Las Provincias

Los escollos de la hoja de ruta de Vicent Marzà

Los escollos de la hoja de ruta de Vicent Marzà
/ JESÚS SIGNES
  • La presión de los padres, la ofensiva judicial contra las medidas más polémicas, los reparos del Gobierno y la falta de fondo lastran los intentos del conseller de imponer su modelo educativo

En los pasillos de la conselleria se ha llegado a escuchar que la renovación de los conciertos de Bachillerato ha supuesto una lucha de pesos entre Compromís y PSPV. El primer partido, el del conseller Marzà, veía con buenos ojos una propuesta restrictiva, que multiplicaba las líneas a eliminar. El segundo, mayoritario en el Consell y el del secretario autonómico Miguel Soler, abogaba por la mano izquierda: reducción menor y negociada con el sector que, más allá de los quebrantos que causará a las familias afectadas, no dé la excusa al sector para tomar las calles, como sucedió hace un año. Esta ha sido la opción que se ha impuesto.

El cotilleo, que gana credibilidad cuando desde las patronales se valora el trabajo de planificación realizado y se habla de ajuste «suave», ejemplifica una dinámica que ya se ha vivido en la sede de Campanar. Aunque el modelo educativo del conseller coge forma, los pasos dados no han estado exentos de escollos o presiones, sean internas -de sus socios- o externas. Por ejemplo, mediante protestas, ofensivas judiciales o advertencias del Gobierno. Sin olvidar el condicionante de la financiación, que ralentiza algunos de los grandes planes. La prueba del algodón, de la diferencia entre lo anunciado y la realidad, se obtiene analizando algunas de las promesas más contundentes que plasmó Compromís en su programa de 2015. También se observa al estudiar cómo se han impulsado medidas que se prevé matizar en próximos meses.

El tratamiento de la educación concertada es el mejor ejemplo. Los nacionalistas anunciaban un planteamiento extremo: supresión progresiva del Bachillerato y la FP, pero tras la negociación con las patronales el balance de la renovación es el siguiente: se ofertarán 31 aulas menos de 1º y el curso que viene desaparecerán las de 2º, el 14% de las que funcionan hoy. A este ritmo, para la desaparición progresiva -que obligaría a una ingente inversión para dar cabida al alumnado en la red pública- se necesitarán varias legislaturas. Por lo que respecta a la FP, el curso que viene siguen casi todos los ciclos y crecen las aulas de la Básica, que es etapa obligatoria.

La explicación de esta situación está en el tira y afloja con parte de los representantes del sector, que ha permitido, por ejemplo, sacar del ajuste a la mayoría de los centros con una única línea de Bachillerato. Si se hubiera procedido como el curso pasado, sin reuniones y sin apenas contrapartidas -en este proceso también se aumentan las aulas de refuerzo- habría existido mucha mayor contestación social, tal y como aseguran varios pesos pesados de la enseñanza concertada.

El mejor ejemplo de que el Consell tomó nota de las movilizaciones fue el arreglo escolar de 2016. La propuesta inicial, restrictiva, se matizó varias veces mientras se sucedían las protestas multitudinarias. Al final, sumando el balance de aulas suprimidas y creadas en todas las etapas el resultado fue neutro. Un equilibrio que por cierto fue esgrimido por el Consell para defender la planificación realizada.

2017 también ha servido para conocer al detalle el modelo lingüístico, que en septiembre llega a Infantil. En el programa Compromís abogaba por la inmersión, y aunque el conseller defiende la idoneidad de los programas en valenciano, en el decreto se mantiene la posibilidad de formarse con el castellano como lengua base e incluso hay modalidades intermedias donde el peso de las lenguas se equilibra. Eso sí, los alumnos que estudien en valenciano tendrán ventajas. Marzà considera que los niveles básicos, los de castellano, no son adecuados para el domino de las lenguas, si bien se justifica el modelo en que responde a la realidad de la Comunitat. Hasta el Stepv y Escola cuestionaron la decisión por quedarse corta.

El rechazo al diferente trato para el alumnado se ha materializado en los tribunales con nueve recursos promovidos por sindicatos, partidos, federaciones de padres y plataformas ciudadanas. También el ministerio ha terciado pidiendo aclaraciones. Sólo tras este paso la conselleria matizó algunos aspectos: en una orden posterior se aclarará cómo los alumnos de castellano pueden tener certificados oficiales en inglés (automáticos para los niveles avanzados de valenciano), cómo los colegios podrán aumentar la exposición al idioma con horas de libre disposición, pues hay más carga de inglés en las modalidades citadas, sin olvidar que se pedirá que los centros de valenciano se aseguren de dar una área troncal en castellano para cumplir la Lomce.

Resultados

Pese a los matices, igual que sucede con el tratamiento de la red concertada, que se estanca en alumnado frente al crecimiento de la pública -ganó más de 400 aulas-, la política lingüística ha dado frutos. El curso que viene el 54% de los colegios aplicará niveles avanzados de valenciano para todo su alumnado y sólo un 16% se mantendrá en los básicos de castellano (algo más de 200). En la actualidad en la mayoría -909- se puede estudiar en la lengua de Cervantes, bien por ser el programa imperante o por convivir con el de valenciano por la doble línea, que desaparece. Entidades contrarias al modelo alegan que el cambio se debe a la vinculación entre el valenciano y el inglés y alertan de que está diseñado para que los colegios apuesten por la lengua propia en próximos cursos, pues habrá más recursos para ellos.

Otro obstáculo que ha lastrado la hoja de ruta de Marzà ha sido la infrafinanciación de la Comunitat. Y ha afectado a aspectos sensibles como la bajada de las ratios, la eliminación de barracones o la financiación universitaria. En cuanto al máximo de alumnos por aula, la reducción generalizada anunciada en la campaña tras la subida de 2012 se ha transformado en progresiva, hasta el punto de que habrá que esperar al 2024-2025 para que todos los cursos de todas las etapas vuelvan a la situación anterior.

En el capítulo de infraestructuras, se ha anunciado el necesario objetivo de eliminar los barracones. A la elevada inversión que se precisa (también de personal técnico) se suman las dificultades administrativas y, según conselleria, la escasa planificación heredada del PP. De los plazos anunciados en 2016 hay varios incumplimientos.

En cuanto a universidades, la mejora de la aportación ordinaria queda aparcada a la espera del cambio en la financiación. Lo mismo pasa con las tasas, que siguen en el nivel más alto desde que hay grados. Cuando gobernaba el PP esto provocaba el abandono de muchos alumnos, según el programa de Compromís. La alternativa ha sido aumentar las becas y crear nuevas modalidades. La reducción progresiva prometida sigue sin conocerse.

Otra medida que se matizará en los próximos meses es la regulación de la jornada continua, muy criticada por Ampas y la patronal de empresas de extraescolares Pavaex al impedirse la programación de estas entre el comedor y las 17 horas. Tras dos procesos de cambio y con la mitad de los centros públicos con horario intensivo, se han anunciado cambios. Sólo ha trascendido que los colegios donde se votó en contra no podrán pedirla hasta pasados tres cursos. Pavaex y las Ampas de la Gabriel Miró de Alicante reclaman que se permita «elegir en libertad» las actividades de los hijos.

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