La Audiencia ordena reabrir la causa por el pago irregular a profesores de la concertada

Alumnas durante una clase en un centro concertado de la Comunitat. / damián torres
Alumnas durante una clase en un centro concertado de la Comunitat. / damián torres

El órgano apunta a que se aprecian indicios de criminalidad por la firma de contratos simulados pese al sobreseimiento inicial, que fue recurrido por la Abogacía

J. BATISTA/E. P. VALENCIA.

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir la investigación por presuntos pagos irregulares de la Conselleria de Educación, en la etapa popular, a los coordinadores de programas de formación de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), una de las patronales de escuelas concertadas y privadas.

Estos profesionales se encargaban de los cursos destinados a docentes de escuelas asociadas en arreglo a un convenio con el departamento que a partir de 2009 no se renovó oficialmente pero sí se deslizó su continuidad, según ha defendido en los últimos años la entidad. La causa deberá determinar si estas personas, llamadas liberados patronales en asimilación a la figura sindical, habrían cobrado nóminas propias de un profesor a través del sistema de pago habitual del concierto pese a no asumir una labor docente en sus centros, y si esta práctica es constitutiva de delito.

En una resolución a la que ayer tuvo acceso Europa Press la Audiencia acepta el recurso interpuesto por la Abogacía de la Generalitat contra el sobreseimiento provisional dictado por el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, archivo que también solicitó el fiscal.

Todo partió de una denuncia de Compromís que derivó en la presentación de otra por parte del Ministerio Público. En el procedimiento figuraba como investigado el actual presidente de Feceval, José Manuel Boquet. En declaraciones a LAS PROVINCIAS, fuentes de la organización mostraron su tranquilidad recordando que la primera decisión judicial sirvió para aclarar la situación. Entonces el juez consideró que existía un contrato laboral «válido» -no simulado- con todas las consecuencias y efectos entre el centro escolar y los profesionales citados, aunque los servicios se prestasen en la federación. De hecho alegaba que en cualquier momento podían ser llamados a desempeñar su labor en las escuelas. Del caso se derivaron dos piezas: la de los llamados liberados, ahora reabierta, y otra vinculada a supuestos pagos en exceso a centros concertados que sí ha quedado completamente cerrada.

En la fase de instrucción el fiscal pidió el sobreseimiento provisional pero reclamaba deducción de testimonio y remisión al Tribunal de Cuentas. Es decir, marcaba el camino para una supuesta reclamación contable por una mala praxis administrativa. Esto podría haber supuesto, incluso, que la federación tuviera que responder por las nóminas percibidas por los formadores en caso de fallo contrario a sus intereses. Pero la Abogacía se opuso a cerrar la vía penal al creer que los hechos podían ser constitutivos de estafa, malversación, falsedad documental o fraude de subvenciones. El letrado de la Generalitat alegaba que se habían rebasado los límites del convenio y que se simuló la contratación de profesores para realizar trabajos en Feceval.

La Audiencia ordena retomar la investigación al apreciar «indicios objetivos de criminalidad derivados de haber firmado contratos simulados con cinco personas muy vinculadas a Feceval para así permitirles trabajar como empleados de dicha entidad, pero cobrando con cargo al erario público, sin que por ahora haya quedado justificado de un modo mínimamente convincente, al menos a nivel indiciario, que esas personas realizaron la actividad laboral explicitada en los contratos, que era el desarrollo de tareas de organización y coordinación de formación del profesorado».

En la misma línea, se insiste en que «concurren indicios objetivos de criminalidad contra quienes eran responsables de Feceval al tiempo de los hechos, siendo uno de ellos José Manuel Boquet, que ya declaró en calidad de investigado, si bien habrá que determinar si algún otro ostentaba tal responsabilidad en la entidad entre los años 2009-2014».

¿Más investigados?

Esto implica que el presidente y la federación continúan investigados. Pero además la Audiencia señala que «cabe apreciar indicios de criminalidad en quienes estaban al frente del Servicio de Formación al Profesorado y del Servicio de Centros Privados Concertados y Centros Privados de la conselleria al tiempo de producirse la prorrogación sin cobertura legal de los contratos simulados de referencia (de 2009 a 2014) sin que se justificaran detalladamente los trabajos realizados por las cinco personas empleadas en Feceval durante ese lapso temporal».

Durante la investigación se remitió al juzgado un informe de la Intervención de la Generalitat que sostenía que los «pagos indebidos» en relación a los coordinadores de formación ascendían a 400.000 euros entre 2010 y 2014. También se contextualizaba el polémico convenio del que se ha derivado todo el caso. Entre 1990 y 2003 la Generalitat suscribió acuerdos con dos entidades que agrupan a centros privados y concertados para colaborar en tareas formativas, tomando el relevo del convenio estatal existente hasta la fecha. En años sucesivos se firmaron adendas, pero el informe señalaba que a partir de 2009 no se preveían nuevas prórrogas tácitas, de ahí que se considere que desde 2010 no existiera soporte legal.

Más

Fotos

Vídeos