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ARTURO CHECA
Domingo, 28 de mayo 2017, 01:31
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El cierre del centro de menores de Segorbe ordenado este mes por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se basa en malos tratos a los niños del centro en forma de comida caducada, duchas frías, instalaciones en deficiente estado y existencia de unos supuestos abusos sexuales detectados este año, así como otros dos informes de 2010 y 2014 en los que se señalaban conductas inapropiadas de un empleado de colegio de las Hermanas Terciarias Capuchinas hacia las internas. Pero los informes de la Dirección Territorial del Menor con que Mónica Oltra respalda su decisión contrastan con la actividad de los últimos años de la Fiscalía de Menores de Castellón. Y sobre todo chocan con el resultado de las inspecciones de este órgano, el encargado de velar por el interés de los adolescentes tutelados por la Generalitat. Según las actas a las que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, durante cuatro años de inspecciones ordinarias, la Fiscalía no halló ni uno sólo de estos signos de alarma.
Todo lo contrario. «Las instalaciones del centro son suficientes y adecuadas y se encuentran en perfecto estado de conservación e higiene, teniendo amplios espacios de esparcimiento (patios y terrazas) y zonas para entretenimiento y juegos de los menores, zonas de estudio y dependencias adecuadas para educadores», es el resolutivo párrafo que incluyen las actas emitidas por la Fiscalía de Menores entre 2012 y 2015.
Entre los informes no figuran la inspección de este año, cuando se produjo el episodio de abusos sexuales (insinuaciones telefónicas y fuera del centro, según las religiosas) de un exempleado del establecimiento de Segorbe hacia una adolescente de 17 años, pero sí que aluden a 2014, año en que supuestamente se produjo otra situación violenta con el mismo trabajador, al parecer por un caso de malos tratos con su pareja, en el ámbito familiar y fuera del colegio Nuestra Señora de la Resurrección. Ese año, el informe de la inspección de la Fiscalía de Menores subraya la «inexistencia de conflictos importantes entre los menores, ni entre estos y los educadores».
Plantilla correcta
La idoneidad del personal de Segorbe y su número también han sido puestos en duda por la vicepresidenta Mónica Oltra y por algunas informaciones publicadas esta semana. Las actas de la Fiscalía echan igualmente por tierra esta crítica. Los documentos, concretamente el más reciente, fechado en mayo de 2015, dan por buena una plantilla integrada por «la directora, diez educadores, un trabajador social, una psicóloga, una cuidadora y un monitor», número de trabajadores que incluso hoy en día se ha incrementado.
La ratio de menores también es la correcta, como señalan las inspecciones del ministerio público. El número de niños en el centro incluso se ha ido reduciendo con el paso de los años. En 2015 se situaba en 24 la ocupación máxima de adolescentes que podían residir en el establecimiento de Segorbe, con 22 ingresados cuando la fiscalía visitó el centro. Antes de que la conselleria lo cerrara el pasado 9 de mayo eran 18 los niños que vivían allí.
Las Terciarias ya han anunciado que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra la clausura del centro por Igualdad y Políticas Inclusivas, así como un proceso civil para pedir el regreso de los adolescentes a las instalaciones de Segorbe.
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