y la comunicación» fueron la base de cualquier toma de decisión.

Una postura que Ciudadanos y el Partido Popular criticaron y calificaron de «auténtico desastre», especialmente en materia de seguridad. «El día del incendio probablemente solo había un guardia civil en la puerta y un vigilante a cargo de unas 100 cámaras del edificio», lamentaron desde la oposición.

En esta misma línea, tras la reapertura y el posterior cierre del edificio algunos diputados reprocharon a la consellera «las prisas» a la hora de reabrir los juzgados, ante lo que Bravo se justificó en base a unos informes que confirmaban la buena calidad del aire, e incluso más de 200 personas trabajaron en la limpieza del inmueble sin ningún tipo de incidencia.

Bravo también negó cualquier tipo de enfrentamiento entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la Conselleria, y señaló que todos los juzgados habrían recobrado su actividad el pasado lunes, con la esperanza de recuperar los juicios y actuaciones suspendidas en un plazo de dos o tres meses, para los que destinarán un mayor número de refuerzos.