Los contratistas de la Comunitat Valenciana reclaman a Fomento 3.761 millones en inversiones urgentes

Más de 800 proyectos prioritarios de infraestructuras con 103.780 millones de euros de inversión que generarían 994.120 empleos. Son las principales cifras de un informe elaborado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) en el que ha colaborado la Cámara de Contratistas de la Comunitat para identificar las obras urgentes en tierras valencianas para el periodo 2017-2021.

En concreto, los contratistas piden al Ministerio de Fomento 3.761 millones en inversiones en carreteras y en ferrocarril, a los que habría que sumar otros 1.434 para el desarrollo de 67 actuaciones relacionadas con el agua, como abastecimiento, conducciones, depuración o estaciones de bombeo.

Son, como recordó el director-gerente de la Cámara, Manuel Miñés, «obras prioritarias en el corto plazo», de ahí que no estén contempladas todas las acciones reclamadas por los empresarios e, incluso, por la Generalitat a través de la Agenda Valenciana de Infraestructuras. Además, sólo se han incluido aquellas que requieren una inversión superior a los 25 millones.

En el caso de las carreteras, por ejemplo, la Comunitat necesitaría 512 millones para siete actuaciones, entre ellas el acceso sur a Oliva, del que hace unos días la Delegación del Gobierno en la Comunitat informaba del visto bueno del Ministerio del Medio Ambiente a un proyecto que permitirá sacar el tráfico pesado de este municipio.

El listado también incluye el acceso al aeropuerto de Alicante, el tercer carril de la A-7 en Crevillent, el nuevo trazado en el puerto de Querol (cuyas obras se adjudicaron justo un día antes de la presentación oficial del documento) o la duplicación del by-pass, un proyecto anunciado en 2009 que Fomento recuperó en 2014 y del que no se ha producido ningún avance administrativo tras el periodo de exposición pública y alegaciones.

Una de las diferencias de este informe respecto a otros documentos es la incorporación de valores como el ahorro del tiempo, cifrado en costes económicos, que tendría la ejecución de cada proyecto. Así, por ejemplo, uno de los tramos del by-pass que se ampliarían -el comprendido entre la CV-32 (carretera de la Gombalda) con la CV-35 implicaría un ahorro de 13,53 millones anuales.

Y no figura ningún proyecto de la administración autonómica «porque no hay ningún proyecto redactado listo para licitar en la Conselleria de Obras Públicas», resaltó Miñés, quien abogó por «volver a la colaboración público-privada para recuperar el nivel de inversión en obras públicas». El informe está en manos del ministro Íñigo de la Serna, quien, durante la presentación, remarcó la necesidad de alcanzar un acuerdo político que fije los criterios para definir cuáles son las prioridades de España en términos de transporte e infraestructuras.

Junto a las carreteras se incluyen también las necesidades en ferrocarril, tanto alta velocidad (la partida menor) como convencional, mercancías o metro y tranvía. Para la Comunitat la asignación debería ascender a 3.249 millones en ferrocarril distribuidos en 22 actuaciones, de las que nueve son del Estado (1.741 millones) y 13 (1.508 millones, sobre todo en obras de la red de Metrovalencia y TRAM) de la Generalitat.

En el caso de Cercanías, los empresarios reclaman la ejecución de las actuaciones prometidas en el Plan 2010-2020 que no llegó a aplicarse, como las ampliaciones de la red en Castellón y Alicante, el túnel pasante o la electrificación y duplicación de la línea C-3.

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