Las Provincias

Generalitat y ayuntamientos exigen la gratuidad de la AP-7 al liberalizarse

María José Salvador, ayer, rodeada de los alcaldes de los municipios que atraviesa la AP-7. :: lp
María José Salvador, ayer, rodeada de los alcaldes de los municipios que atraviesa la AP-7. :: lp
  • Obras Públicas, que impulsa un frente común similar al del corredor mediterráneo, pide a Fomento que ejecute las conexiones de la autovía con los municipios

Hace apena unas semanas el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reiteraba que no se prorrogará la concesión de la autopista de peaje AP-7 a su paso por la Comunitat, que vence el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, tanto en este anuncio como en otros anteriores, De la Serna evitó pronunciarse sobre su modelo de explotación, es decir, si habrá un nuevo régimen de concesión o si será de libre tránsito.

Esto, unido a la «falta de planificación» sobre el futuro de esta infraestructura, ha llevado a la Conselleria de Obras Públicas a impulsar un frente común reivindicativo junto con los ayuntamientos afectados por la AP-7. Una iniciativa similar a la ya emprendida con el proceso de ampliación de la V-30 o con el corredor mediterráneo. De hecho, la consellera del ramo, María José Salvador, avanzó que ya se planifica una cumbre con más alcaldes y con los agentes económicos, sociales y académicos de la Comunitat «para defender la necesidad de esta infraestructura», igual que se hizo con el eje mediterráneo.

De momento, ese frente común ante el Ministerio de Fomento se escenificó ayer en una reunión que contó con la presencia de una veintena de alcaldes y representantes municipales de Algemesí, Almussafes, Altea, Alzira, Benicarló, Castelló, Cullera, Dénia, El Campello, Gandia, Gata de Gorgos, Oliva, Ondara, Sagunt, Tavernes de la Valldigna, Torreblanca, la Vall d'Uixó, Vila-real, Vinarós y Xàbia.

De allí salió una hoja de ruta con dos peticiones claras para Madrid. Por un lado, la liberalización y gratuidad de la autopista, ya que ni conselleria ni ayuntamientos contemplan la posibilidad de un peaje en sombra o una euroviñeta. «Es una infraestructura que vertebra el territorio y es necesaria», remarcó.

Por otro, la necesidad de que se ejecuten las conexiones (o peines) de los municipios con la carretera. En este caso, Salvador recordó que hay variantes de la N-332 que están planificadas pero guardadas en un cajón, por lo que ahora «serían innecesarias» si se lleva adelante la liberalización. Eso sí, las conexiones son innegociables.

Esa misma petición se puso sobre la mesa en la reunión que mantuvo la conselleria con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, además de plantear la necesidad de una comisión bilateral para abordar el tema. Sin embargo, según María José Salvador, «ante la inexistente planificación del ministerio a dos años del vencimiento de la conexión», la Generalitat se ha avanzado y ya trabaja en un plan de propuestas con los accesos, que debería ejecutar -y, por tanto, pagar- el ministerio.

Una propuesta sobre la que no avanzó necesidades de inversión ni a qué municipios afectaría aunque puntualizó que el documento «está a punto de finalizarse». Tras presentarlo a los alcaldes, se enviará al ministerio al que acusó de tener una «actitud bastante pasiva».

De hecho, en aquella reunión con Gómez-Pomar se acordó celebrar varias reuniones específicas sobre infraestructuras (Cercanías, carreteras o AP-7) sin que, por el momento, se haya fijado fecha. Tampoco se celebró el encuentro previsto a finales de abril entre el presidente Ximo Puig y el ministro, donde se abordarían las reivindicaciones incluidas en la Agenda Valenciana de Infraestructuras, presentada en diciembre.

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