Los apartamentos ilegales se disparan y afloran casi medio centenar al día

En total, según los datos proporcionados ayer por la citada agencia, en los cuatro últimos años han regularizado su situación algo más de 38.000 alojamientos turísticos clandestinos, es decir, que no estaban debidamente registrados y no siempre cumplían con los requisitos que marca la normativa autonómica para poder ofertarse como tal (accesibilidad, seguridad, habitabilidad, prevención y protección contra incendios, etc.). Alicante es, con diferencia, la provincia en la que más apartamentos ilegales han salido a la luz con cerca de 23.000 en estos tres años. Valencia, con algo menos de 8.000 y Castellón, con unas 7.500, completan la bolsa de viviendas turísticas regularizadas.

En esta guerra contra el alojamiento ilegal también se han abierto hasta 13 expedientes sancionadores a grandes plataformas de internet que publicitan apartamentos sin la necesidad de que aporten el número de registro, de ahí que la Generalitat no tenga garantías de que cumplen con la normativa turística. Uno de estos portales recurrió judicialmente la sanción y los tribunales han dado la razón al Consell en sus exigencias, de ahí que probablemente el resto de recursos interpuestos por estas compañías caigan en saco roto. Algunas de ellas, como precisó el secretario autonómico, aceptaron las condiciones del Gobierno valenciano y han comenzado ya a exigir el número de registro a sus anunciantes.

Sin embargo, y pese a los buenos resultados, todavía queda camino por recorrer, de ahí que la Agencia Valenciana de Turismo haya activado distintos mecanismos para seguir atajando esta problemática que preocupa seriamente al sector legalmente establecido. En esta línea, Colomer anunció que en breve el departamento va a impulsar un concurso «para buscar una asistencia que complemente la actividad de inspección»; una empresa que se encargue de «chequear el cumplimiento de la oferta alojativa que se da de alta en el registro».

El objetivo es que la adjudicataria del servicio pueda vigilar unos 3.000 apartamentos al año para que los alojamientos dados de alta en el registro sigan cumpliendo los requisitos que marca la normativa. «Tenemos que verificar y ser más eficaces en las garantías, para que los números de registros que se hacen públicos efectivamente correspondan a la realidad», recalcó el secretario autonómico. La agencia tiene destinado en su presupuesto 55.000 euros para este concurso, cuya finalidad será la revisión de la situación y estado de las viviendas inscritas en los últimos cuatro años en el registro.

Por otra parte, también se ha elaborado una nueva guía informativa para titulares de viviendas turísticas para dar a conocer la regulación jurídica existente para este tipo de alojamiento y facilitar su cumplimiento. Se trata de una nueva publicación realizada en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas para «estrechar el cerco» y «combatir la picaresca».

Además, el secretario autonómico anunció una nueva línea de ayudas para campañas contra el intrusismo dirigida a asociaciones y empresas turísticas, dotada con 660.000 euros de presupuesto. La convocatoria, según avanzó Colomer, será de concurrencia competitiva y el objetivo será «divulgar, concienciar y mejorar la campaña contra el intrusismo profesional».

El secretario autonómico proporcionó ayer esta información después de presidir la reunión de la Comisión sobre Intrusismo, en la que participan tanto representantes de la Federación de Municipios y Provincias como del sector turístico (campings, apartamentos legales, hoteles, agencias de viajes, hosteleros, etc.) y hasta asociaciones de consumidores.