Los ayuntamientos podrán incluir criterios de admisión en las guarderías gratuitas

Niños jugando en el patio de una escuela infantil, en una imagen de archivo. / s. tercero
Niños jugando en el patio de una escuela infantil, en una imagen de archivo. / s. tercero

Los alumnos ya matriculados en escuelas municipales tendrán prioridad para acceder a las plazas de dos años y se prohíben los cobros por reserva de puesto

J. BATISTA

valencia. El sector de Educación Infantil se enfrenta a un importante cambio el curso que viene tras el anuncio del Consell de que las plazas de dos a tres años, el paso previo al colegio, serán gratuitas en todas las guarderías de titularidad municipal, es decir, las que dependen de los ayuntamientos e incluyendo las concesionarias.

La Conselleria de Educación, promotora de la medida, está ultimando la orden que regulará la distribución de las ayudas para la etapa y que incluirá algunas precisiones en relación a la admisión. Tal y como explicó el secretario autonómico Miguel Soler a LAS PROVINCIAS, en la normativa se dejará claro que las reglas de admisión básicas para estos puestos serán las autonómicas, esto es, las mismas que regulan el procedimiento en Infantil y Primaria, si bien los ayuntamientos tendrán la opción de incluir criterios adicionales en la baremación de solicitudes por motivos sociales.

En realidad están obligadas a ello desde la aprobación del decreto de admisión de 2016, con efectos a partir del curso 2016-2017, aunque ahora cobra especial importancia al cambiar la tipología de la oferta: mientras que en años anteriores el filtro afectaba a plazas tenían un coste mensual, casi siempre más asequible que en las privadas, ahora actuará sobre puestos gratuitos que serán pagados por la administración autonómica, que no obligará a seguir sus reglas a rajatabla.

Las organizaciones representativas critican la «discriminación» hacia el sector privado

Exactamente el citado decreto dice que los criterios que introduzca un municipio deben servir para dar «preferencia a las solicitudes formuladas por las familias más necesitadas de atención social», una idea en la que caben interpretaciones. Por ejemplo, hay ayuntamientos que dan puntos si los dos padres están trabajando, lo que entra dentro de la filosofía de la norma pero no favorece a las de menor renta.

Además, se regulan los criterios pero no los puntos asignados a ellos. Por ejemplo el decreto autonómico prácticamente garantiza que un niño entra en el colegio donde ya estudia un hermano. En cambio, en algunos municipios las escuelas infantiles públicas no se han regido por este patrón en los últimos cursos, pues aunque recogen este factor, no es definitivo. En cambio, si sí aplican el baremo autonómico al dedillo no se prioriza a las familias de menor renta, que en teoría tendrían más necesidad de apoyo institucional. En conclusión, habrá variabilidad de criterios y puntuaciones dependiendo de qué decida el municipio, que siempre puede introducir cambios para el próximo curso (antes de la admisión).

Desde las asociaciones que representan al sector de escuelas infantiles se han presentado alegaciones contra diferentes aspectos del borrador de la orden, que también regula las ayudas para las guarderías no municipales, las que financian parte de la plaza en función de la renta. Fundamentalmente se centran en que se produce una discriminación hacia las guarderías privadas, que no se beneficiarán de la gratuidad sino de subvenciones parciales. Es decir, habrá familias que puedan optar a una plaza gratuita si su localidad tiene escuela municipal mientras que otras que vivan en zonas donde no exista este recurso como mucho recibirán una ayuda económica para cubrir parte del coste aunque sus necesidades económicas sean mayores. Las tres asociaciones del sector (Feceval, Acade y Salvem 0-3) coinciden en la solución: avanzar hacia la gratuidad en función de las necesidades de la familia mediante ayudas, pero aprovechando la infraestructura existente, mayoritariamente privada, sin distinción de titularidad. Salvem incluso señala que hay diferente trato entre entidades privadas, pues las concesionarias están en posición de ventaja frente al resto.

Además, tanto Acade-Adeiv como Salvem 0-3 han cuestionado la regulación de la admisión, considerando que deberían regir los mismos criterios para evitar distinciones en función de la localidad. También defienden que no ha de existir prioridad para el alumnado ya matriculado en escuelas municipales, en el sentido de que la orden prevé que los niños de 1-2 años tendrán acceso a las plazas gratuitas por delante de los de fuera. Soler defiende que lo mismo sucede en los colegios y que a estos ya se les aplicó el baremo de admisión en el momento de entrar. Eso sí, en un escenario en el que no se conocía la gratuidad.

Otra idea que recoge el borrador es que las guarderías municipales, incluidas las concesionarias, no podrán exigir el pago de cuotas de ningún tipo para los puestos de 2-3 años, ya sean en concepto de matrícula o de reserva de plaza, algo habitual hasta este curso y que incluso se desliza en algunos folletos informativos que se están repartiendo a las familias interesadas.

Por su parte, la federación Feceval dice en sus alegaciones que la diferenciación de un tramo de edad en parte del sector constituye una «violación» de la Ley General de Subvenciones, que habla de «objetividad, igualdad y no discriminación».

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