150 asociaciones de mujeres denuncian la difusión de datos de la víctima de 'la Manada'

Las mujeres que han presentado la denuncia, ayer, en la Ciudad de la Justicia. / EFE/ Kai Forsterling
Las mujeres que han presentado la denuncia, ayer, en la Ciudad de la Justicia. / EFE/ Kai Forsterling

Los colectivos piden en Valencia que la Fiscalía General del Estado investigue la filtración de información de la joven que sufrió abusos sexuales en Pamplona

I. DOMINGO

valencia. «Las mujeres estamos aquí y no nos vamos a callar, no podemos quedarnos quietas ante esta situación». Quien así habla es la abogada Herminia Royo, encargada de dar voz a las cerca de 150 organizaciones de mujeres que ayer denunciaron la revelación de datos personales de la víctima de 'la Manada'. Y lo hicieron en Valencia, ante la sección especializada en criminalidad informática de la Fiscalía Provincial para que ésta, a su vez, dé traslado a la Fiscalía General del Estado en Madrid, ya que algunas webs que publicaron esa información tienen sus servidores en Estados Unidos y un medio es de Cartagena.

El objetivo es, según explicó Royo, que se investigue la filtración de los datos personales de la joven que sufrió abusos sexuales en los Sanfermines de Pamplona y, al mismo tiempo, que se depuren responsabilidades con las personas y los medios de comunicación y foros de internet que los han publicado. Es decir, «que se averigüe de dónde sale la filtración de la información personal de la víctima y que se persiga a quienes se han hecho eco de todos esos datos», comentó la abogada de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Valencia, entidad que ha presentado la denuncia.

Iniciativa desde Sagunto

Las organizaciones piden depurar responsabilidades con las personas y medios que los han publicado

Promovida por el colectivo Alerta Feminista, la iniciativa de acudir a los tribunales partió de una activista de Puerto Sagunto que decidió «actuar ante el trato denigrante hacia la joven y hacia todas las mujeres y contactó con la asociación», detalló Herminia Royo.

En este sentido, la fotoperiodista Raquel Gaspar -que firma la denuncia- recordó que en apenas unos días más de un centenar de colectivos se sumaron al objetivo de interpelar a la Fiscalía General del Estado para que tome medidas cautelares con los medios. Y las adhesiones siguen llegando.

También se pretende que se depuren responsabilidades en la propia justicia, en concreto en la Audiencia Provincial de Navarra, al no haber custodiado correctamente los datos personales y haber incluido en la sentencia el código de verificación que permitía el acceso a esa información. «La administración tiene el deber de protección y no cumplir con su responsabilidad convierte a la víctima en doblemente vulnerable», indicaron desde las asociaciones.

Las denunciantes han recopilado pruebas documentales y gráficas y han elaborado un listado de páginas webs, foros y perfiles de redes sociales para exigir el inicio de la investigación judicial. Asociaciones y plataformas de mujeres, colectivos por la igualdad, sindicatos o partidos políticos respaldan la decisión adoptada por Alerta Feminista y la Asociación de Mujeres Separadas.

El objetivo es «mostrar nuestra fuerza y decirle al patriarcado que no estamos dispuestas a tolerar estas conductas», ya que el artículo 198 del Código Penal establece penas de hasta siete años de cárcel para los responsables de filtraciones, recordó la abogada Royo. También hizo hincapié en que «la primavera morada comenzó el 8 de marzo y seguimos con la revolución. Estamos en la calle para reflejar que hubo un punto de inflexión y que las mujeres ya no nos vamos a callar».

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