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La Comunitat cuenta  con 400.000 viviendas  sin red de alcantarillado

La Comunitat cuenta con 400.000 viviendas sin red de alcantarillado

La modificación de la ley urbanística, que el Consell aprobará el viernes, permitirá regularizar las casas aisladas y sin licencia

ISABEL DOMINGO

Sábado, 29 de abril 2017, 23:51

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«Suturar la herida que existe en nuestro territorio a causa del urbanismo en B». Es el gráfico resumen que ayer realizó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que ha preparado la Conselleria de Obras Públicas y que se aprobará este viernes en el pleno del Consell.

Una modificación urbanística -la tercera en dos décadas- que persigue otorgar «más seguridad jurídica, rigor y transparencia» al territorio, acabar con la especulación «y dar solución a la realidad que hay», como las 400.000 viviendas sin alcantarillado que existen en la Comunitat y que se encuentran diseminadas por los municipios o en urbanizaciones inacabadas.

Precisamente la modificación de la LOTUP permitirá regularizar la situación de estas edificaciones que, en la mayoría de casos, se construyeron en suelos no urbanizables o protegidos por valores ambientales, es decir, que carecen de licencia. Según avanzó la consellera María José Salvador, se contempla «una obligación de minimización del impacto ambiental y paisajístico y de dotación de sistemas de evacuación de aguas». Se podrá realizar de forma individual y no a través de un plan especial como hasta ahora, lo que implicaba agrupar varias casas.

Así, el cumplimiento de estos requisitos permitirá la regularización de las viviendas al tiempo que se dará «seguridad jurídica a las familias y beneficios ambientales para la sociedad y el medio ambiente». Posibilitará, además, que la conselleria cuente con un mapa más detallado de las edificaciones dispersas, ya que el número podría ser superior a las 400.000 apuntadas.

Supresión de las ATE

La renovación de un centenar de artículos de la LOTUP, que impulsó el PP hace ahora tres años, incluye otras cinco medidas destacadas, como la supresión de la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) por la de los Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES). Según Puig, «las ATE eran soluciones rápidas para grandes inversiones económicas que han resultado un fracaso». Ahora el Consell plantea una figura «para favorecer la inversión desde el consenso y el interés general».

También figura la limitación del papel de los promotores, que ya no podrán proponer reclasificaciones de suelo no urbanizable a urbanizable, por lo que se reforzará la gestión directa de las administraciones, especialmente de los ayuntamientos. Fue en este punto donde Salvador, que estuvo acompañada por los directores generales de Vivienda, Rebeca Torró, y Ordenación del Territorio, Lluis Ferrando, apuntó que existen actualmente 105 millones de metros cuadrados reclasificados al margen de los planes generales.

Pero los promotores verán reforzado su papel de agentes rehabilitadores, aspecto que ya contemplaba la LOTUP pero que no se había desarrollado. Así, «se posibilitará la edificación de solares o zonas degradadas siempre bajo control público y dentro del interés general». En este sentido, un ayuntamiento podrá establecer una zona prioritaria para que las empresas actúen sobre solares que no son de su propiedad si el dueño los mantiene en estado de abandono.

El objetivo es, como recordó la consellera, «recuperar los espacios degradados de la ciudad». Pero ese espíritu se extenderá también a los pequeños municipios y a los rurales, donde será más flexible la obligación de ceder suelos para parques o jardines o se compensará con futuras actuaciones.

Acabar con PAIs fantasma

La normativa, que incorpora por primera vez la perspectiva de género en el marco jurídico, incorpora soluciones para los PAIs fantasma, aquellos paralizados tras el boom inmobiliario. Por un lado, aquellas actuaciones urbanísticas que tienen posibilidades de desarrollo en un futuro podrán dividirse en unidades más pequeñas y y ejecutarse en un plazo de diez años. «Se posibilita la entrada de pequeñas y medianas empresas», dijo Salvador.

Para aquellos PAI «antieconómicos y reversibles» se plantea la reparcelación inversa para reducir las cargas urbanas y fiscales de los propietarios, es decir, que el suelo vuelva a su situación inicial. Serán los ayuntamientos quienes decidan la fórmula que escogen.

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